Como un atropello ominoso e ilegal, califican los desarrolladores del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, los requerimientos fiscales con ordenes de captura que presentó el Ministerio Público en contra de empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción de la zona de reserva de El Merendón.
Nueve empresarios y exfuncionarios municipales fueron capturados ayer en San Pedro Sula, por la construcción del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, en la zona de reserva de El Merendón.
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La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
Ante esto, la empresa Inmobiliaria El Activo S. DE R.L., dueña del proyecto habitacional Prados de Jaragua y Cumbres de Jaraguá, así como la empresa Inversiones MPG S.A de C.V., dueña del proyecto Bosques de Jaraguá, sus ejecutivos y sus socios han expresado que son “objeto del atropello más ominoso e ilegal, al darse ordenes de captura amparadas en un juicio que no llena ninguno de los requisitos y procedimientos que las leyes actuales del país ofrecen a los ciudadanos en general y a los inversionistas en particular”.
El comunicado oficial continúa: “Inmobiliaria El Activo S. DE R.L., e Inversiones MPG S.A de C.V., son dos empresas netamente hondureñas, que han cumplido hasta el ultimo de los requisitos para poder operar legalmente, que cuentan con todos los permisos, estudios legales y ambientales del país.
Para saber
Los capturados fueron traslados a Tegucigalpa donde serán presentadosante los juzgados.
Este es por lo tanto un juicio sumario, que no llena ninguno de los procedimientos legales, que constituye una afrenta ominosa que ponen mal predicado no solamente a los funcionarios sino al país en general, como un Estado que no respetan las leyes ni da seguridad a sus ciudadanos e inversionistas”, indica el escrito.
Ayer, desde muy temprano por la mañana, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y del Ministerio Público (MP) se desplazaron simultáneamente a las viviendas de los empresarios y exfuncionarios para darles captura y ser trasladados a Tegucigalpa donde serán presentados ante los juzgados pertinentes.
Tienen los permisos
Clovis Duarte, uno de los representantes legal de Ciudad Jaraguá, declaró mediante conferencia de prensa que este procedimiento por parte del Ministerio Público es ilegal y arbitrario, debido a que el proyecto cuenta con todos los debidos permisos y tienen la documentación que lo comprueba, además, señaló que a lo largo de siete años, respetuosos de la ley, han presentado la documentación que a pedido el Ministerio Público.
“Tenemos los permisos municipales actualizados al 2022 del desarrollo de los proyectos Prados, Bosques y Cumbres de Jaraguá”, recalcó.
Duarte apuntó que este es “un circo mediático por parte de miembros del Ministerio Público que han ejercido una acción penal irresponsable motivada por intereses oscuros y que esta defensa luchará para determinar que tipos de intereses buscan o están detrás de esta situación.
Destacó que Ciudad Jaraguá cuenta con siete pozos y una planta de tratamiento para las aguas residuales, que cuentan con las normativas, es decir todo ha sido planeado y pensado para la calidad del proyecto.
“Queremos dejar bien claro que tenemos los permisos porque no afecta ninguna área protegida”.En su comunicado de prensa, el Ministerio Público describe al Merendón como “una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna, además de la principal fuente de agua de los sampedranos”.
Entre los requeridos se mencionan a: José Luis Gutiérrez Hermosilla, Wilfredo Umanzor Sabillón, Samuel Alexander Fajardo Escalante, Martín Ramón Galo Roldán, Santos Turcios García, Fausto Daniel Bográn Cárcamo. A ellos se les supone responsables de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y Cristy María Raudales Barahona, gerente general de DIMA, por suponerla responsables de tres delitos de abuso de autoridad.
De acuerdo a las investigaciones hechas por el MP, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al medio ambiente.
“Se logró comprobar que los funcionarios municipales incurrieron en otras acciones típicas constitutivas de delito, quienes cooperaron desde sus cargos en la División Municipal Ambiental (DIMA), autorizando los permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas”, dijo el MP.
A medida que el proyecto avanzaba, los representantes legales de las desarrolladoras del proyecto Ciudad Jaraguá continuaron con la construcción y contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto, pero esas compañías que no estaban autorizadas legalmente, agregaron los fiscales.
