Estafa de Unifín: Exempleado municipal de Choloma en la mira de los investigadores

Lo que parecía una nueva oportunidad rápida para multiplicar el dinero, apenas un año después del escándalo de la estafa piramidal de Koriun Inversiones, terminó convirtiéndose en otra pesadilla financiera para miles de habitantes del municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con indagaciones de LA PRENSA Premium, el origen de la presunta estafa no estuvo en oficinas formales ni en estructuras empresariales a la vista de todos, sino en un espacio cotidiano: una cafetería ubicada dentro de un centro comercial del municipio.

Desde allí, el proyecto comenzó a captar a sus primeros “inversionistas”; sin embargo, el crecimiento acelerado del flujo de personas y dinero obligó a los responsables a abandonar el lugar.

Fue entonces cuando la operación se trasladó a un entorno aún más informal, una vivienda en la residencial Manantial, en un sector de circuito abierto. Allí, bajo apariencia doméstica, comenzó a funcionar la supuesta empresa de inversiones denominada Unifín, señalada ahora como una estructura piramidal que captaba dinero sin respaldo legal ni supervisión de las autoridades financieras.

Vecinos de la zona, en conversaciones con LA PRENSA Premium, identificaron el inmueble como la casa de habitación de Romel Galo, un hombre que, según relataron, tiene aproximadamente dos años de residir en la zona.

En esa misma casa se instalaron las operaciones de Unifín desde aproximadamente noviembre del año pasado, pero fue a partir de enero de este año cuando el número de personas que llegaban diariamente a entregar o retirar dinero creció de forma exponencial.

El movimiento fue constante, el negocio operaba de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana y, en muchas ocasiones, extendía sus actividades hasta las 10:00 de la noche. A esas horas, cuadras enteras permanecían llenas de personas haciendo fila, mientras decenas de vehículos se estacionaban en los alrededores.

El dinero, según testigos, permanecía dentro de la vivienda. Aunque no se confirmó una estructura operativa formal, sí se observaba la presencia de al menos cuatro guardias vestidos de civil que custodiaban el lugar.

Según comentó un vecino, quien prefirió mantener su identidad en reserva, "fue casualidad, los guardias no se presentaron el domingo, solo quedó Romel, y toda esas personas se metieron a las oficinas, no pasó nada porque llegó la Policía. Romel es muy conocido en el sector, a veces se le miraba barriendo afuera de su casa como si nada".

La promesa era seductora, se trataba de rendimientos elevados en poco tiempo; Unifín ofrecía duplicar la inversión en aproximadamente cinco meses, con montos accesibles desde los 1,000 lempiras.

La dinámica era sencilla, los participantes entregaban dinero en efectivo y esperaban recibir ganancias cada siete semanas, luego de que se les activara una aplicación en su teléfono, la cual les indicaba en qué momento debían llegarar a cobrarlas.

Este esquema, característico de las estafas piramidales, depende del ingreso constante de nuevos "inversionistas" para sostener los pagos iniciales, hasta que inevitablemente colapsa... y ese colapso llegó.

El pasado domingo, decenas de personas que habían sido citadas para recibir sus ganancias no obtuvieron respuesta. La incertidumbre rápidamente se transformó en tensión, lo que siguió fue un espacio de reclamos, frustración y sospecha colectiva. Al día siguiente, el inmueble permaneció cerrado.

LA PRENSA Premium encontró en el lugar un pequeño cartón amarillo, adherido sobre la puerta principal con el siguiente texto: “En este momento no estoy en casa, esta semana no vamos a laborar, regreso como a las 3:00 pm. 9543-6464, Romel”.

Entre los rostros de la incertidumbre están quienes apenas comenzaban a confiar en el sistema. Uno de ellos es Lorenzo Gonzales, quien llegó a bordo de un taxi hasta la vivienda en la residencial Manantial, sin imaginar que encontraría las puertas cerradas y un simple rótulo como única respuesta.

“Yo metí unos pesos (lempiras) aquí cuando todavía no había muchos, hasta ahorita estamos viendo cómo está el asunto”, dijo, aún sorprendido por mirar la casa cerrada. A diferencia de otros "inversionistas", Lorenzo aseguró que apenas iniciaba y que no había recibido ningún retorno.

“Era nuevo, no había recibido todavía, mi esposa sí invirtió en Koriun, yo no”, explicó, haciendo referencia al antecedente reciente que ya había dejado pérdidas en su entorno familiar.

Consciente del riesgo, reconoció que caer nuevamente en una situación similar sería difícil, pero también admitió que la necesidad económica empuja a muchas personas a tomar decisiones apresuradas. “La situación económica que uno tiene lo hace caer en esto”, lamentó.

Su inversión fue modesta, de apenas 5,000 lempiras, aunque otros afectados revelaron aportes iniciales de 10,000 y hasta 20,000 lempiras. Lorenzo también confirmó conocer al principal señalado en este caso: “Conozco al señor Romel Galo, aquí es donde vive él, esta casa es de él”, aseguró.

Además, concordó que se trata de una figura conocida en el municipio, Según su testimonio, Galo se desempeñó como jefe de Desarrollo Comunitario en la alcaldía de Choloma hace más de cuatro años, extremo confirmado por el edil cholomeño Gustavo Mejía. Esta posición, para muchos, pudo haber generado un nivel de confianza adicional entre quienes decidieron entregar su dinero.

Personas que viven en las periferias indicaron que el dinero siempre permanecía allí, pero que extrañamente, entre la noche del sábado y madrugada del domingo, misteriosamente desapareció. Durante el día nunca miraron movimientos inusuales que dieran pie a tal sospecha.

En la zona comercial del municipio, el impacto económico ya se percibe, comerciantes reportan una caída en las ventas y una disminución en el flujo de dinero. “Las ventas han bajado después de Koriun y ahora con esto”, comentó una vendedora de calzado. Otros coincidieron en que, durante el auge de estos esquemas, había mayor movimiento económico.

“Cuando estaba Koriun, y ahora esta otra, había más dinero circulando y eso nos beneficiaba como comerciantes”, expresó una vendedora de ropa, quien aseguró que hay menos ventas.

Algunos testimonios reforzaron la tesis del impacto directo en las familias. “Mi papá metió 300,000 lempiras en Koriun y solo recuperó 80,000, ya está resignado”, expresó una joven vendedora, quien también confirmó haber escuchado sobre Unifín a través de vídeos que le habían llegado a su mamá en el teléfono.

Las autoridades policiales comenzaron a actuar tras los primeros indicios públicos. El subcomisionado Allan Sauceda, de la jefatura de Choloma, informó que el domingo recibieron una denuncia pública que los llevó a movilizarse al lugar, donde encontraron alrededor de 100 personas reclamando dinero.

Según explicó, aunque ya existían reportes informales sobre la operación de este negocio, a la fecha nunca se presentó una denuncia oficial. Las investigaciones están en curso, las autoridades confirmaron que hay al menos una persona identificada, quien ya fue interrogada para esclarecer cómo operaba el sistema, pero el caso permanece está aún en etapa de investigación, por lo que no quisieron revelar el nombre específico.

Gustavo Solórzano, comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), manifestó a este medio que, "por respeto a la institucionalidad vamos a esperar tomar una resolución colegiada. Lo que hemos hecho por ahora es alertar a la población, el asunto se tratará por la Comisión y se hará aplicación estricta de la ley".

Se indicó que personal de la Comisión Nacional de Banca y Seguros se apersonó el martes para verificar la documentación y la legalidad de la supuesta empresa.

Sin embargo, al momento de llegar al inmueble que presuntamente servía como centro logístico de Unifín en el municipio de Choloma, las autoridades se encontraron con un escenario de abandono.

El equipo técnico constató que el establecimiento se encontraba cerrado, lo que dificultó la incautación inmediata de archivos físicos o la detención de representantes de la supuesta plataforma.

"Al llegar al inmueble que presuntamente funcionaba como centro de operaciones de Unifín en Choloma, el equipo constató que este se encontraba cerrado", informó la CNBS en su comunicado oficial tras las diligencias de campo.

Pese al cierre del local, las investigaciones no se detuvieron, durante las diligencias de campo, los técnicos de la CNBS y los agentes policiales lograron localizar y entrevistar a varias personas afectadas por el esquema.

Estos testimonios fueron clave para desentrañar la modalidad utilizada por los promotores de Unifín para burlar la vigilancia estatal.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, la plataforma utilizaba la figura legal de "donación" como un mecanismo de fachada para encubrir lo que en realidad era una captación irregular de fondos.

Esta simulación jurídica es una táctica común en esquemas piramidales o de estafa masiva para intentar evadir la responsabilidad penal y administrativa.

La CNBS dio a conocer que continuará realizando todas las actuaciones legales necesarias en coordinación con los entes de justicia para esclarecer los hechos y proteger los intereses económicos de la población.

Aunque la Policía local de Choloma ha optado por no dar nombres de quiénes están detrás de la operación de esta financiera, desde la administración municipal, el alcalde Gustavo Mejía, se refirió la noche del martes al caso mediante una entrevista al noticiero Hoy Mismo, asegurando que ya tenían conocimiento preliminar de movimientos irregulares vinculados a la conformación de la supuesta cooperativa.

“Tuvimos conocimiento de que estaban formando una cooperativa, se estaba involucrando un miembro que trabaja en la municipalidad junto con un exmiembro de nombre Romel Galo, lo conocemos, y esperamos que si están metidos en esto se ponga orden”, expresó el edil.

El alcalde fue enfático en señalar que la municipalidad no tiene ningún vínculo con la operación de Unifín ni con las personas que la impulsaban. “No tenemos ningún contacto con esta gente, lo estaban haciendo por debajo y le estamos dando seguimiento a través de la Policía”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para actuar con firmeza ante este tipo de estructuras que afectan directamente a la población. “Hay que capturar a estos prestamistas que están estafando a la gente en los diferentes municipios, no solo en Choloma”, puntualizó.

Mejía también aclaró que la municipalidad no ha extendido ningún permiso para el funcionamiento de este negocio, desmarcando así a la institución de cualquier responsabilidad en el caso.

El caso de Unifín recuerda al escándalo de Koriun Inversiones, una estafa similar que afectó a miles de hondureños. En ambos casos, las aparentes empresas lograron generar confianza ofreciendo pagos iniciales y expandiéndose rápidamente antes de colapsar o desaparecer.

Autoridades investigan ambos casos para determinar responsabilidades y ubicar a todos los implicados. Mientras tanto, las víctimas enfrentan un panorama incierto, ya que la recuperación del dinero en este tipo de fraudes suele ser difícil.

Se estima que alrededor de 2,000 personas habrían participado solo en el esquema de inversiones Unifín, entregando dinero en efectivo con la esperanza de obtener ganancias rápidas. La magnitud de la cifra pone al descubierto el alcance que logró la operación en cuestión de meses y el nivel de impacto que ahora enfrenta la población.

Otra de las clientes de Unifin aseguró que este caso no debe quedar impune. “Otra vez es una estafa y esto no se va a quedar así, al pueblo no lo pueden dejar muriendo de hambre, deben decir la verdad, si esto era para bien o para mal”, expresó, con molestia.

La mujer puntualizó que decidió invertir una cantidad mínima debido al temor que le generaba el antecedente de otros casos. “Saqué mi dinero del banco para invertirlo, metí 2,000 lempiras porque tenía miedo”, comentó, pero aseguró que desde un inicio sospechaba del riesgo. “Sí me imaginé que me podían estafar, pero la necesidad de uno lo hace creer, uno piensa que el dinero se puede multiplicar”, agregó.

De acuerdo con sus palabras, circularon vídeos donde presuntamente se observa a personas retirando grandes cantidades de dinero en bolsas, lo que incrementó la desconfianza entre los afectados. “Pienso que ya se fueron, a la gente le llevaron buen billete”, lamentó.

A pesar de su pérdida, reconoció que su caso no es de los más graves. “2,000 lempiras no es nada comparado con otros, hay gente que entregó cantidades fuertes”, dijo, dejando entrever la magnitud del daño económico colectivo.

En medio de la incertidumbre, también se reportó que tres autobuses, con aproximadamente 300 personas, salieron durante la madrugada del miércoles desde el parque central de Choloma con destino a la Penitenciaría Nacional de Támara, con la esperanza de recibir al gerente de la empresa, Iván Velásquez Castro, tras el cambio de sus medidas cautelares para defenderse en libertad.

Hasta el sitio llegaron unos 600 socios, quienes se arrodillaron y oraron, otros continuaban llegando en vehículos particulares, a la espera de la carta de libertad, quien habría prometido devolver el dinero invertido.

Velásquez Castro pagó una caución de 17 millones de lempiras, lo que le permitiría abandonar el centro penal en las próximas horas; sin embargo, la decisión generó fuerte controversia y horas después la Presidencia del Poder Judicial ordenó una investigación inmediata sobre las actuaciones judiciales en este caso y otros procesos de alto impacto, tras el cuestionado cambio de medidas cautelares.

Este miércoles, un equipo de inspectores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se presentó en los tribunales con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, como parte de diligencias de supervisión.

El grupo estaba conformado por al menos cinco inspectores, quienes ingresaron al edificio y se dirigieron al cuarto piso, donde funciona el Juzgado de Letras correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por un juez de carrera, con más de una década de trayectoria dentro del Poder Judicial, con relación al implicado en el caso.

Ante esta resolución, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión con el objetivo de evitar que Iván Velásquez recobre su libertad, argumentando la gravedad de los delitos que se le imputan.

Velásquez enfrenta acusaciones por lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de arma de fuego, así como posesión de municiones de uso permitido y prohibido. Además, se le señala por el delito de asociación para delinquir.

En horas del mediodía de este mismo miércoles, otro juez resolvió declarar con lugar el recurso de recusación presentado por el Ministerio Público, con el fin de evitar la liberación del exgerente de Koriun Inversiones, quien continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones.

Velásquez fue capturado a finales de abril de 2025, luego de que las autoridades le decomisaran aproximadamente 125 millones de lempiras en su vivienda, una de las incautaciones más significativas vinculadas a este tipo de estructuras financieras irregulares.

En su momento, el exgerente defendió la legalidad de sus operaciones, asegurando que se trataba de un modelo legítimo. No obstante, las acusaciones en su contra y las evidencias presentadas por el Ministerio Público lo mantienen en el centro de una investigación que continúa en desarrollo.