Representantes del sector taxi de la capital industrial anunciaron sumarse a un plantón en Casa Presidencial debido al reiterado incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno central y del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
Los transportistas anunciaron que las movilizaciones podrían iniciar en los próximos días y afectarían significativamente la movilidad urbana en distintos puntos del país.
Según datos oficiales, más de 5,000 unidades de taxi están registradas legalmente ante el IHTT en San Pedro Sula. Sin embargo, líderes gremiales denuncian que cerca de 2,000 operan sin autorización como "taxis VIP", vehículos privados o bajo aplicaciones móviles, sin cumplir con los requisitos de concesión ni el pago de impuestos.
Elio Muñoz, presidente noroccidental de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish), declaró que la situación se ha vuelto insostenible. “Estamos cansados de los aumentos constantes en el precio de los combustibles, la inseguridad por extorsiones y la competencia desleal de unidades ilegales que no cumplen con ninguna regulación”.
Muñoz señaló que incluso taxistas legalmente registrados están optando por abandonar el sistema regulado y operar como informales, debido a los menores costos operativos y la falta de fiscalización estatal.
Alfredo Cerros, delegado regional del IHTT en la zona norte, reconoció que la institución no tiene registro sobre las unidades que operan fuera del marco legal. “Sabemos que hay muchas unidades trabajando sin concesión. La ley no reconoce el servicio de taxi VIP. Nosotros solo regulamos el transporte autorizado”, indicó.
Cerros también admitió que algunas concesiones han sido mal utilizadas, ya que hay propietarios que alquilan sus números a terceros, lo cual constituye una irregularidad. “Cuando se reciben denuncias, se da seguimiento, especialmente en fechas de alta demanda como feriados o eventos nacionales”, agregó.
Deuda pendiente con el sector
A pesar de reuniones sostenidas con el IHTT y la presentación de propuestas ante la Casa Presidencial desde 2023, los líderes del sector aseguran que no se ha cumplido con ningún compromiso.
Entre las promesas pendientes están los subsidios al combustible, mecanismos de control para taxis ilegales, renovación del parque vehicular y medidas de seguridad contra el crimen organizado.
Además, el Gobierno ha propuesto un decreto para que las unidades antiguas puedan seguir operando siempre que estén en buen estado, como una vía para facilitar la renovación de concesiones, pero la medida no ha sido implementada formalmente.
La paralización del servicio de taxis podría tener un fuerte impacto en la movilidad de San Pedro Sula, especialmente en zonas donde no opera el transporte urbano formal, como bulevares, colonias residenciales y sectores periféricos. También se teme una posible escalada si otros sectores del transporte, como buses urbanos e interurbanos, deciden sumarse al paro
"Alejandro Martínez, propietario de taxis, señaló que este conflicto ocurre en un contexto de débil institucionalidad y corrupción estructural.
Según indicó, las denuncias apuntan a prácticas como la clonación de concesiones, la falsificación de permisos y la asignación opaca de rutas. Aunque el sistema de transporte formal cuenta con regulaciones, carece de la capacidad necesaria para fiscalizar de manera eficaz, lo que ha permitido el crecimiento descontrolado del transporte ilegal.
Los taxistas legalmente registrados en San Pedro Sula enfrentan una creciente presión económica y operativa. Han agotado los canales institucionales y, al no ver soluciones concretas, han optado por medidas de presión que podrían paralizar buena parte de la ciudad.
Si el Gobierno no actúa con prontitud, con acciones firmes de fiscalización, control institucional y apoyo económico, el conflicto podría escalar a nivel nacional, afectando no solo al transporte, sino también a la economía urbana en general.
