Los diez imputados por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la municipalidad sampedrana comparecieron ayer en la audiencia inicial.
Debido al número de personas y a la cantidad de pruebas anunciadas por el Ministerio Público, más de 30, la audiencia se prolongará varios días.
Las partes iniciaron la presentación de elementos probatorios que supuestamente vinculan a los imputados con el millonario fraude.
Cada uno de los imputados tiene su defensor privado y hoy les corresponderá el turno de refutar las pruebas.
El Ministerio Público pide la prisión preventiva y que sigan recluidos en Támara.
Detenidos
Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.
Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
Están prófugos por este caso: Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa.
En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.
En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado.
En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa con la empresa constructora Hercord y las copias de órdenes de pago realizadas a la empresa Hercod.
La audiencia seguirá y será hasta la próxima semana que se conozca la resolución y si se les puede aplicar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los que enfrentan delitos con penas mínimas.