Diputados pidieron millones para proyectos que no se han realizado

San Pedro Sula, Honduras.

Entre los años 2023 y 2024 fluyeron grandes montos desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de una partida presupuestaria que maneja el Congreso Nacional. Los fondos, gestionados por diputados, principalmente del partido Libertad y Refundación (Libre), fueron presentados ante la opinión pública de sus departamentos como un esfuerzo por llevar desarrollo a las comunidades.

Según los congresistas, el dinero se destinaría a la ejecución de obras en barrios, colonias y sectores de distintos municipios, donde las necesidades más apremiantes esperaban respuesta desde hacía años.

Durante ese período, en los proyectos presentados se incluyó una serie de obras catalogadas como necesarias o prioritarias.

Se habló de mejoras en la iluminación de campos de fútbol, lo cual prometía no solo mantener actividades deportivas locales, sino también generar espacios de encuentro ciudadano.

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Asimismo se planificó pavimento de concreto hidráulico en accesos y calles, con la promesa de soluciones duraderas frente a las temporadas lluviosas. En otros casos se contempló la construcción e instalación de techos en estructuras comunitarias, como escuelas, centros de reunión o viviendas familiares para sus habitantes.

La reparación de casas también formó parte del paquete, ofreciendo subsanar daños estructurales o filtraciones. Por último se incluyó la instalación de cajas puente, infraestructuras hechas para el cruce de pequeñas corrientes o zanjas que dificultan el tránsito; entre otros proyectos sociales.

En conjunto, estas iniciativas apuntaban, en la versión oficial, a mejorar la calidad de vida local con obras visibles y de impacto en barrios, colonias y aldeas de los municipios.

Al realizar recorridos in situ en 16 puntos diferentes de Cortés y Santa Bárbara, LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus constataron una realidad distinta a la plasmada en los datos consignados. En algunos lugares visitados las obras prometidas siguen siendo solo palabras, sin que haya ni siquiera rastro de movimiento de tierra, mientras que en otros apenas hace unas semanas arrancaron los trabajos, en medio de la presión a raíz del escándalo dentro de Sedesol.

Estos fondos fueron aprobados como ayudas comunitarias, un mecanismo que ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por su opacidad y la limitada supervisión de su ejecución real, por lo que lejos de garantizar transparencia, este modelo deja amplios márgenes para la discrecionalidad y el desvío de recursos.

Una investigación en conjunto de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus reveló que entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Gobernación se transfirieron más de 150 millones de lempiras a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de reciente creación, poca trayectoria y vínculadas al círculo de Libre.

Entre los diputados que gestionaron estos dineros figuran varios nombres reconocidos, todos con fuerte influencia en sus respectivos departamentos.

Uno de ellos solicitó 1.8 millones de lempiras para supuestos proyectos de iluminación en barrios, colonias, aldeas y canchas deportivas del departamento de Cortés, sin precisar los lugares. Otro gestionó 1.35 millones de lempiras para la construcción de un pavimento hidráulico en la colonia San Antonio, en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula.

De acuerdo con los plazos establecidos, estos proyectos debían haberse concluido poco tiempo después de la aprobación y liberación de los recursos públicos, pero la realidad en terreno pinta un panorama diferente.

La pregunta que queda flotando es: ¿quién verifica estas obras? Este no es el primer caso de dinero gestionado por diputados que termina sin fiscalización adecuada, la historia reciente de Honduras está marcada por programas como el extinto Fondo Departamental y la Red Solidaria, convertidos en botín político antes de cada campaña. La diferencia ahora es que los acuerdos son más opacos, los contratos y desembolsos menos privados y la ciudadanía más desconfiada.

Uno de los lugares a los cuales se llegó es la colonia 15 de Septiembre, en el municipio de San Manuel, Cortés, en el bulevar del este, hacia donde se transfirió un total de 998,363 lempiras para la construcción de un pavimento hidráulico.

Este recurso fue gestionado por la diputada oficialista Scherly Melissa Arriaga, en conjunto con una organización no gubernamental llamada Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), una de las organizaciones favorecidas por los diputados. Recibió unos L75 millones entre 2023 y 2024.

Al entrar llamó la atención un cartel político que da la bienvenida a los visitantes. Sobre este aparecen las imágenes de la presidenta Xiomara Castro, los diputados Héctor Aguilar e Iris Pineda, y el alcalde Arturo Castro. Sus nombres están presentes porque en ese punto se realizó un proyecto de adoquinado, que resulta ser lo único concluido de ese tipo en toda la zona.

Una joven encargada de una pulpería cercana afirmó que, en realidad, no se ha realizado ningún pavimento reciente. Esta información se confirmó al constatar que la obra prometida para la cual se destinó el dinero, simplemente no existe.

Muy lejos de los espacios urbanos, tras avanzar entre el cemento y las montañas que rodean el occidente hondureño, se encuentra el barrio El Centro, en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Aquí, el legislador Ángel Adelso Reyes se comprometió a conseguir fondos para la construcción de 50 metros de pavimento de concreto hidráulico.

El monto aprobado y desembolsado para esta obra fue de 500,000 lempiras, pero al realizar la inspección en terreno no se encontró rastro alguno de la pavimentación anunciada.

Hubo testimonios espontáneos de vecinos que expresaron confusión, escepticismo y hasta resignación frente a los proyectos que ya debieron haberse concretado.

Un residente, al ser consultado inicialmente sobre la ubicación del barrio del Centro, indicó que el área había quedado atrás, y que no recordaba ningún proyecto de pavimentación en esa zona durante el último año.

Otros pobladores relataron que unas calles cerca del parque central fueron pavimentadas hace aproximadamente un mes, pero aclararon que la obra fue gestionada por la alcaldía, no por ningún diputado.

Héctor David Rodríguez, un transportista que trabaja en la zona, fue más tajante: “Aquí en el barrio no han hecho nada, lo único que se hizo el año pasado fueron dos bahías frente a la escuela, pero de pavimento hidráulico, nada, esa supuesta obra de 50 metros nunca se ha visto".

Respecto al manejo de fondos por parte de grupos políticos, su postura fue crítica al indicar que “los diputados se quedan en lo ficticio, prometen y no cumplen, por eso pelean por esos puestos, pero a la hora de ayudar al pueblo no les importa, aquí la gente ni se entera de los millones que supuestamente vienen".

A pesar de su disposición a hablar dejó en claro que prefería mantenerse al margen de polémicas. “Es mejor no señalar a nadie, en estos tiempos es mejor quedarse callado, pero sí le digo que aquí no se ha hecho nada de eso que dicen”, agregó.

El caso de Pinalejo no es aislado, al contrario, forma parte de un patrón amplio de obras prometidas y financiadas con fondos públicos que en ciertos casos no se materializaron.

Detrás de varias de estas iniciativas se encuentran organizaciones no gubernamentales que en lugar de operar con criterios técnicos y transparencia, han funcionado como vehículos para canalizar recursos estatales.

Organizaciones como Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias recibieron millonarias transferencias del Estado durante los últimos años. Estas ONG, creadas entre 2021 y 2024, y sin experiencia en proyectos de infraestructura, han sido dirigidas por personas con nexos al Gobierno o al Partido Libre

De acuerdo con investigaciones, AMO fue constituida por Linda María Ordóñez, exjefa de Recursos Humanos de Copeco y exdirectora adjunta de la Dirección General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad (IP). Por su parte, MUE, presidida por Bessy Jeanette Ramírez Montoya, quien, aunque no figura como funcionaria actual, aparece registrada en el censo actualizado de Libre.

Asociación Manos a la Obra, por ejemplo, en 2023 ya operaba, aunque sin personería jurídica. En tanto, Mujeres Unidas Extraordinarias, en 2024 recibió financiamiento de al menos 14 diputados entre Cortés, Choluteca, Yoro, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Atlántida y Santa Bárbara, sumando decenas de millones de lempiras.

AMO obtuvo fondos públicos en 2023 sin estar legalmente constituida y en 2024 continuó recibiendo asignaciones presupuestarias para departamentos como Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso, Cortés, Colón, Lempira, Intibucá, La Paz y municipios de Francisco Morazán.

Entre los proyectos a ejecutar estaban pavimentaciones, techos sociales, entregas de kits, iluminación y obras educativas en departamentos como Atlántida, Cortés, Choluteca, Yoro, La Paz, Olancho, Santa Bárbara y Francisco Morazán.

Diputados como Scherly Arriaga, Netzer Mejía, Rigoberto Miranda y Marco Eliud Girón canalizaron los montos más altos. Varias de las obras quedaron incompletas o no se ejecutaron, mientras las ONG crecieron rápidamente en influencia y fondos, sin rendición de cuentas.

Estas operaciones financieras canalizadas principalmente a través de ONGs con nexos políticos y sin mecanismos claros de fiscalización, generan preocupación entre autoridades locales.

Darío Pacheco, alcalde de Libre en Quimistán, Santa Bárbara, advirtió que este tipo de proyectos suele aprobarse fuera de los procesos regulares de los gobiernos municipales, dificultando el control y la transparencia en su ejecución.

Pacheco manifestó que, “de hecho, pasa por la aprobación de la corporación municipal cualquier proyecto de financiación de presupuesto, y cuando llega a las alcaldías, ese es un presupuesto extra a lo que ya se tiene”.

Según explicó, estos fondos adicionales son esenciales para cubrir necesidades comunitarias que no se logran solventar con el presupuesto regular de los gobiernos locales.

“Recibimos todo lo que sea para avanzar en las necesidades de las comunidades y que se sabe no se podrán cubrir con los presupuestos de los gobiernos locales. En Quimistán tenemos una dinámica especial respecto de la transparencia, firmamos un convenio con el Consejo Nacional Anticorrupción e incluso nos ayudan en la revisión de contratos y de procesos de licitación, nos acompañan de manera permanente”, externó el edil.

Pacheco aseguró, que en su caso como alcalde, no está vinculado a los procesos de contratación, salvo en la autorización de los contratos. “Todos los procesos arriba de 100,000 lempiras que no son compras menores, en la alcaldía de Quimistán se hacen a través de ese proceso de contratación.”, afirmó.

A su criterio, los diputados deben enfocarse en legislar, mientras que “el Poder Ejecutivo, a través de las distintas secretarías de Estado”, debe encargarse de atender “las necesidades que los gobiernos locales no pueden porque se ven excedidos en su presupuesto”.

La experiencia de Quimistán contrasta con la realidad en otros municipios donde los procesos no siempre siguen los mismos estándares de transparencia ni de coordinación institucional. En Omoa, por ejemplo, las cosas se manejan de forma distinta, según su alcalde nacionalista Ricardo Alvarado.

El funcionario afirmó que como municipalidad no tienen ninguna relación directa con los diputados. "Aquí, cuando han venido no se dirigen a la municipalidad, sino a sus regidores", apuntó.

El edil expresó su preocupación por la forma en que se realizan ciertos proyectos en los municipios: “Hay diputados que inventan sobre lo que se va a hacer y patronatos que piden no sé qué... a veces ni cuentan con personería jurídica, y eso no es legal. Todas las transacciones que hacen no sé cómo es posible, porque por la municipalidad no pasan, tendría que, obligatoriamente, ser aprobado en las alcaldías”, añadió.

Alvarado fue enfático al señalar que en ocasiones el dinero sí entra, pero con procesos viciados desde el origen: “Se tiene que liquidar sobre el dinero que se dio, ocurre a veces que el dinero lo ponen en la municipalidad, pero el contratista ya viene de parte de ellos, entonces, solo lo introducen a la municipalidad y se saca para ellos”, exclamó.

Para el alcalde, esto representa un “grave problema”, ya que la falta de supervisión de una unidad técnica municipal limita el control que la alcaldía pueda llegar a tener sobre las obras: “Si no hay supervisión de la unidad técnica municipal no se tiene responsabilidad de X proyecto, porque no pasa por la alcaldía. Esta unidad debe estar encima de la supervisión, pero como el proyecto lo hacen ellos y hasta ellos lo inauguran, nosotros muchas veces...”, comentó, dejando la frase inconclusa, como reflejo de la frustración.

Alvarado cuestionó los objetivos de este tipo de financiamiento. “Pienso que la finalidad de ese fondo a través de ciertos diputados es hacer campaña política y abierta. El alcalde es el representante legal del Gobierno en un municipio, y según la ley se nos debe tomar en cuenta en todas las acciones. A mí no me molesta si algo se hace y es de satisfacción para la comunidad, si es así es bienvenido”, concluyó.

Una percepción similar comparte Wálter Perdomo, alcalde de Villanueva, por el Partido Liberal, quien también ha sido testigo de cómo los diputados gestionan y ejecutan proyectos al margen de los gobiernos locales, muchas veces utilizando ONGs o patronatos como intermediarios.

Recordó cómo hay diputados que llegan a los municipios y ejecutan obras sin que los alcaldes se enteren. "Si esos fondos no pasan por procesos de auditoría municipal es muy difícil saber cómo se administraron, ese es uno de los principales problemas que está ocurriendo”, sostuvo.

Perdomo explicó que el procedimiento adecuado inicia con la intervención del alcalde, quien acude a la Secretaría de Gobernación para firmar un convenio que ha sido gestionado por el diputado con dicha secretaría, el gobierno central y el gobierno local, para la ejecución de los fondos.

“Lo que se debe hacer es que todos los recursos pasen por un proceso de auditoría y se alineen con las normativas de contratación del Estado, siempre que sean administrados por los gobiernos locales, es decir, por los alcaldes”, aclaró.

“Me ha sucedido que un diputado llega y ejecuta una obra directamente con el patronato, pero ¿qué ocurre entonces? Esa obra no cuenta con especificaciones técnicas, ni controles de calidad, ni auditoría, porque se trata de una gestión entre el diputado y el patronato", cuestionó.

El edil comentó que ejecutar correctamente los recursos no solo protege a la comunidad, sino también al diputado, en cambio, cuando se hacen acuerdos con organizaciones de la sociedad civil sin involucrar a las autoridades locales se pierde esa garantía. “Cuando los fondos ingresan a las finanzas municipales esa es la gran ventaja para el diputado, que están bien auditados y no van a presentar ningún problema”, afirmó.

Mencionó, además, que la verdadera dificultad surge cuando el Estado no participa en el proceso. “Algunas obras pueden tener contratiempos, sí, pero el problema mayor es cuando los recursos se manejan sin supervisión de instituciones estatales, allí sí hay conflictos porque no pasan por auditoría ni controles de calidad. Eso permite que se construyan obras de mala calidad al mismo precio que una ejecutada por el gobierno local con alta calidad”, apuntó.

En un contexto de cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos destinados a obras comunitarias, el vicealcalde de Choloma por Libre, Juan Ramón Molina, compartió su perspectiva sobre el rol de las municipalidades y la intervención de diputados en la gestión de proyectos a través de ONGs y patronatos.

Subrayó que, hasta el momento, no conocen como municipalidad, de proyectos que no se hayan ejecutado en su municipio, al menos desde su gestión.

Consultado sobre la práctica de gestionar proyectos a través de patronatos u ONG, el funcionario destacó que la alcaldía actúa como veedora. “Venimos, recibimos solicitudes de los patronatos y verificamos que dentro de nuestros rincones presupuestarios podamos ejecutar una obra, si no, buscamos alternativas, pueden ser instituciones del Gobierno”, manifestó.

El vicealcalde explicó que, cuando los diputados informan a la alcaldía sobre montos disponibles, se procede con una planificación técnica. “Nos dicen los diputados: ´El monto para tal municipio, del Congreso Nacional, va a ser de...´ entonces, venimos, priorizamos, verificamos que el proyecto sea viable para toda la comunidad y hacemos todo el perfil", añadió.

En cuanto al proceso a través de instituciones no estatales, Molina reconoció la debilidad del mecanismo: “Sí, claro que sí”, respondió ante la consulta sobre si considera que la gestión mediante ONGs puede facilitar desvío de fondos, al tiempo que recalcó que, cuando los proyectos no pasan por la municipalidad se debilita el proceso de auditoría y control.

Sin embargo, en Choloma, aseguró, esa modalidad ha sido mínima o inexistente durante estos últimos años. “En el municipio de Choloma hasta ahora tenemos un caso, todos los demás fondos han sido transferidos a la municipalidad, se hace el proceso de adjudicación y supervisamos todos los proyectos”, dijo.

En cuanto a la ejecución, afirmó que hay un seguimiento cercano: “Vamos a la zona donde hay un determinado proyecto y verificamos que se realice a cabalidad, con materiales de buena calidad y con todo lo de ley".

Al preguntársele sobre qué diputados han gestionado fondos para Choloma, fue categórico al exponer que “los únicos que han apoyado han sido los diputados de Libre, mientras que de otros partidos, que veo que también supuestamente han manejado fondos departamentales, no han llegado con proyectos al municipio de Choloma".