San Pedro Sula, Cortés. Pensionados y jubilados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) protestaron este miércoles para exigir explicaciones sobre una inversión de L900 millones, cuya aprobación cuestionan por los riesgos financieros y la falta de transparencia que, según denuncian, rodearon la decisión.
Los manifestantes solicitaron a las autoridades de la institución y a su Junta Directiva un informe detallado sobre la operación, sus condiciones financieras y los beneficios que generaría para los afiliados activos, jubilados y pensionados.
Marco Antonio López, abogado y representante de los jubilados que participaron en la protesta, cuestionó que los fondos previsionales se destinen a una inversión que considera de alto riesgo, en lugar de orientarse a proyectos que beneficien directamente a los cotizantes.
"Nosotros recomendamos que estas inversiones deben ir dirigidas a otro rubro, como sea la construcción de vivienda, compra de terreno para los cotizantes activos que están en el sector público, que no tienen vivienda, viven alquilando, igual para los jubilados", manifestó a LA PRENSA.
López señaló que la institución cuenta con terrenos donde, a su criterio, podrían desarrollarse proyectos habitacionales para atender las necesidades de los afiliados.
También expresó preocupación por la situación financiera del Injupemp y pidió explicaciones sobre la decisión de invertir ese capital. Según dijo, los recursos podrían utilizarse para ofrecer préstamos a los jubilados y cotizantes activos.
"Le digo al señor Raúl Valladares, por favor, señor, busque asesores financieros, pero no comprometa los fondos del Injupemp para nuestros jubilados y pensionados", expresó.
Cuestionan falta de transparencia
Por su parte, Luis Chávez, vicepresidente del grupo independiente de jubilados de la zona noroccidental, afirmó que la organización emitió un comunicado para exigir a las autoridades un informe pormenorizado sobre la operación financiera.
Chávez cuestionó que la decisión se tomara sin consultar a los jubilados, pensionados y cotizantes activos, a quienes identificó como los principales interesados en el manejo de los recursos previsionales.
El dirigente indicó que en la zona norte hay aproximadamente 6,000 jubilados y pensionados, mientras que a nivel nacional la cifra ronda los 25,000, según los datos que proporcionó.
Chávez también cuestionó la información divulgada por el Injupemp sobre los beneficios de la inversión. Afirmó que la institución mencionó un rendimiento anual del 9.5%, pero, según señaló, no detalló suficientemente el costo de las acciones ni otros aspectos de la operación.
Estas afirmaciones corresponden a los representantes de los jubilados y requieren contrastarse con la información financiera oficial de la institución.
Denuncian restricciones y problemas de atención
Durante la entrevista, Chávez también denunció que al grupo independiente de jubilados de la zona noroccidental se le habría impedido utilizar las instalaciones destinadas a estas organizaciones.
El dirigente sostuvo que esa medida vulnera sus derechos y afirmó que presentaron una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Asimismo, señaló presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a servicios de atención para los adultos mayores.
Según Chávez, existe un problema con un sistema de refrigeración que, de acuerdo con su denuncia, afecta la atención de los jubilados y pensionados. Añadió que las autoridades se comprometieron a resolverlo durante octubre.
El representante advirtió que las manifestaciones continuarán si no reciben respuestas satisfactorias a sus demandas.
Los jubilados insistieron en que las autoridades deben explicar las condiciones de la inversión de L900 millones, los riesgos que implica y los beneficios previstos para los afiliados.
También reclamaron mayor transparencia en las decisiones financieras del Injupemp, al considerar que está en juego el manejo de los recursos destinados a las pensiones presentes y futuras.
