Empresarios de la zona norte conocieron este lunes los alcances de la propuesta de reforma al sector eléctrico impulsada por el Poder Ejecutivo, durante una jornada de socialización encabezada por autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
En el encuentro participaron miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), asesores y representantes del comité de energía de la institución, quienes recibieron detalles sobre los cambios que plantea la iniciativa que se espera sea presentado esta semana ante el Congreso Nacional.
En entrevista con medios de la zona norte, Guillermo Peña Panting, gerente de la Enee, destacó que la iniciativa está basada en seis principios orientados a fortalecer la transparencia, la equidad, la solvencia financiera y la institucionalidad del sector.
Según indicó, la reforma busca establecer una hoja de ruta que permita corregir y crear condiciones más favorables para el desarrollo energético del país. El funcionario dijo que uno de los objetivos es ordenar el marco regulatorio vigente, compuesto por leyes y normativas que en ocasiones operan de forma desarticulada.
A su criterio, esta situación ha dificultado la ejecución de proyectos estratégicos y limitado la capacidad de respuesta ante las crecientes necesidades energéticas en Honduras.
Peña sostuvo que la reforma también pretende facilitar la llegada de nuevas inversiones en generación, transmisión y distribución, áreas donde Honduras enfrenta importantes rezagos. Particularmente, mencionó que el sistema de transmisión acumula un atraso cercano a los 15 años y requiere inversiones estimadas entre 1,200 y 1,300 millones de dólares para responder a la demanda actual.
A su vez, afirmó que la iniciativa no busca privatizar la Enee, sino "crear reglas claras" que permitan una mayor participación de distintos actores en la solución de los problemas energéticos del país.
Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, calificó la jornada como positiva y destacó la importancia de que el sector empresarial pueda conocer de primera mano la situación actual de la Enee y las medidas que se analizan para mejorar su desempeño.
Qubain señaló que durante la reunión se evacuaron diversas consultas relacionadas con los costos de generación, el impacto de las pérdidas financieras de la estatal y las acciones que podrían implementarse para reducir la carga económica que actualmente representa para las finanzas públicas.
En tanto, el comisionado de la CREE, Héctor Corrales, sostuvo que el proyecto no contempla ninguna disposición orientada a privatizar la Enee, sino que busca que la empresa opere bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera, similares a los que rigen en otras compañías del sector, sin que implique perder su carácter estatal.
Corrales explicó que uno de los componentes de la reforma es la escisión o división de la Enee en tres empresas especializadas: generación, transmisión y distribución, las cuales continuarían bajo una empresa matriz que sería propiedad del Estado.
Según indicó, la separación permitiría administrar de forma independiente cada área del negocio eléctrico, identificar con mayor precisión sus problemas y necesidades de inversión, además de fortalecer la transparencia y la eficiencia operativa del sistema.
La socialización realizada en San Pedro Sula forma parte de una serie de encuentros que el Gobierno desarrolla con distintos sectores para presentar la propuesta y recoger aportes antes de su discusión en el Congreso Nacional.
Mientras las autoridades defienden la reforma como una herramienta para ordenar el sector eléctrico y atraer las inversiones que el país necesita, algunos sectores han expresado reservas sobre los cambios propuestos.
Entre ellos figura el Sindicato de Trabajadores de la Enee (STENEE), cuyo presidente, Miguel Aguilar, reconoció la necesidad de modernizar la estatal, pero advirtió que cualquier reforma debe ser producto de un diálogo amplio y garantizar que la empresa conserve su carácter público, evitando "atajos hacia la privatización".
