Micros y pequeños empresarios de San Pedro Sula protestaron la tarde de este miércoles frente al palacio municipal exigiendo al alcalde Roberto Contreras el cumplimiento de la Ley 145-2018 que exonera del pago de impuestos por cinco años a los mipymes que se adhirieron antes de noviembre de 2021.
Por segundo día consecutivo, miembros de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), le exigen al alcalde los escuche, ya que de acuerdo a su presidenta, Esperanza Escobar, han solicitado en reiteradas ocasiones una cita con el alcalde pero no han tenido respuestas.
Ayer, martes, se presentaron en un evento en donde estaba invitado Contreras y pidieron les escuchara pero él les respondió que no era el momento.
“No hemos logrado reunirnos con él (alcalde), nosotros no le estamos pidiendo nada, esa es una ley, solo debe cumplirse”, aseveró Escobar, quien detalló que al menos 800 mipymes han migrado de San Pedro Sula a otros municipios porque se les ha negado el permiso de operación.
Destacó que lejos de incentivar la legalización de las empresas, muchas prefieren seguir en la informalidad.
El decreto 145-2018 con vigencia por cinco años desde su entrada en vigor en noviembre de 2018 detalla que los micros, pequeños y medianos empresarios que se adhirieron a la ley deben estar exentos del impuesto personal y del impuesto sobre industria, comercio y servicios de las municipalidades, los permisos de operación, construcción, autorizaciones y licencias ambientales.
También se exime del cargo por registro de cualquier tipo que se tramite ante el Gobierno y municipalidades.
El artículo 7 del mismo decreto indica que los beneficiarios de la ley durante un período de tres años, mismo que podrá ser prorrogable por dos años a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico, deben estar exentos del pago por concepto de tasas registrales relacionadas con el acto de constitución de la empresa, tasas municipales, cobro por cargos para la emisión de actos administrativos, licencias u otros conceptos necesarios para su operación que deban realizarse a instituciones públicas.
