San Pedro Sula.
Cristian Nolasco, jefe de la unidad de control de riesgo sanitarios y bioseguridad de la
Dirección de Investigación Policial (DPI), afirmó que están redoblando las labores en atención a las denuncias que interpone la ciudadanía y en cumplimiento al decreto PCM que restringe la habilitación de bares y discotecas.
Tras la polémica surgida por el video viral de una fiesta en un bar sampedrano durante el fin de semana, autoridades reforzaron los operativos nocturnos.
Miembros de las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) comenzaron desde la noche del lunes con las inspecciones a fin de identificar negocios que no están autorizados durante esta fase de reapertura gradual y que por ende operan en la clandestinidad.
| 50,000
lempiras es la multa mínima que se impone a negocios que sean sorprendidos operando sin autorización de Sinager.
|
“Casinos, billares, bares, discotecas y otros negocios de esa índole no están autorizados dentro de la fase 1 y la fase 2, por lo que están operando en la clandestinidad”, explicó el subcomisario de policía.
Nolasco dijo que de abril a la fecha han ejecutado más de 2,000 inspecciones en San Pedro Sula, multando hasta el momento a unos 10 establecimientos como centros de entretenimiento.
Nolasco informó que los últimos negocios cerrados son una disco y el casino Cesar’s Palace adonde incluso fueron decomisadas dos armas de fuego a guardias de seguridad debido a que no portaban los permisos de las mismas. Dentro del negocio había más de 20 personas, dijo el oficial.
Añadió que también han aplicado sanciones económicas a varios negocios autorizados por no cumplir con las normas de bioseguridad y porque además han sido sorprendidos atendiendo fuera de los horarios establecidos.
Cierre temporal
Alexander Leiva, jefe regional de la Secretaría de Trabajo y director de Inspecciones, dijo que los negocios que no cumplan con las medidas de bioseguridad y la atención por número de circulación están expuestos no solo a recibir un castigo monetario y administrativo, sino también al cierre de operaciones hasta que culmine la pandemia.El funcionario aclaró que la idea no es afectar a los propietarios de los negocios, sino hacerles un primer llamado antes de proceder en función de lo que dicta la ley. “Lo primero es una visita amigable, si no acatan viene el cierre”, advirtió Leiva.
