LA PRENSA expuso a ONG denunciada por ASJ que recibió dinero de fondo de diputados
La Unidad de Investigación reveló que Jóvenes Metas y MUE formaron un entramado familiar que desvió fondos mediante 14 diputados y sedes fantasmas
- Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 16:48 /
Una investigación de la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus reveló cómo la organización no gubernamental Jóvenes Metas, recientemente denunciada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), formó parte de un millonario entramado que capturó fondos públicos del Congreso Nacional.
La publicación titulada "ONG vinculadas a Libre recibieron más de L150 millones del Congreso y Gobernación" sacó a la luz pública que esta entidad, junto a otra organización espejo, recibió transferencias millonarias provenientes del Fondo de Administración Solidaria gestionado por los propios parlamentarios.
Los reportes financieros constatados por este equipo de investigación detallan que Jóvenes Metas recibió transferencias por un monto de 22 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, dinero que correspondía al fondo controlado por los diputados.
Además de estos recursos, la organización sumó otros 25 millones de lempiras en el mismo periodo tras suscribir un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para la supuesta administración de becas universitarias.
La denuncia interpuesta por la ASJ ante el Ministerio Público complementa lo ya expuesto por este rotativo el pasado 27 de julio de 2025 sobre el manejo irregular de los capitales y la falta de transparencia en su ejecución..
El hallazgo periodístico de EL HERALDO y LA PRENSA Premium destapó, además, que la red mutó para mantener el flujo de capitales estatales una vez que Jóvenes Metas comenzó a ser objeto de cuestionamientos públicos.
El dinero del fondo de diputados se redirigió hacia una segunda organización denominada Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), la cual capturó un total de 81.7 millones de lempiras para la supuesta ejecución de 93 proyectos sociales.
La fiscalización cruzada comprobó que esta nueva entidad operaba bajo el control del mismo grupo de personas, utilizando incluso las mismas fotografías de actividades en redes sociales para justificar ante el Estado el uso de los fondos.
La investigación evidenció que ambas organizaciones comparten la misma cúpula directiva y una estructura de carácter estrictamente familiar.
Bessy Jeanette Ramírez Montoya, vinculada a Jóvenes Metas tras haber ganado un premio juvenil en representación de dicha entidad, figura formalmente como la presidenta de Mujeres Unidas Extraordinarias.
En la junta directiva de esta última la acompañan sus familiares cercanos Ingrid Jeanette Montoya Leva y Diego Roberto Ramírez Montoya, además de José Jorge Portillo Aguilar, quien actúa simultáneamente como tesorero de Mujeres Unidas Extraordinarias y directivo de la denunciada Jóvenes Metas.
Ambos líderes ampliaron su presencia en el aparato estatal al constituir la empresa Caribex para operar como proveedores inscritos del Gobierno.
Los fondos del Congreso Nacional llegaron a esta red mediante la asignación directa de al menos 14 diputados de diferentes bancadas departamentales.
En el departamento de Cortés, la diputada Scherly Melissa Arriaga lideró el financiamiento canalizando más de 13 millones de lempiras para obras viales, escolares y sociales, seguida por Netzer Edu Mejía con más de 6.9 millones de lempiras para proyectos en San Pedro Sula, Chamelecón y Choloma, y Rigoberto Miranda Toledo con más de 6 millones ejecutados en Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y Omoa.
Por su parte, el diputado Mario Alberto Gonzales sumó otros 3 millones de lempiras dirigidos a la construcción de canchas y aulas escolares en la misma región norteña.
La asignación presupuestaria se extendió de manera masiva hacia otras regiones clave del país bajo supuestas justificaciones comunitarias.
En Yoro, el parlamentario Eduardo Díaz Velásquez destinó más de 8.8 millones de lempiras para la construcción de alcantarillas, escenarios escolares y parques en El Progreso.
En Santa Bárbara, Germán Oswaldo Altamirano dirigió más de 7 millones a pavimentaciones, graderías e iluminación en Quimistán, Macuelizo y El Níspero.
Asimismo, en Choluteca, Gustavo Alberto Cáceres transfirió más de 6.5 millones de lempiras para proyectos de iluminación y atención a mujeres, mientras que en Francisco Morazán, el diputado Marco Eliud Girón gestionó 6.5 millones de lempiras de forma exclusiva para la compra y entrega de computadoras portátiles a estudiantes.
El flujo de dinero público hacia la organización MUE también involucró recursos gestionados en el occidente, oriente y zona central de Honduras.
El legislador Bayron Eduardo Banegas utilizó a la organización en La Paz como ejecutora de más de 5.5 millones de lempiras en obras públicas y kits de emprendimiento.
En el departamento de Olancho, la diputada Arminda Urtecho Miralda transfirió más de 4.8 millones de lempiras orientados a la electrificación rural e infraestructura deportiva en los municipios de Juticalpa, Catacamas y Patuca.
En Atlántida, el congresista Anael Méndez Rivera impulsó más de 4 millones para pisos, techos y capacitaciones, sumado a los más de 4 millones gestionados por Margarita Dabdoub Sikaffi para pavimentación de calles y kits para emprendedoras.
Ante la gravedad de los hallazgos, el equipo periodístico buscó la versión de las autoridades estatales e implicados, encontrando evasivas y silencio administrativo.
El entonces secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, se desmarcó de la entrega de recursos respondiendo de forma escueta vía WhatsApp que su institución no desembolsa dinero, sino que lo hace la Secretaría de Finanzas, limitando su rol a un trámite puramente documental.
Por su parte, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus intentaron comunicarse al número telefónico atribuido a José Jorge Portillo en el certificado de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), pero no se obtuvo ninguna respuesta a las llamadas.
A pesar del enorme volumen de dinero público administrado por esta red familiar, se comprobó físicamente la inexistencia de sedes operativas reales o de proyectos tangibles en ejecución.
LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus se trasladó en dos ocasiones a la dirección registrada ante el Estado en la colonia La Gloria, calle 10 de La Ceiba, Atlántida, se constató que las oficinas de Mujeres Unidas Extraordinarias corresponden en realidad a una vivienda particular de color gris.
Los habitantes de la comunidad confirmaron a este medio que la propiedad pertenece legítimamente a la familia de Ramírez Montoya y nadie atendió los llamados del equipo periodístico, dejando al descubierto la total opacidad de una estructura civil que siguió recibiendo masivos fondos del Congreso a pesar de estar bajo la lupa por denuncias de corrupción.
Denuncia de la ASJ
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) denunció ante el Ministerio Público el manejo irregular de 113.4 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Programa Red Solidaria.
Los fondos fueron transferidos a la oenegé Jóvenes Metas, una entidad con nula trayectoria que ya era señalada por recibir capitales estatales de forma sospechosa. La denuncia detalla irregularidades en 10 convenios suscritos entre ambas entidades entre mediados de 2023 y finales de 2025.
El informe reveló que el 90% de los convenios operó bajo la modalidad de suministros directos, evadiendo las licitaciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado.
Además, se evidenció que en nueve de los diez casos se incumplieron las normativas del Presupuesto General al realizar el pago del 100% de los fondos en una sola transferencia inmediata. Esto anuló los mecanismos de control, fiscalización y desembolso progresivo obligatorios para este tipo de fondos públicos.
La investigación detectó la compra de computadoras y calzado sin registros de beneficiarios, con más de 4 millones de lempiras sin liquidación documental y computadoras sin firmas institucionales de recepción.
La ONG presentó documentos incompletos, dificultando identificar a los beneficiarios finales de los proyectos ejecutados. Una gran parte de los equipos tecnológicos fue recibida directamente en las oficinas de Sedesol, sin evidencia de entrega a estudiantes.
