San Pedro Sula.
Carlos Cerrato, jefe regional del
Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI), informó que en la zona norte se están dando casos graves de abuso por parte de propietarios de casas y apartamentos, para el caso mencionó que en
Choloma hay quienes han quitado hasta las láminas y las puertas para que la casa se vuelva inhabitable.
Las medidas coercitivas, aunque son un delito, han aumentado por parte de arrendadores de casas y apartamentos en San Pedro Sula.
Está penado por la Ley de Inquilinato de Honduras que arrendadores retengan las propiedades de sus inquilinos, la imposición de candados, el corte o suspensión de agua o luz para obligarlos a desalojar el bien inmueble.
Sin embargo, muchos dueños de casas y apartamentos están haciendo caso omiso de la ley y actúan de esta forma ante la mora en el pago de las rentas, que ha aumentado durante la pandemia.
La mayoría coloca candados y no deja a los inquilinos sacar sus cosas. Carlos Cerrato, jefe regional del DAI
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“Ya Choloma es jurisdicción del director municipal de Justicia y se tiene que trabajar en eso”, comentó. Cerrato indicó que pese a que las oficinas están cerradas hacen inspecciones en respuesta a las denuncias enviadas al correo daisps@sgjd.gob.hn. Aunque, según el artículo 51 de la Ley de Inquilinato, una de las causas para desalojar a un inquilino es que esté moroso con dos pagos de alquiler, el propietario no puede utilizar la fuerza ni medidas coercitivas, es por eso que la DAI promueve la conciliación.
Actualmente, por los despidos y suspensiones, Cerrato aconseja arreglos de pago entre ambas partes. Otros de los casos que el Departamento de Inquilinato está registrando es de quienes abandonan los inmuebles dejando deudas de luz, agua o vandalizados (quitan las mejoras que han hecho). Quienes aplican medidas coercitivas pueden enfrentarse desde uno a tres años de cárcel, dependiendo la gravedad.
Debido a que Kenia Mejía fue suspendida de su trabajo cayó en morosidad en su apartamento; sin embargo, fue sacada a la fuerza y retuvieron sus pertenencias por varias semanas hasta que Rodríguez se informó y acudió al DAI adonde le ayudaron a resolver su caso. “Muchas personas desconocen que existe el DAI y cuáles son sus derechos. Llegamos a un acuerdo de pago, pero me tuvieron que devolver mis cosas”, compartió.
