Una denuncia presentada recientemente ante el Ministerio Público señala al abogado Edwin Emilio Oliva, exsecretario general de la Secretaría de Educación, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, ocultamiento de documentos y nombramientos irregulares durante su gestión.
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso Diario LA PRENSA, la acción legal fue presentada en octubre de 2025, para solicitar al fiscal general, Joel Zelaya, que investigue a Oliva y a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable de los hechos denunciados.
La denuncia se origina en el caso de la docente Carmen Cabús, quien fue destituida de su plaza en El Progreso, Yoro, mediante audiencia de descargo mientras estaba enferma, por lo que presentó un reclamo administrativo ante la Secretaría de Educación en mayo 2023.
El despido ocurrió en circunstancias sospechosas, ya que su puesto habría sido otorgado posteriormente a otro docente mediante presuntas “influencias políticas”.
La parte acusadora sostiene que con esa decisión se violentó la estabilidad laboral de la docente, quien contaba con incapacidad médica. El caso resulta particularmente delicado debido a que la profesora Cabús estaba próxima a jubilarse tras años de servicio.
El documento señala que, tras presentar el reclamo administrativo, el abogado de la afectada acudió en varias ocasiones a la Secretaría de Educación para solicitar el expediente del caso, pero le informaron que este había sido retirado por el exsecretario Oliva, lo que habría impedido darle seguimiento.
Ante esa situación, el abogado de la denunciante acudió a la Dirección Departamental de Educación de Yoro para tratar de localizar el documento, pero en esa dependencia le informaron que el expediente, que originalmente estaba identificado con el número 079-2023, no se encontraba en sus archivos.
La acusación sostiene que la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas y la imposibilidad de acceder al expediente constituyen indicios de abuso de autoridad, al considerar que se habría retardado u omitido una respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.
El documento también apunta que quien dio trámite a la audiencia de descargo y la reasignación de la plaza fue el entonces director departamental de Educación de Yoro, Elvis Omar Isaula, quien enfrentaba cuestionamientos por actos de corrupción, comenzando por su nombramiento.
Apolonio Ortiz, abogado de la denunciante, expuso que el cargo de director departamental se asigna mediante concurso, y, de acuerdo con los resultados de 2022, el primer lugar lo obtuvo la profesora Noelvis Quiroz, mientras que Elvis Isaula quedó en el segundo puesto.
Ortiz dijo que el nombramiento de Isaula contradice la ley, recordando que el Código Penal establece sanciones para los funcionarios que nombren a personas que no cumplen con los requisitos legales para desempeñar cargos dentro de la administración pública.
A su vez, destacó que la profesora Quiróz cuenta con un doctorado en educación y otros títulos académicos, por lo que "estaba más preparada que el propio ministro y otros funcionarios de la Secretaría de Educación" para sumir el cargo.
Reveló que otro de los señalamientos contra Isaula era que percibía su salario por el departamento de Choluteca, pese a que desempeñaba funciones en Yoro, lo que contravendría lo dispuesto en la Ley General de Presupuesto, que establece que los funcionarios deben desempeñar sus funciones en el lugar para el que fueron nombrados.
Como respaldo, el denunciante adjuntó documentación de otra denuncia presentada en septiembre de 2024 ante la Fiscalía Especial para la Lucha contra la Corrupción en San Pedro Sula, en la que se exponen presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección Departamental de Educación de Yoro.
En ese expediente se mencionan los casos de varios docentes, entre ellos Carmen Gutiérrez, Rosa Salgado, Enma Orellana, Carmen Cabús, María Euceda, Erika Martínez, José Ordóñez y María Molina, quienes, según la denuncia, habrían sido victimas de abuso de autoridad.
El expediente recoge denuncias de supuestos casos de acoso laboral, discriminación racial y presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes, incluyendo situaciones en las que los cargos habrían sido otorgados a personas que reprobaron el concurso docente o que obtuvieron menores calificaciones que otros aspirantes.
El denunciante también menciona el caso de la profesora Waldina Velásquez, quien en mayo 2023 interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el entonces ministro de Educación, Daniel Enrique Esponda, y el secretario general Edwin Oliva, por suponerlos responsables de los delitos de prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con el expediente, durante el proceso el representante legal de los funcionarios habría intentado conciliar, ofreciendo restituir a Velásquez en su cargo como directora de su centro educativo a cambio de retirar la denuncia; sin embargo, la petición fue declarada sin lugar.
En entrevista con LA PRENSA, Ortiz también recordó el caso del profesor Wilson Mejía Burgos, director del instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, quien en 2022 obtuvo el primer lugar en el concurso de director departamental de Educación en Cortés.
No obstante, el puesto no le fue otorgado ya que las autoridades argumentaron que había reprobado el proyecto de mejoras, tal como ocurrió con Noelvis Quiróz en el departamento de Yoro.
El letrado aseguró que ese argumento no tiene sustento legal, ya que la normativa establece que la evaluación del proyecto se realiza en el marco del desempeño de funciones dentro del cargo, algo que, ni Mejía Burgos, ni Quiróz, llegaron a ejercer.
El abogado Ortiz cuestionó el nombramiento de Oliva en la Secretaría de Educación y el hecho de que no haya sido separado de su cargo durante la investigación que avanza a paso lento, por lo que ahora exige celeridad al Ministerio Público y que investigue a fondo todas las presuntas irregularidades durante su gestión.
“Haber nombrado a Edwin Oliva como secretario general de Educación es hacerle un monumento a la corrupción, tanto Esponda como la presidenta Xiomara Castro sabían bien que él ya había sido señalado en el pasado por actos de corrupción, como tener dos plazas en departamentos diferentes en el mismo horario”, expresó.
Agregó, que el Ministerio Público debe deducir las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan, no solo contra quienes autorizaron o firmaron los nombramientos cuestionados, sino también contra las personas que asumieron cargos públicos sabiendo que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley.
