Diputados inician a la carrera obras por las que habían conseguido millones

A más de un mes del escándalo de supuesta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que habría involucrado la desviación de fondos públicos y la falta de transparencia en la asignación de recursos para obras, ha habido una reacción rápida y calculada por parte de múltiples diputados del Congreso Nacional en su afán de mitigar el impacto negativo en su imagen política, demostrar “eficiencia” ante la población y evitar responsabilidades civiles y penales.

De acuerdo con indagaciones periodísticas, numerosos legisladores se volcaron a levantar obras públicas por las cuales habían gestionado desde hacía uno o dos años y se habían desembolsado grandes cantidades de dinero.

Esta estrategia despierta dudas sobre la verdadera intención y el ritmo real de ejecución de las obras, especialmente en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, donde se pudo constatar a través de recorridos realizados por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, que varias obras apenas cuentan con unas semanas o un mes de trabajo.

La filtración del escándalo en Sedesol con denuncias de manejo irregular de fondos y contratos amañados ha puesto a los diputados, principalmente del Partido Libre, en el ojo del huracán. Ante la presión mediática y la indignación pública, estos funcionarios han acelerado su agenda para “mostrar resultados” a través de obras de desarrollo que tuvieron que haberse ejecutado desde hace mucho tiempo.

Las visitas de campo revelaron que hay proyectos que están en fases iniciales, con avances que no corresponden al tiempo transcurrido desde que fueron anunciadas y aprobados los fondos.

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El estadio municipal de San Nicolás, Santa Bárbara, ha sido objeto de doble asignación de fondos públicos para la construcción de sus graderías. Se aprobó un fondo de 650,000 lempiras para esto a través del diputado Cristian de Jesús Hernández y la ong Asociación Manos a la Obra (una organización prácticamente desconocida).

De forma paralela, en una segunda fase se aprobó 50,0000 lempiras, esta vez a través de la diputada Betty Elizabeth Rivera, destinados al mismo propósito.

Cuando se llegó a la zona se observó un ambiente tranquilo y se sentía el latir cotidiano de la comunidad san nicolense. En un acercamiento al parque central, don Abelino Reyes, un agricultor del lugar, accedió a conversar y con sinceridad contó su sentir sobre la gestión local.

“He visto que la señora alcaldesa ha descuidado muchas calles del municipio, especialmente las de tierra en las partes altas y cerros, tampoco en el centro se ha avanzado mucho, aunque ya tiene 12 años en el cargo", comentó.

Don Abelino, con su sencillez y honestidad dejó claro el sentir de muchos. “Ojalá los alcaldes y diputados hagan lo que deben, conviertan los recursos en proyectos reales para San Nicolás y no en promesas que no se cumplen", mencionó.

Sobre el papel de los diputados, considera que algunos sí han apoyado, especialmente uno del Partido Libre, que impulsó un proyecto de pavimentación durante este año, pero cree que el progreso debería ser más visible.

Héctor, uno de los obreros que trabaja en la construcción, explicó que la corporación municipal, en coordinación con diputados, son los responsables de esta obra.

“Estamos haciendo siete graderías”, detalló mientras mostraba las bases y el hierro que ya han instalado. Esta obra comenzó hace aproximadamente un mes y aún no tenían claro cuánto tiempo tomaría terminarla.

Personal de la Municipalidad manifestó que la alcaldesa se encontraba fuera del país, pero que la construcción estaba siendo financiada tanto por la alcaldía en un 50%, como por la diputada Rivera, quien había gestionado dinero.

A cientos de kilómetros de San Nicolás, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, se repite una dinámica similar. Hasta hace un mes comenzaron a trabajar el techo para el cual había prometido conseguir fondos la diputada Scherly Arriaga.

Para esta construcción se destinó 999,991 lempiras, teniendo como unidad ejecutora a la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias, una organización creada de forma sospechosa por personas vinculadas al mismo partido político.

Bajo el intenso sol del mediodía y entre el bullicio habitual de los estudiantes aún se levantaba esta estructura metálica en el centro educativo. A simple vista, la obra parecía avanzar sin contratiempos, pero al indagar surgieron las preguntas que, hasta entonces, nadie pudo responder con claridad.

“Empezaron hace como un mes”, contó una venedora que se encontraba en el lugar, "dicen que para finales de agosto ya estará terminado", añadió. Nadie mencionó que la obra estaba siendo ejecutada por una organización no gubernamental, tampoco tienen certeza de este nombre.

Las pistas condujeron también a un hombre que supervisaba a varios trabajadores, pero al ser abordado no se obtuvo mayor información. En el lugar no se encontraba la directora del centro educativo, y el personal presente admitió no tener detalles sobre el origen de los fondos o los términos del proyecto. “Solo estoy de asistente hoy”, se excusó una de las empleadas.

Esta construcción se suma a una serie de proyectos escolares anunciados hace tiempo atrás por diputados, muchos de los cuales son canalizados a través de ONGs. Como ha ocurrido en otros municipios del país, las comunidades rara vez tienen claridad sobre el manejo de los recursos, los contratos ejecutores o las responsabilidades asumidas por los entes involucrados.

La gestión de recursos públicos a través de organizaciones cuestionadas no se limita al sector educativo, casos similares se observan en el ámbito de la salud pública, como ocurre en el hospital de área de Puerto Cortés, donde figura el nombre de la diputada Scherly Arriaga. Esta congresista gestionó 942,157 lempiras con la finalidad de construir y ampliar la sala pediátrica.

En este centro donde circulan a diario pacientes, trabajadores y vehículos que entran y salen, se levanta una pequeña estructura en obra gris que parece una ampliación menor, casi imperceptible entre el resto del edificio.

Esta construcción ocupa apenas un cuadro de terreno. Según se conoció, la construcción inició hace menos de tres semanas.

"No sé, parece que es la del cartel que está allí", respondió un trabajador, apuntando a una pancarta que anuncia nombres de las personas que están participando en el proyecto.

La obra que forma parte de un proyecto de ampliación del hospital, fue una de las gestionadas con fondos públicos durante años recientes. Esta construcción de unos cinco por cuatro metros se esperaba fuera terminada en el mes de julio.

El analista Eduardo Facussé compartió su visión sobre esta problemática, señalando las debilidades estructurales del sistema y el uso político de los recursos.

Comenzó recordando que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo están limitados para actuar directamente contra los diputados. “Sería el Poder Judicial el que debe actuar con acusaciones fundamentadas y juicios, el castigo debe venir de allí”, subrayó.

Sobre quién debería manejar los recursos destinados a obras, Facussé fue claro: “Las alcaldías, porque el resto de la gente no supervisa y no hay control, esto ocurre porque nadie rinde cuentas, y para mí ha sido una sorpresa que esto salga a la luz pública”.

Aun así, reconoció que pudo haber existido una buena intención al permitir que los diputados gestionaran fondos para sus comunidades. “Creo que originalmente se creó con la buena intención porque los pueblos reclamaban necesidades y los diputados estaban en contacto directo con ellos, pero la buena intención no basta, aquí no hay supervisión en absoluto, entonces, la gente dispone del dinero sin rendir cuentas", ironizó.

El analista no escatimó críticas al señalar que “hay entidades que supuestamente auditan, pero son totalmente ineficaces. El Tribunal Superior de Cuentas, por ejemplo, solo se dedica a mirar que le dieron la plata a tal persona y que la gastó, pero sin un verdadero control, es un armatoste inútil, no sé de algo que hayan hecho que haya servido al país”.

Aseguró que el problema es sistémico, ya que “la misma gente del Gobierno no quiere que existan instituciones fuertes de control”.

Facussé enfatizó que un partido político no debería ser vehículo para la distribución de recursos del Estado. “El dinero no se le debe dar a los partidos para movilizar gente o como ayuda a la democracia, aquí no hay distinción entre fondo público y voto departamental, el diseño del Gobierno facilita que estas cosas ocurran”, cuestionó.

Al mismo tiempo, con lamento, aseveró no hay penalidades reales para estas acciones, y que mientras no haya consecuencias, el abuso seguirá ocurriendo.

El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, calificó este caso como “Pandora recargado”, al referirse al uso que algunos congresistas han hecho de los recursos estatales y al rol de organizaciones no gubernamentales en la ejecución de obras que no siempre se concretan.

“Debe quedar claro que esa no es nuestra función, aunque en la práctica es legal, porque el Fondo Departamental sigue vigente, vivito y coleando, no es la función de un legislador ejecutar obras. Lo que se eliminó en 2019 fue el decreto 116-2019, que era la auditoría de este, pero los diputados continúan utilizando estos fondos para hacer proselitismo político, financiar campañas y en el peor de los casos, las obras ni siquiera se llevan a cabo”, especificó.

Para Umaña, se necesita una profunda investigación. “Esa es una de las razones por las que algunos sectores de oposición no querían que viniera la Maccih, porque uno de los primeros rubros que se iba a auditar era este fondo, donde hay muchas situaciones anómalas”, comentó.

“Muchos crearon ONGs a través de amigos cercanos al Gobierno, esto es como Pandora, pero peor, a sabiendas de lo que representó ese escándalo, ahora lo están repitiendo desde otro partido. Es, literalmente Pandora recargado, se ve bonito el nombre, pero la realidad es terrible”, dijo, con sarcasmo, asegurando, además, que muchos de estos fondos se usan para campañas y movilizaciones políticas.

Declaró que quienes deben gestionar este dinero para los municipios son las alcaldías. "Para eso es la municipalización de los recursos, nadie más debería manejar estos fondos, solo el Poder Ejecutivo, con asignación presupuestaria, y ojo, también los alcaldes deben ser auditados rigurosamente para garantizar que esos fondos lleguen a donde deben”, expuso.

El diputado nacionalista Tomás Zambrano se pronunció de forma crítica sobre la administración de fondos públicos durante el actual período legislativo, señalando directamente al partido oficialista.

“Libre en la gestión de los fondos públicos durante estos cuatro años, ha carecido de transparencia y de rendición de cuentas, lo que ha buscado es no darle cuentas al pueblo hondureño”, expresó Zambrano, al referirse a la supuesta eliminación de controles para el uso de recursos.

Según el congresista, el oficialismo habría suprimido mecanismos que garantizaban la fiscalización directa. “Ha eliminado lo que era un decreto especial de fiscalización de los fondos públicos que gestionaban los diputados y que le daba una atribución directa al Tribunal de Cuentas para auditar los recursos que gestionaban los diputados en proyectos en cada uno de sus departamentos”, sostuvo.

Zambrano lamentó que en la actualidad “no haya auditoría del Congreso, ni de organizaciones de sociedad civil, ni del Tribunal, que esperamos que haga su labor en estos proyectos”.

También recordó casos recientes que, según él, evidencian irregularidades. “Está el caso de Copán, un gran escándalo que ha sucedido en ese departamento con esos cheques y con proyectos no terminados”, denunció.

Para el diputado, la forma de actuar del actual gobierno responde a un patrón político. “Y lo hemos dicho, las mismas diligencias de investigación van a determinar que este es el modo operandi de los entes del Gobierno en los 18 departamentos del país, para únicamente hacer campañas políticas”.

Zambrano subrayó la necesidad de establecer reglas claras para el uso de los fondos gestionados por legisladores. “Los mecanismos de control son necesarios para todos los proyectos y más para los recursos que gestionen los diputados”, dijo.

También considera que cada parlamentario debería informar con claridad sobre sus gestiones: “Cada diputado tendría que hacer público qué es lo que gestionó, a quién le ayudó y a dónde llegaron cada una de las ayudas, que en todo caso tiene que ser en los portales de transparencia del mismo Congreso".

Mirando al futuro, expresó que espera que el próximo Congreso se comprometa con mayor claridad. “Ojalá en el próximo Congreso tengamos la tarea de transparentar todos los recursos y proyectos que se manejan", puntualizó.

El legislador también aclaró que, en lo personal, no ha recibido fondos del Ejecutivo para proyectos. “Es obligación del diputado si hace una gestión, darle continuidad y seguimiento para poder llevar la certeza que los proyectos se llevan a cabo. En este Gobierno, personalmente, no gestiono proyectos porque no recibo ni subvenciones”, aseguró. En cambio, enfatizó, “las ayudas que doy son de mis recursos, de mi sueldo y de mis ingresos privados”.

Hizo una reflexión sobre la imagen que la población tiene del diputado hondureño. “En Honduras habría que cambiar la percepción y la idea que tiene el pueblo y la gente de los diputados, nos miran más como un gestor de ayudas y proyectos que colabora al desarrollo de las comunidades, que un legislador”, concluyó.

Por su parte, el Ministerio Público abrió esta semana un expediente de oficio para determinar si inicia un proceso de investigación sobre la red de ONGs que recibió más de 150 millones de lempiras para ejectar proyectos.

Analistas coincidieron que, para erradicar estas prácticas nocivas, es indispensable la ejecución de auditorías in situ y forenses que permitan revisar minuciosamente la documentación y verificar físicamente el avance real de las obras. Para lograrlo se requiere una estructura sólida de supervisión, la cual, aunque factible, solo puede funcionar si va acompañada de voluntad política.

Los constantes retrasos en la ejecución de obras, a pesar de que los desembolsos fueron aprobados y concretados con suficiente anticipación, resultan injustificables. Esta situación, según advirtieron expertos, refleja una distorsión de la función legislativa, lo que ha derivado en una pérdida de control en el uso de los fondos públicos.

Como parte de las soluciones planteadas por los entrevistados, se propone devolver el enfoque institucional al manejo de estos recursos, evitando que se utilicen como herramienta política y devolver así su verdadero propósito, que es convertirse en motores de desarrollo para los municipios.