Restituir sanciones penales a delitos financieros es clave tras caso Koriun
Especialistas advierten que, sin una reforma integral y una supervisión efectiva, el país seguirá expuesto a fraudes financieros de gran escala
- 20 de mayo de 2025 a las 00:00 /
El colapso de Koriun Inversiones, que arrastró a miles de hondureños en una estafa tipo Ponzi, destapó la debilidad del Estado para detectar fraudes financieros, reveló la falta de control institucional y expuso los vacíos legales que hoy permiten que este tipo de esquemas operen sin consecuencias
Para evitar que se repita una historia similar, LA PRENSA Premium consultó a expertos que advierten sobre la urgencia de reformar el marco penal y reforzar los sistemas de supervisión antes de que surja otro caso como este
Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló que la primera medida debe ser la restitución de la tipificación penal de los delitos financieros, eliminados por el Código Penal de 2017.
Y es que los delitos financieros antes de 2017 tenían una pena significativa. Por ejemplo, el artículo 394-B -Realización de intermediación financiera sin autorización y captación irregular de recursos del público- contemplaba sanciones claras para quienes ofrecieran servicios financieros sin estar debidamente autorizados, lo que permitía al Estado actuar con mayor contundencia ante esquemas como el de Koriun Inversiones.
“Quien, sin la previa autorización de la autoridad competente, realice operaciones de intermediación financiera, captando recursos del público para prestarlos o darlos a otros bajo cualquier concepto jurídico o modalidad será penado con reclusión de 3 a seis años, cuando no cause daños a terceros; y de seis a 12 años cuando lo cause”.
Sin embargo, con el nuevo Código Penal (2017), estos delitos desaparecen y existen otros como la quiebra fraudulenta, alzamiento de bienes e insolvencia fraudulenta, que rondan entre 1 y 3 años de prisión.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2017, estos delitos fueron reemplazados por figuras como la quiebra fraudulenta, el alzamiento de bienes o la insolvencia fraudulenta, cuyas penas rondan entre 1 y tres años de prisión.
La reforma de estos artículos permitiría sancionar de manera más eficaz a los responsables de fraudes financieros, según Sierra.
También propuso una revisión profunda de la Ley del Sistema Financiero y sus reglamentos para fortalecer las herramientas de supervisión y sanción. “Igualmente la coordinación con el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), pues el caso de Koriun debe incluirse como un ejemplo de alerta”, advirtió.
Otros expertos como el abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), destacaron la necesidad de revitalizar la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, una figura que la Constitución establece, pero que nunca ha funcionado plenamente.
Al implementarse, sugirió, esa entidad debería encargarse de centralizar todos los registros que hoy están dispersos en distintas instituciones.
Solórzano consideró que este caso debe llevar a un replanteamiento urgente sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de prevenir estafas y delitos financieros. “El caso Koriun nos deja esa sensación de que algo malo está pasando y que falta algo de control al respecto”.
Acciones
El abogado penalista Marlon Duarte, por su parte, va más allá y señaló que la responsabilidad también recae en la falta de controles de inteligencia y en la baja educación financiera de la población.
“Se tuvo que haber parado en su momento. Nadie puede captar fondos del público sin autorización de la CNBS. El Estado no va a poder suplir las grandes cantidades de dinero de la gente y la única forma de evitar esto es con más educación, más supervisión y acciones penales contra los responsables”, indicó.
Sostuvo que la devolución del dinero a los afectados debe hacerse con la mayor transparencia posible y, si es necesario, incluso con anuncios en cadena nacional.
Asimismo, Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados, explicó que la empresa no estaba sujeta a la regulación de la CNBS al declararse como comerciante no bancario. Este vacío legal permitió la operación sin que nadie interviniera.
Por su parte, el abogado Nelson Castañeda, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), hizo una lectura desde la seguridad y la gobernabilidad. “En el ámbito de seguridad, imagínese tener a mil efectivos ahí y ¿por cuánto tiempo? Este conflicto se dio producto del desconocimiento, falta de estrategia y de protocolo para reaccionar a este tipo de situaciones que pudo haberse evitado”.
Castañeda explicó que la captación de dinero de Koriun dejó de ser un delito, por lo que no es una conducta ilícita grave, ya que no es penada o catalogada como conducta delictual.
Sin embargo, cabe recalcar que el Ministerio Público, tras emitir tres requerimientos fiscales al gerente de Koriun, Iván Velásquez, y dos personas más, informó que se les acusa del delito de lavado de activos, aunque se desconocen las pruebas.
La semana pasada, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo informó que se está preparando una nueva legislatura orientada a prevenir, sancionar y reincorporar al Código Penal el delito que fue eliminado, con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido operaciones fraudulentes.
