El contenido de esas leyes es similar en esos tres países, “pues todas consisten en la combinación de restricciones financieras, monitoreo de los beneficiarios y donantes, obstáculos en el registro de las organizaciones, lenguaje ambiguo y la criminalización de las OSC y sus miembros, al igual que el poder de clausurar cualquiera de estas a voluntad”, puntualizó.
