Honduras necesita 100,000 casas nuevas por año, pero no se llega ni a 30,000

En Honduras la falta de vivienda social dejó de ser un problema limitado a los asentamientos informales. Hoy alcanza también a miles de trabajadores que, pese a tener ingresos estables, no logran comprar una casa y terminan pagando alquileres elevados por viviendas precarias o ubicadas en zonas inseguras.

El déficit habitacional, estimado en más de 1.6 millones de hogares con problemas de vivienda, refleja una deuda histórica con los hondureños.

Para el ingeniero Osmín Bautista, directivo de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico) en la zona norte, el problema está concentrado precisamente en los sectores de menores ingresos y en la clase trabajadora.

“El mayor déficit está en la vivienda social, porque la vivienda de clase media tiene su propia dinámica; el grueso del problema está donde tenemos más del 65% de pobres”, señaló.

Según estimaciones del sector construcción, Honduras debería edificar unas 100,000 viviendas al año para reducir el rezago, pero en los mejores períodos apenas se han construido unas 30,000 unidades.

En el valle de Sula la situación es especialmente crítica. Solo en esta región el déficit supera las 300,000 viviendas, mientras que en San Pedro Sula el alto costo de la tierra hace casi imposible desarrollar proyectos sociales tradicionales.

“Para una vivienda social el terreno no debería pasar de 200 lempiras la vara cuadrada, y en San Pedro Sula ya no se encuentra a ese precio”, explicó Bautista.

De acuerdo a Bautista, y según estimaciones del sector construcción, el déficit habitacional ronda el millón de unidades, de las cuales unas 900,000 corresponden a viviendas nuevas y el resto a ampliaciones o mejoras.

El ingeniero consideró positivo que el gobierno haya creado una Secretaría de Vivienda y que contemple destinar alrededor de 15,000 millones de lempiras anuales al sector, ya que esto podría aumentar la construcción de viviendas.

Aun así, estimó que incluso si se lograra elevar la producción a 50,000 unidades por año, tomaría al menos dos décadas reducir el déficit acumulado.

En el valle de Sula el problema es especialmente crítico. Bautista estima que solo en esta región el déficit supera las 300,000 viviendas y advirtió que en ciudades como San Pedro Sula el alto costo de la tierra hace casi imposible desarrollar proyectos sociales tradicionales.

El especialista señaló que la vivienda social no debe limitarse a atender asentamientos en bordos, sino también a miles de familias que pagan alquileres altos en barrios inseguros.

En ese sentido, consideró que los proyectos de vivienda vertical representan una alternativa viable, como lo demuestran los edificios construidos en el sector de Fesitran, que ya están completamente ocupados.

Bautista también advirtió que el crecimiento habitacional exige mejorar los servicios urbanos como agua potable, drenajes, energía, manejo de desechos y capacidad de respuesta de los bomberos, ya que el desarrollo de nuevas urbanizaciones y edificios aumenta la presión sobre la infraestructura municipal.

Además del impacto económico, el ingeniero destacó el valor social de la vivienda. “Cuando una familia tiene su casa se fortalece el arraigo y la cohesión familiar; incluso puede reducir la migración porque la gente ya tiene su nicho donde vivir”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el acceso a la vivienda social debe ser flexible y realista para las familias trabajadoras.

Explicó que, bajo los esquemas actuales, una pareja con ingresos conjuntos cercanos a 26,000 lempiras mensuales (unos dos salarios mínimos) puede aspirar a financiar una vivienda básica cercana al millón de lempiras, aunque reconoció que para muchos hogares ese nivel de ingreso aún resulta difícil de alcanzar.

El presidente del Colegio de Arquitectos, capítulo noroccidental, Maloy Portillo, expuso la necesidad de estructurar una política integral de vivienda social que permita atender el déficit habitacional en el departamento de Cortés, donde, según indicó, solo en San Pedro Sula el 10% de la población vive en asentamientos informales, lo que equivale a unas 100 mil personas.

Portillo explicó que el financiamiento existe, pero deben revisarse las condiciones de acceso.

“Banhprovi divide la vivienda en vivienda social y vivienda clase media”, señaló, detallando que la vivienda social tiene actualmente un tope de 1.2 millones de lempiras , con posibilidad de subir a 1.3 millones, mientras que la clase media alcanza hasta 4.5 millones.

No obstante, advirtió que el problema radica en cómo se distribuyen los fondos: “Casi el 80% de todos estos fondos en la vivienda los acapara la clase media”, lo que limita el desarrollo de proyectos dirigidos a sectores de menores ingresos.

El arquitecto planteó que la vivienda social debe organizarse en cuatro programas. El primero es el de reasentamiento para familias que viven en asentamientos irregulares.

“Es un tema que se debe intervenir. Las autoridades no se pueden hacer de la vista gorda”, afirmó.

Este programa, explicó, debe cumplir siete elementos para garantizar lo que denominó “vivienda adecuada”.

El primero es la seguridad en la tenencia: “La familia debe estar segura de que esa vivienda le pertenece y no va a vivir con el temor de ser desalojada”.

También mencionó la disponibilidad de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica; la asequibilidad, que debe basarse en la capacidad real de pago de cada familia.

Asímismo, la habitabilidad con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación; la accesibilidad para personas con discapacidad; la ubicación con acceso a vías y transporte público; y la adecuación cultural, que implica construir comunidades completas.

“Más que una casa, hay que construir comunidades”, enfatizó, señalando la importancia de incluir equipamiento educativo, de salud, áreas verdes y espacios de comercio cercanos.

Sobre la capacidad de pago, recordó que tradicionalmente se estima que una familia puede destinar hasta el 30% de sus ingresos al pago de vivienda, pero sostuvo que en el caso de familias en extrema pobreza debe analizarse su situación real: “El análisis debe ser con base a lo que realmente ellos tienen como capacidad de ingreso”.

El segundo programa propuesto es vivienda social para trabajadores que ganen entre uno y cuatro salarios mínimos, con mejoras en las condiciones de prima y financiamiento.

El tercero es el mejoramiento de vivienda ya existente para familias que viven en pisos de tierra, techos deteriorados o servicios sanitarios inadecuados.

El cuarto contempla la titulación de asentamientos informales que ya reúnen condiciones aptas, mediante estudios y coordinación con el registro de la propiedad y catastros municipales.

Portillo respaldó la propuesta de destinar 5,000 millones de lempiras exclusivamente a vivienda social en Cortés, dentro del monto global anunciado para el sector y que impulsa desde el Congreso Nacional la diputada liberal por Cortés, Yasmin Meza.

“La petición nos parece justa y adecuada a la situación y al déficit habitacional del departamento”, expresó.

Indicó además que el Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Sula ya contempla vivienda social vertical como modelo para la ciudad, debido al alto costo de la tierra.

En cambio, en municipios como Choloma, Villanueva y San Manuel aún es viable la modalidad horizontal, siempre que se fortalezcan los sistemas de transporte público.

Finalmente, el presidente del Colegio de Arquitectos consideró que el momento representa una coyuntura clave para atender estructuralmente el problema habitacional.

La diputada Meza propuso la creación de un fondo especial de L5,000 millones destinado exclusivamente a reducir el déficit habitacional en el departamento, recursos que provendrían de los L15,000 millones que el Gobierno ha anunciado para inversión en vivienda durante el presente ejercicio fiscal.

La iniciativa establece que los fondos serían asignados mediante una reasignación presupuestaria aprobada por decreto legislativo, instruyendo a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a crear en el Presupuesto General una partida específica de transferencia a Banhprovidenominada “Fondo Cortés”.

La propuesta se sustenta en datos oficiales del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Plan Maestro de Desarrollo Municipal de San Pedro Sula, que identifican a Cortés como el departamento con mayor crecimiento demográfico del país, con una tasa anual de 2.5%.

Según el diagnóstico presentado, unas 85,000 familias carecen de vivienda propia y viven en condiciones de hacinamiento crítico, mientras cerca de 240,000 viviendas existentes no cumplen con estándares adecuados de habitabilidad.

El proyecto plantea metas de construcción basadas en los costos de materiales estimados para 2026, con viviendas de reasentamiento valoradas en unos L650,000 por unidad, equivalentes a construcciones básicas de 42 metros cuadrados, con una meta de 3,000 unidades anuales.

También contempla viviendas financiadas mediante crédito con tasa del 4%, con valores entre L900,000 y L1.2 millones, con una meta de 2,500 unidades por año.

Las reubicaciones deberán realizarse en bancos de tierras estatales o ejidales, o mediante adquisición de terrenos privados a precio catastral, siempre con dictámenes de riesgo de Copeco y estudios municipales de factibilidad de servicios básicos.

La ejecución estaría a cargo de una Unidad Ejecutora Especial liderada por el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH) en coordinación con las alcaldías del valle de Sula, mientras que Banhprovi actuaría únicamente como ente financiero.

Los beneficiarios serían seleccionados mediante el Registro Único de Beneficiarios de Sedesol, priorizando familias en zonas de riesgo no mitigable, madres jefas de hogar y personas con discapacidad.

También se incluyen programas de crédito sin prima para familias con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos, renovación de viviendas precarias y regularización de asentamientos consolidados.

La iniciativa establece que en casos de riesgo inminente podrá aplicarse el principio de interés general sobre el particular, permitiendo desalojos administrativos preventivos con orden judicial, siempre que la nueva vivienda esté lista para ser habitada.

Además, propone que todo complejo de más de 500 viviendas incluya por diseño escuela, clínica periférica, puesto policial y terminal de transporte, bajo el modelo de “ciudad compacta”.

El plan contempla destinar el 5% del presupuesto, equivalente a L250 millones, para procesos de titulación masiva, y crea un comité de vigilancia con acceso a la información de proyectos, costos y beneficiarios, con facultad de suspender obras o entregas si detecta anomalías.

NOTA
Un reportaje periodístico de LA PRENSA en el marco de la campaña Hogares dignos, vidas plenas, con el apoyo de Hábitat para la Humanidad y el patrocinio de WM Constructores.