Las denuncias por violencia doméstica disminuyeron un 26% en el departamento de Cortés durante 2022, de acuerdo con un informe presentado ayer por la fundación Caritas de Honduras.
El informe revela que el año pasado hubo 4,207 denuncias en los juzgados sampedranos, un 26% menos en comparación con las 5,714 denuncias interpuestas por víctimas de violencia doméstica en 2021.
La jueza Claudia López, del Juzgado contra la Violencia Doméstica, explicó que estas cifras “no significan una disminución en la violencia, sino que las mujeres han dejado de denunciar debido a que no confían en los procesos judiciales”.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Unah, hasta el 6 de marzo había habido 78 feminicidios en el país, lo que muestra un aumento en la violencia contra las mujeres.
Al respecto, López manifestó que este debe ser un indicativo para que el sistema judicial revise qué se está haciendo mal, por qué los feminicidios siguen incrementado y las mujeres no están denunciando.
Abandono
El documento también señala que el 76% de los casos en el departamento fueron desestimados por caducidad.Acerca de esto, López comentó que existe mucha desinformación, por lo que “en la mayoría de casos las mujeres solo van a interponer la denuncia, pero abandonan el proceso debido a que el operador de justicia no le da seguimiento”.
En 2022, el Sistema de Emergencias 911 registró 3,673 llamadas de mujeres denunciando violencia doméstica, un 49% menos en comparación con 2021. De estas llamadas, 1,838 fueron hechas por mujeres sampedranas.El número de casos judicializados en el país fue de 15,868, mientras que 306 mujeres murieron de forma violenta el año pasado.
En cuanto a las sanciones, manifestó que han transcurrido 25 años desde la creación de la Ley contra la Violencia Doméstica y Honduras todavía aplica una sanción civil en lugar de penal.Puntualizó que ya es hora de “dar el paso de penalizar de manera ejemplificante los temas de violencia doméstica”.
Por su parte, el abogado Carlos Paz, director de Caritas, subrayó que “el Estado no está dando plena garantía de protección a las mujeres”, lo que representa “un retroceso en el acceso a la justicia”.
Expuso que “las llamadas de denuncia al 911 han caído en un 49%”, lo que demuestra que “hay una percepción por parte de la población hondureña de que el Estado no está avanzando en la protección y acceso a la justicia de las mujeres”.