La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles la presunta existencia de un esquema de corrupción y opacidad en el manejo de más de 113 millones de lempiras transferidos por el Estado a una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD), durante la administración anterior.
De acuerdo con la investigación de auditoría social presentada por la ASJ, los fondos habrían sido canalizados a través de múltiples convenios firmados con la organización Jóvenes Metas, lo que habría permitido ejecutar compras de bienes y servicios fuera de los mecanismos de licitación establecidos en la ley.
La organización señaló que el monto investigado asciende a L 113,401,824.00, recursos que habrían sido ejecutados mediante al menos diez convenios suscritos con instituciones del sector social como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el programa Red Solidaria.
Según el informe, la ONGD, originalmente constituida en 2017 en La Ceiba para proyectos de formación juvenil, arte y cultura, habría sido utilizada posteriormente como una entidad “multirrubro” para la compra de insumos diversos como alimentos, juguetes, estufas industriales, calzado y equipos tecnológicos.
La ASJ sostiene que el 90% de los convenios analizados habrían operado fuera del marco legal, con el objetivo de evitar procesos de licitación pública contemplados en la Ley de Contratación del Estado.
Otro de los señalamientos del informe apunta a la modalidad de desembolso utilizada, ya que en 9 de los 10 convenios se habría realizado el pago del 100% de los fondos en una sola transferencia, lo que, según la organización, habría limitado los controles y la fiscalización del uso de los recursos.
Uno de los casos más relevantes expuestos por la ASJ corresponde a un convenio de 27 millones de lempiras, destinado a la adquisición de más de mil computadoras portátiles y cientos de pares de calzado para estudiantes.
En ese caso, la investigación señala un posible conflicto de interés, ya que el dictamen técnico favorable habría sido emitido por el entonces titular de Sedesol, quien también fungía como director ad honorem del programa Becas Solidarias, estructura vinculada a la ejecución del proyecto.
La ASJ también reporta inconsistencias en la entrega de bienes, como computadoras y calzado, donde no existirían registros completos de beneficiarios ni documentación suficiente que respalde la distribución final de los productos.
En otro convenio de 12.2 millones de lempiras, destinado a apoyar a mujeres emprendedoras con tecnología y equipo productivo, el informe indica que gran parte de los bienes habría sido concentrada en un solo departamento, además de detectar actas de recepción firmadas en condiciones irregulares.
Presentación de la denuncia pública de corrupción: La red de la ONGD multirubros https://t.co/uyuaMHOm4M
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) June 10, 2026
Asimismo, la investigación señala la asignación de estufas industriales y otros insumos en zonas específicas, incluyendo casos donde los bienes habrían sido entregados a personas no contempladas en los perfiles de beneficiarios establecidos en los proyectos.
El informe también advierte que una parte de los fondos, equivalente a más de 4 millones de lempiras, no habría sido liquidada, mientras que otros recursos presentan liquidaciones incompletas o inconsistencias administrativas.
La ASJ afirmó que varias liquidaciones fueron presentadas en los últimos días de la gestión anterior, lo que podría evidenciar un intento de cierre administrativo acelerado para justificar el uso de los recursos.
Ante estos señalamientos, la organización exhortó al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público a iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades civiles y penales, y pidió revisar el uso de convenios con ONGD como mecanismo de ejecución de fondos públicos.
