Sin fondos de Banhprovi y con nuevas condiciones por parte del Gobierno, los desarrolladores aseguran que importantes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula se quedan sin proyectos de vivienda social.
Una vivienda de clase social tiene un costo de 1.2 millones de lempiras en la actualidad, pero la Secretaría de Finanzas (Sefin) ordenó que el financiamiento para vivienda social fuera de hasta un millón de lempiras, algo que vuelve “imposible” la construcción de una casa para familias con más bajos recursos económicos.
Esta y otras condiciones impuestas por Sefin representada por el ministro Marlon Ochoa han causado inconformidad en los urbanizadores.
En septiembre de 2023 se acabaron los fondos de Banhprovi para financiamiento de viviendas y en medio de la aprobación de más fondos, la Secretaría de Finanzas sumó nuevas normativas para los redescuentos de vivienda.
La Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih) llama al ministro Marlon Ochoa a revertir esas normas impuestas para la priorización de los recursos que se trasladarán al Fondo de Inversiones del Banco Central de Honduras a Banhprovi para redescontar créditos habitacionales.
Condiciones
Entre las nuevas imposiciones de Sefin está un área mínima de construcción de 65 metros cuadrados, con estándares de acabados superiores y capacidad de cimientos y estructural para soportar un segundo nivel, sumado a las obras en infraestructura de servicios y urbanización, más los costos administrativos, ventas y financieros, todo con un valor de venta tope de L 1,000,000.
“El efecto práctico de exigir un incremento en el área mínima de una vivienda de 40 a 65 metros cuadrados con los acabados exigidos, es un incremento en el valor de la cuota entre un 40 al 50%”, indica Asuprovih en un pronunciamiento oficial.
Dato
La vivienda social tiene condiciones favorables como el 0% de prima y tasa de interés al 4%.
También se excluye de participar en el redescuento de estos recursos a las financieras, es decir los únicos intermediarios autorizados es la banca.
“Existen desarrolladores asociados con proyectos debidamente certificados por Convivienda (ahora Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos) que es la autoridad nacional en materia de vivienda social, que poseen inventarios de lotes urbanizados y viviendas terminadas y en construcción, con expedientes preaprobados por la banca, para los que es materialmente imposible adecuarse a esta nueva normativa”, indica el pronunciamiento de Asuprovih.
Ariel Santos, presidente de Asuprovih, compartió a LA PRENSA que estas nuevas normativas hacen imposible la construcción de proyectos de vivienda social en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque de por sí es difícil hacer una casa con las medidas actuales, por los requerimientos que exigen las municipalidades, sumar más metros cuadrados y los acabados que requieren los encarecen a un grado que no es viable. Además, de los altos costos de la tierra y materiales.
Santos señaló que en los últimos tres años han estado en un rango de L950,000 el costo de la vivienda social y a partir de este año, el techo para vivienda social aumentó a L1.2 millones y para clase media L2.5 millones. “Desde septiembre que se acabaron los fondos hasta ahorita ya tenemos 10 meses parados”, reprochó.
Por esta causa se han dejado de construir más de 25,000 casas que a su vez ha impactado en la disminución de cientos de puestos de trabajo.
Aunque el Gobierno daría prioridad a la vivienda social este año, con estas medidas, no quedan opciones de este tipo de proyectos.
Santos detalló que en un año lo presupuestado para financiamiento de vivienda es L8,000 millones, el 60% para vivienda social.
En San Pedro Sula solo hay unos tres proyectos de vivienda social. “Son miles los ciudadanos que esperan proyectos de vivienda social”, añadió.
Déficit
En el valle de Sula hay un déficit de más de 800,000 casas y no están surgiendo nuevas urbanizaciones.
Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), dijo que esta situación mantiene parados a los desarrolladores y que 200,000 empleos del sector construcción están en riesgo debido a esta situación.
En unas declaraciones hechas este mes, el ministro Marlon Ochoa, declaró que los desarrolladores no quieren aceptar los estándares ni las condiciones favorables de 0% prima y periodo de gracia. “Les exigimos que sean casas de bloque o ladrillos, que estén repelladas, que tengan piso de cemento y techo mínimamente de zinc, que tengan aguas negras, iluminación”.
Ochoa enfatizó que el Gobierno tiene que regular para que no se venda producto deficiente, que sean productos de calidad.
