La organización civil Defensores de Honduras advirtió sobre una posible afectación al orden constitucional del país y solicitó al Congreso Nacional activar el juicio político como mecanismo de control institucional.
En un comunicado, la entidad señaló que la actual crisis estaría debilitando la confianza ciudadana, la estabilidad democrática y el Estado de derecho.
Recordó que la Constitución de la República establece que la soberanía reside en el pueblo y que los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones dentro de los límites legales, bajo mecanismos de control y rendición de cuentas.
Cabe recordar, que el juicio político es el mecanismo que tiene el Congreso Nacional de Honduras para evaluar y destituir a altos funcionarios públicos por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, siguiendo un procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Especial del Juicio Político.
Indicó que la falta de aplicación de estos instrumentos podría comprometer la supremacía constitucional.
En ese contexto, Defensores de Honduras instó al Poder Legislativo a iniciar de manera inmediata el proceso de juicio político cuando existan acciones u omisiones atribuibles a altos funcionarios del Estado. Además, exhortó a las instituciones públicas a actuar con apego estricto al marco constitucional.
Por su parte, Francis Cabrera, secretario del Congreso Nacional, anunció que ya tiene listos dos proyectos de juicio político para ser presentados ante el pleno. Explicó que la iniciativa forma parte de compromisos asumidos durante su campaña electoral.
“Yo espero que hagamos un equipo y que presentemos los proyectos”, manifestó Francis Cabrera.
Agregó que otros congresistas también preparan propuestas orientadas a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Francis Cabrera defendió la aplicación del juicio político como una herramienta constitucional vigente desde hace más de 13 años. A su criterio, este tipo de procesos contribuiría a fortalecer la transparencia en la función pública y a deducir responsabilidades cuando corresponda.
En medio del debate, Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional, reiteró que cualquier procedimiento debe desarrollarse con estricto apego a la Constitución y a la ley. Señaló que el Poder Legislativo tiene la obligación de ejercer control institucional sobre los funcionarios electos por ese poder del Estado.
“El Congreso tiene la atribución de poder aplicar juicio político”, expresó Tomás Zambrano Molina, al subrayar que esta figura es un mecanismo constitucional vigente. Añadió que las decisiones que adopte el pleno deberán estar fundamentadas en el marco legal correspondiente.
Según Zambrano, Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), incurrió en violaciones a la Constitución y la ley durante el proceso electoral de 2025, por lo que, a su criterio, existen condiciones para someterlo a un juicio político.
El tema de juicio político surge además, en el contexto de declaraciones sobre una eventual aplicación de juicio político al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.
En Honduras, el juicio político en Honduras es un procedimiento legal y político establecido para evaluar, sancionar o destituir a altos funcionarios públicos cuando se considera que han cometido faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Su finalidad es determinar la responsabilidad o inocencia del funcionario acusado, siguiendo el marco de la Constitución de la República y la Ley Especial respectiva.
