Suspenden audiencia contra dos exgerentes de la ENP

En el proceso, los acusados cumplen medidas sustitutivas a la prisión mientras se desarrolla el caso.

La Fiscalía sostiene que en la ENP se pagaron trabajos de limpieza que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía sostiene que en la ENP se pagaron trabajos de limpieza que nunca se ejecutaron.

San Pedro Sula, Honduras.

Por irregularidades en la ejecución de proyectos y pagos de obras que no se ejecutaron son parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de dos exgerentes y exfuncionarios de la Empresa Nacional Portuaria.

La Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción acusó a los exgerentes Iván Gustavo Matute Gómez por abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude; al también extitular de la Portuaria Maynor Humberto Pinto Valle, por abuso de autoridad.

El Ministerio Público también acusa a Óscar Antonio Artiga Orellana, Arturo Efraín Chinchilla Castro, Juan Antonio Escobar Figueroa y José Francisco Gámez Rendón por abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude. Ayer los fiscales y jueces estaban listos para la audiencia inicial, pero se suspendió porque uno de los defensores renunció, por lo que fue reprogramada.

Según los hechos planteados por el MP, exfuncionarios de la ENP fragmentaron el objeto y la ejecución de un proyecto al transformar en pequeños proyectos una obra que debieron hacer en uno solo, tal como lo establece la Ley de Contratación del Estado.

Los pequeños proyectos que también sobrepasaban los valores por los que debieron licitar fueron adjudicados por la simple selección de tres cotizaciones ejecutados en cortos períodos, según indica el requerimiento expuesto ayer ante el juez de lo penal.

Además señala que el 28 de enero de 2010 se emitieron dos pagos por medio de transferencias por un servicio de limpieza dentro de la ENP con un valor de 276,300 lempiras. Según la Fiscalía, se hizo el pago por el mismo concepto a dos personas diferentes que nunca hicieron los trabajos de limpiezas. Los fiscales alegan que hubo falsificación de documentos, lo cual probarán con documentos, así como con dictámenes hechos de los proyectos que se fragmentaron para evitar licitaciones.

La Prensa