Tegucigalpa. El Consejo de la Judicatura resolvió en sesión citar a audiencia de descargo a María Elena Fonseca Cruz, jueza de Ejecución de Trujillo, Colón, por liberar al presunto narcotraficante Adán Montes Bobadilla.
Haber emitido la carta de libertad provisional le costó la suspensión a la togada, quien ayer se negó a dar declaraciones a LA PRENSA cuando se le consultó sobre su caso.
“Estoy preparando un informe, las pruebas, para hablar sobre este asunto, hasta en ese momento voy a dar entrevistas” dijo Fonseca.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió a Trujillo a inspectores de Tribunales para que hicieran las diligencias investigativas y emitieran un comunicado sobre el caso.
“Se le envió notificación (a la jueza) para que se presente de inmediato a la Dirección de Personal en Tegucigalpa para que a través de la correspondiente audiencia de descargo haga uso de su derecho a la defensa”, cita el comunicado.
Se prevé que la audiencia se desarrolle el próximo viernes.
La investigación
El desplazamiento de los inspectores de Tribunales fue ordenado por el Consejo de la Judicatura debido a la orden de desinternamiento que se libró a favor del recluso Montes Bobadilla acusado por diversos delitos ligados a la actividad criminal organizada.
Las instrucciones fueron claras: iniciar la investigación y el procedimiento disciplinario contemplado en la normativa interna de la CSJ.
El proceso disciplinario indica que la jueza podría ser despedida del cargo, en caso de que en dicha audiencia no acredite evidencias a su favor que sustente la emisión de la carta de libertad bajo parámetros legales.
En el Consejo de la Judicatura se sostiene que su accionar se enmarca en el debido proceso, en aras de transparentar el servicio de administración de justicia.
En relación con este caso, en el año 2004 el Poder Judicial resolvió separar del cargo al juez Roy Umaña, por supuestamente facilitar la fuga de Montes Bobadilla al excarcelarlo y decretarle la medida cautelar de arresto domiciliario.
El sábado 16 de noviembre, la jueza le otorgó a Montes Bobadilla la carta de libertad provisional argumentando un “desinternamiento por enfermedad del aparato digestivo”. Salió en libertad pese a que estaba acusado de tráfico ilícito de drogas y por asesinato en perjuicio de dos policías penitenciarios.
