Violencia entre maras gana terreno: es la segunda causa de homicidios en Honduras

Tres supuestos miembros del Cartel del Diablo enfrentan un proceso judicial por los delitos de asociación terrorista y asesinato, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara a esta estructura -al igual que al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13)- como organización terrorista en Honduras.

La medida busca endurecer la respuesta del Estado frente a estructuras vinculadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros hechos violentos que han generado temor en distintas zonas del país.

Los cuerpos de seguridad atribuyen a estas organizaciones la comisión de extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados, además del reclutamiento de jóvenes y menores de edad para cometer ilícitos.A estas estructuras se suman otras de menor tamaño que también disputan territorios.

Aunque cuentan con menos integrantes, algunas mantienen presencia y control en determinadas colonias y barrios.

Un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, elaborado a partir de registros de homicidios correspondientes al período de 2014 a abril de 2026, determinó que las rivalidades entre maras y estructuras del crimen organizado constituyen la segunda causa de las muertes violentas categorizadas por la Policía Nacional, con el 13% de los casos.

Las enemistades personales ocupan el primer lugar, con el 47%, mientras que los robos se sitúan en la tercera posición, con el 9% de los homicidios clasificados según su posible móvil.

La evolución de los homicidios atribuidos a las organizaciones criminales evidencia un periodo de alzas y bajas.

Para el caso, en 2014 ocurrieron 215 muertes por esa causa; en 2018 aumentaron a 448 y en 2019 volvieron a subir, con 655 muertes violentas.

Aunque posteriormente comenzó un periodo de descenso, las cifras alcanzaron las 316 muertes violentas en 2024 y, para 2025, la Policía tiene identificadas 268 muertes atribuidas a esa causa.

En lo que va de 2026, las autoridades tienen identificadas 52 personas que han muerto por las disputas entre grupos criminales. Es de hacer ver que la Policía Nacional aún tiene miles de homicidios sin un motivo identificado.

Por otra parte, se identifica que en Francisco Morazán una de cada tres muertes violentas se atribuye a pandilleros, mientras que en Cortés corresponde al 26% de los decesos violentos.

Los reportes evidencian el fácil acceso de los mareros a las armas de fuego, pues este es el principal mecanismo utilizado en los crímenes.

Además, en los registros de muertes en las que está determinado el motivo, nueve de cada diez personas asesinadas son hombres.

Actualmente, el Barrio 18 opera en Honduras a través de 18 cabecillas a nivel nacional, quienes se encargan de autorizar todos los movimientos.

Cada uno de ellos tiene un denominado “programa” para operar, es decir, diferentes ilícitos como extorsiones, venta y transporte de drogas, desplazamientos forzados y sicariatos.

Muchos de los cabecillas están recluidos en cárceles de Honduras, donde -según lo dispuesto por el CNDS- la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC) trabajará para impedir que los miembros de estas maras y pandillas mantengan comunicación vía celular.Tampoco recibirán visitas de familiares ni amigos y, en el caso de los abogados, estas serán supervisadas.

En la Mara Salvatrucha, según informes de seguridad, los roles son diferentes. Su estructura se denomina “empresa” o “familia” y está compuesta por 13 miembros. Cada uno tiene asignada una zona del país en la que ejerce control y supervisión.

Los analistas de maras y pandillas consultados expresan que en ambas estructuras criminales existe un cabecilla con suficiente poder de mando, encargado de reclutar abogados, policías, fiscales, jueces, militares y periodistas, así como empleados de instituciones clave que colaboran a cambio de un pago mensual.

Esa colusión que durante años han mantenido los grupos criminales con funcionarios también es uno de los puntos que se busca contrarrestar mediante la asignación de jueces y fiscales especializados en los casos contra estas organizaciones declaradas terroristas.

LA PRENSA Premium conoció que los togados ya están trabajando con la Agencia Nacional Contra el Crimen.

Rigoberto Osegura Mass, director de la Policía Nacional, expresó a este medio que tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 tienen una trazabilidad territorial y una amplia capacidad de movimiento y articulación.

El nivel de control que ejercen en barrios y colonias es fuerte, lo que, según explicó, cumple con los requisitos establecidos previamente en el Decreto 184-2026 para considerarlas organizaciones terroristas.

Indicó que, en el caso del llamado Cartel del Diablo, pese a que opera en tres o cuatro municipios, sin menoscabo de que pueda moverse a otros, el grado de terror que ha provocado con el aumento de las muertes violentas y la afectación a la economía en general es considerable y cumple con esos requisitos.

“El tema de la MS y la 18 son organizaciones que tienen mucho tiempo y que se han mutado a pura violencia en barrios y colonias asesinando a miembros de otros grupos por la venta de drogas”, apuntó.

Al consultarle sobre si la incidencia de los delitos cometidos por esas estructuras ha variado, Mass dijo que “podemos inferir un poco que en los últimos años se fortalecieron, hubo muy poca investigación en la persecución de esos grupos criminales y de hecho en los últimos cuatro años no se capturó a ningún cabecilla de la MS, ni uno siquiera, por lo que vivieron en un mundo subterráneo pero sin parar de generar dinero”.

Recalcó que, mientras antes hallaban grandes cantidades de dinero, hoy ya no se encuentran fácilmente, por lo que presumen que estas estructuras han migrado hacia el uso de ciberdelitos, transferencias electrónicas, criptomonedas -como el bitcóin- y otras formas que les faciliten movilizar los recursos o impidan que las fuerzas del Estado puedan perseguirlos.

Por ello, señaló, se requieren declaratorias que permitan dejarlos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los cuerpos del orden.

Mass recalcó que los cabecillas de esas estructuras, principalmente de la MS, viven en mundos distintos: “No es de extrañar que dentro de muy poco tengamos hijos de cabecillas criados de manera distinta, por ejemplo, universitarios que salten al mundo criminal, porque ya van varias generaciones pandilleriles con suficientes recursos económicos, por lo que ya tienen hasta bufetes completos a su favor”.

Sobre si las maras y pandillas siguen trabajando con carteles de Guatemala, México y Colombia, el director de la Policía Nacional no lo descartó, porque “hay una tendencia de las asociaciones terroristas con los carteles de narcotráfico” y anunció que “dentro de poco habrán sendas declaratorias en toda la región porque esos grupos tienen esa fuerza, la capacidad logística y deben ponerse vulnerables”.

En una jornada calificada como histórica y tras un inédito consenso de las fuerzas políticas, el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad de votos la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

La iniciativa dota al Estado de un marco legal sumamente riguroso para desarticular el accionar de los grupos criminales y cortar de raíz la operatividad que históricamente han mantenido desde el interior de los centros carcelarios del país.

​Esta normativa surge como una respuesta inmediata a las determinaciones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, organismo que en fechas recientes acordó la designación formal de tres estructuras criminales de alto impacto como asociaciones terroristas.