"Cossette y Hall tienen la razón: actas con inconsistencias deben revisarse": Augusto Aguilar

La ya frágil confianza ciudadana en los procesos electorales de Honduras vuelve a tambalearse ante un escenario que desnuda divisiones, sospechas y maniobras que amenazan con enturbiar el camino hacia las próximas elecciones generales del 30 de noviembre.

Esta vez, el foco está puesto en Consejo Nacional Electoral (CNE) y el intento de eliminar un filtro esencial que permite revisar las actas con inconsistencias antes de incorporarlas al cómputo oficial.

En los últimos días, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López defendieron la verificación humana como una salvaguarda mínima para blindar la voluntad popular. Su argumento se apoya en que ningún sistema automatizado, por moderno que sea, puede reemplazar los ojos y la auditoría de los actores humanos.

Esta medida busca que, después de que la Junta Receptora de Votos (JRV) firme y apruebe el acta, esta sea escaneada y revisada con una herramienta de inteligencia artificial que convierte los números escritos a mano en datos digitales.

Solo cuando la tecnología detecte dudas o errores, la junta podrá corregirlos antes de enviar la información al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los partidos políticos.

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Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa, representante del partido Libre, encabeza la resistencia a este mecanismo de control, denunciando que la revisión abre la puerta a supuestas “intromisiones” que, asegura, ya facilitaron fraudes en 2013 y 2017.

LA PRENSA Premium conversó con varios expertos, quienes coinciden en que la maniobra de Ochoa —abstenerse de someterse a la votación del pleno y bloquear la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)— responde a una estrategia calculada que es debilitar los candados institucionales que previenen la manipulación de resultados.

Lester Ramírez, analista e investigador, no dudó en señalar que la revisión humana no solo es necesaria, sino que históricamente ha evitado conflictos postelectorales.

“Concuerdo con lo que dicen las consejeras, así siempre se ha hecho. Siempre tiene que haber un ojo humano. Hay un montón de problemas siempre en el cómputo de las actas y por eso existe la revisión central. Además, así se garantiza el derecho de los candidatos a impugnar cuando detectan irregularidades”, explicó Ramírez.

"Lo que quiere Marlon Ochoa también es quitarles el derecho a los candidatos a que impugnen, especialmente cuando hay irregularidades. Por eso es mejor utilizar el mecanismo que se viene dando, además. Todo proceso automatizado necesita la verificación humana e igual todos los partidos ahí van a estar verificando, no es que van a dejar al Partido Libre afuera de la verificación", agregó.

Según el experto, los sistemas utilizados en otros países siempre contemplan una verificación humana al momento de publicar los resultados, ya que cuando los datos no cuadran surge la desconfianza y denuncia de manipulación de actas.

Por eso advirtió que eliminar este control previo representa un riesgo enorme para la credibilidad del proceso electoral

En la misma línea estuvo el analista político e historiador, Juan Ramón Martínez, quien mencionó que lo que está en juego es un procedimiento técnico y la legitimidad de la voluntad popular.

“Ellas están en lo correcto. La ley las obliga a ofrecer datos fiables. Quienes se oponen es porque pretenden introducir resultados falsos, engañar a la ciudadanía e imponer sobre la soberanía popular su plan de retener el poder. Es seguir haciéndole daño a Honduras", expresó.

El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, sostuvo que la ley es clara al enfatizar que la transmisión de resultados es preliminar, pero el conteo oficial se hace con las actas originales de cierre.

"Si las actas originales que lleguen al organismo electoral existen algunas irregulares, entonces esas se pueden llevar a un escrutinio especial, pero siempre los que hagan ese escrutinio estarán integrados en la misma forma que las Juntas Receptoras de Votos (JRV)", dijo en Telenoticias Estelar.

Y es que según el artículo 280 de la Ley Electoral, los resultados de las actas de cierre que cada Junta Receptora de Votos transmite y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publica el mismo día de las elecciones tienen carácter estrictamente preliminar.

Esto significa que su única función es mantener informada a la ciudadanía sobre los resultados parciales de la votación, pero no sustituyen el escrutinio oficial, que se realiza con las actas físicas originales para validar y declarar los resultados definitivos.

Sobre la disputa de los consejeros, Aguilar subrayó que de acuerdo a la ley las resoluciones que se tomen serán por la mayoría de votos, es decir, a la que han llegado López y Hall, quienes están atendiendo lo que manda la Ley Electoral.

"Los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben tomarse en Sesión del Pleno de consejeros, por mayoría de votos", menciona el artículo 20 de la Ley Electoral.

Además, según el artículo 267 de la Ley Electoral, "el escrutinio en las JRV es de carácter público y cualquier ciudadano tiene derecho a presenciarlo. Para hacerlo, debe cumplir ciertas normas: no puede obstaculizar ni interferir con las funciones de los delegados de la Junta, debe mantenerse a una distancia mínima de cuatro metros asegurando buena visibilidad y audición, abstenerse de realizar cualquier tipo de proselitismo y evitar manifestarse en contra de las autoridades electorales".

Desde sociedad civil, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) levantó la voz ante el clima de tensión que rodea el proceso electoral del próximo 30 de noviembre.

Carlos Hernández, director de la ASJ, manifestó que hay una preocupación real porque el ambiente se ha vuelto “muy polarizado”, con posiciones “casi irreconciliables” dentro del CNE.

"Esto está poniendo el proceso en una situación súper compleja. Nuestro llamado es al diálogo, pero también al liderazgo de los partidos políticos. Les pedimos madurez y sensatez para tratar de encontrar una vía que nos permita asegurar que tendremos elecciones transparentes cumpliendo lo que dice la ley con el sistema de transmisión de resultados y la biometría y asegurando que el resultado va a garantizar y a respetar la voluntad del pueblo hondureño", expresó.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también advirtió sobre el clima de hostilidad, la violencia política —en especial la ejercida contra mujeres en cargos clave— y llamó a todos los partidos a contener la confrontación.

"Nuestro llamado es a mantener la paz, la cordura y llegar a consensos para que como órgano colegiado puedan dirimir estos conflictos y puedan cumplir con el cronograma electoral previsto y que el proceso electoral se ejecute de la mejor manera posible", expresó Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos.

El pulso político escaló a inicios de esta semana cuando Ochoa, en lugar de sentarse a construir consensos, presentó denuncias penales contra Hall y López por supuesta usurpación de funciones y prevaricato administrativo, justo después de que el pleno decidiera reagendar la recepción de ofertas para el TREP porque los colectivos de Libre impidieron a las empresas presentar sus ofertas.

"Han cruzado el límite de la desesperación. Tratar de impedir que las empresas entreguen sus ofertas para el servicio del TREP es un atentado al proceso electoral. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden a garantizar que la democracia no sea secuestrada. No cederemos ante el caos y la intimidación", indicó López.

"No es aceptable que por la fuerza se impida un acto público, que es parte del cronograma electoral. Ciudadanía y Comunidad internacional deben estar alerta ante intento de imponer un modelo al CNE. Esta intromisión vulnera los principios de la democracia misma. ¡ Y algo así no puede aceptarse!", escribió en su cuenta de X, la consejera Ana Paola Hall.

El conflicto alcanzó su punto más tenso cuando los tres consejeros fueron citados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante los atrasos registrados en la entrega de ofertas del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y la extensión del periodo para conocer la propuesta de los ofertantes.

Sin embargo, Ochoa, representante de Libre, fue el único que pudo rendir declaración. Cuando llegó el turno de Hall y López, los militantes de Libre irrumpieron en el hemiciclo entre gritos y lanzando objetos, obligando a las consejeras a abandonar el Congreso entre un ambiente hostil.

“Condenamos cualquier acción de violencia. Nos preocupa enormemente lo que sucedió en el Congreso Nacional. Exponer a los consejeros y permitir la presencia de colectivos de Libre dentro del recinto fue un acto irresponsable. Estamos en un momento complejo,” mencionó Hernández al respecto.

Tras su salida, Ochoa aprovechó el escenario para reforzar su discurso y acusar a sus colegas de responder a intereses bipartidistas.

Ahora, el tiempo juega en contra. La Ley Electoral exige que el contrato para el TREP se adjudique como mínimo cuatro meses antes de la elección, plazo que vence el 29 de julio, pero el bloqueo de Ochoa amenaza con hundir el proceso en la incertidumbre y deja abierta la puerta a un escenario caótico donde, otra vez, la desconfianza y la ingobernabilidad tomen la delantera.

“La inobservancia de la implementación del sistema a que hace referencia el presente artículo hará incurrir a las autoridades del CNE en la responsabilidad por incumplimiento de la Ley”, menciona el artículo 278 de la Ley Electoral.

Este medio contactó a Marlon Ochoa vía WhatsApp para conocer su posición de forma directa; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.