San Pedro Sula, Honduras.
Los fiscales especiales contra la corrupción inspeccionaron ayer en el Registro de la Propiedad el expediente donde se encuentran los antecedentes del predio donado a los vendedores para construir el mercado periférico.
El personal del Ministerio Público llegó acompañado de los elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y también de los miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quienes permanecieron por varias horas dentro del Registro de la Propiedad en la colonia Los Castaños.
Se entrevistaron con el director de la dependencia, Luis Estrada, y recopilaron toda la información correspondiente. La acción es parte de las investigaciones que inició la Fiscalía contra la Corrupción luego de una denuncia interpuesta por un grupo de abogados por los delitos de falsificación de documentos, prevaricato y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La petición de los abogados es que se investigue a los funcionarios judiciales y municipales que intervinieron en el proceso judicial del terreno donado por el Congreso Nacional para construir el mercado.
La Fiscalía también decomisó el expediente y toda la documentación relacionada con el caso del predio en el Juzgado de Letras de lo Civil, donde se llevó a cabo el proceso judicial del deslinde y amojonamiento del terreno.
Por el caso han declarado ya en el Ministerio Público cuatro funcionarios del Juzgado de Letras de lo Civil y están pendientes funcionarios municipales entre procuradores y exprocuradores. También se citaron a los supuestos dueños del terreno a fin de tomarle la declaración sobre el caso.
La abogada Maribel Espinoza, una de las denunciantes, dijo que la Municipalidad posee una escritura pública del predio que la acredita como titular, pero otras personas tienen una derivada del deslinde y amojonamiento que se refiere a la misma localización del inmueble municipal.
“Ha habido negligencia de la alcaldía porque si la sentencia de deslinde es de 2011 no entendemos por qué no han actuado como corresponde interponiendo las acciones judiciales, ni han denunciado dicho acto ante el Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades a los funcionarios públicos que intervinieron en dicho proceso”, explicó.
Igual que Espinoza, el grupo de abogados espera que se llegue al final de las investigaciones y deduzcan responsabilidades a quién las tenga.
Explicación
En los Tribunales Civiles explicaron que cuando se solicita un deslinde y amojonamiento, este trámite de ninguna manera es para adjudicar propiedad, solamente es para delimitar el área de terreno que le pertenece a cada vecino o colindante.
Según los empleados consultados en los juzgados, los solicitantes o demandantes llevan ya sus escrituras para acreditar la propiedad, este es un derecho que tienen todo propietario o dueño de un bien, eso se encuentra plenamente establecido en el artículo 821 del Código Civil.
Los tribunales definen como deslinde determinar los linderos de un bien inmueble. La Ley otorga el derecho de demandar el deslinde como una de las consecuencias del derecho de propiedad, ya que el dueño tiene derecho de conocer la extensión y los colindantes que rodean el inmueble.
“Vinieron a revisar”
El director del Registro de la Propiedad, Luis Estrada, dijo que los fiscales hicieron una inspección a los libros referente al terreno contiguo a la gran terminal, donde se menciona que se construirá el mercado para los vendedores.
“Ellos están haciendo una inspección conforme a las denuncias que tienen referente a ese caso y es el trabajo que han realizado”. Estrada confirmó que recibió al grupo y respondió las preguntas que le hicieron con respecto al expediente.
“Le asigné un empleado del Registro de la Propiedad para que les asistiera con lo que necesitaban y la documentación necesaria”.
Explicó que esos libros que revisaron contienen los antecedentes de una propiedad, inscripciones, venta, donaciones, herencias y todo lo que tenga que ver con el tracto sucesivo de esa propiedad y que determinen lo que ocurrió.
Estrada dijo que es la primera vez que los representantes del Ministerio Público llegan a revisar ese expediente. “Nosotros resolvemos conforme a derecho y a Ley lo que representa cualquier ciudadano, nosotros no tenemos que ver con exactitud a qué terreno se refiere y tampoco somos encargados de la investigación del caso. Nosotros tenemos que revisar que conforme a nuestros antecedentes vengan las actuaciones que piden los particulares o que pide el Estado y que cumpla con los requisitos de Ley y en todo caso valernos de la fe notarial”.
