Seis de cada 10 hogares hondureños sufren problemas de vivienda

Honduras arrastra un déficit habitacional que no solo se mide en casas faltantes, sino en millones de personas que viven todos los días en condiciones precarias.

Las cifras oficiales muestran una realidad difícil de dimensionar: más de 1.6 millones de hogares hondureños presentan problemas de vivienda o viven en condiciones inadecuadas, mientras miles de familias deben compartir casa o habitar espacios reducidos, lo que confirma que acceder a una vivienda digna sigue siendo una deuda histórica en el país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2025), en el país existen 2.7 millones de hogares, pero 1.6 millones enfrentan algún tipo de carencia habitacional, lo que equivale al 61.9% del total.

Detrás de ese porcentaje hay familias que viven hacinadas, sin servicios básicos o en estructuras que apenas resisten el paso del tiempo.

El problema no se limita a viviendas deterioradas. Basados en datos de 2023, en total 1,620,220 de viviendas se encuentran en el área urbana y 1,147,648 en el área rural. No obstante, al menos 617,912 hogares carecen completamente de una vivienda adecuada, lo que refleja la magnitud del déficit cuantitativo en el país.

En otras palabras, cientos de miles de familias siguen esperando una casa que simplemente no existe. En la última década, de acuerdo al INE, hubo un aumento de 853,971 mil viviendas.

Pero una cosa es la tenencia, y otra las condiciones en la que viven en pleno siglo XXI los hondureños.

Con la crudeza y realidad del caso, la gran mayoría vive en precariedad, y esta se manifiesta en detalles que revelan la dureza de la vida cotidiana.

Por ejemplo, el 19% de los hogares no tiene electricidad, mientras que el 22% carece de saneamiento básico y el 11.5% no tiene acceso a agua potable, condiciones que convierten la vivienda en un espacio vulnerable en lugar de un refugio seguro.

A esto se suma el hacinamiento. En promedio, 3.7 personas comparten cada hogar, y al menos el 9.4 % de las familias vive en condiciones de hacinamiento, una situación que impacta directamente en la salud, la convivencia y el rendimiento escolar de los niños.

Uno de los indicadores más visibles de pobreza habitacional es el piso de tierra.

En Honduras, 585,265 personas viven en viviendas con suelo de tierra, una condición asociada a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas de la piel, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023.

La mayoría de estos hogares, ocho de cada diez, se ubica en zonas rurales, donde las oportunidades de mejora son más limitadas.

El problema se extiende por todo el territorio nacional. Departamentos como Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Choluteca y Lempira concentran decenas de miles de viviendas con pisos de tierra, una señal de que el déficit habitacional no es un fenómeno aislado, sino una realidad estructural que atraviesa al país entero.

Las cifras también revelan otra dimensión de la crisis: casi una cuarta parte de los hogares carece de tenencia segura de la vivienda, lo que significa que miles de familias viven con la incertidumbre permanente de perder el lugar donde habitan.

En total, se estima que casi seis millones de hondureños experimentan problemas relacionados con la vivienda, lo que convierte el déficit habitacional en uno de los desafíos sociales más grandes del país.

Más allá de los números, el déficit habitacional refleja una realidad cotidiana marcada por paredes improvisadas, techos vulnerables y suelos de tierra que se convierten en polvo en verano y lodo en invierno.

Para millones de hondureños, la vivienda digna sigue siendo una meta lejana, mientras la demanda crece más rápido que las soluciones.

La vivienda social representa el principal motor de la industria de la construcción en Honduras, pero enfrenta serias limitaciones por falta de financiamiento constante, trámites lentos y debilidad institucional, advirtió Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

Según explicó, este segmento constituye alrededor del 60% de la actividad del sector, además de su impacto social y económico. “Vivienda social es un bastión, un pilar muy importante en el país (...) genera impacto comunitario, bienestar familiar y desarrollo económico por la cantidad de empleo que produce”, afirmó.

Larios destacó que los proyectos de vivienda social no solo generan empleo directo, sino que dinamizan las economías locales mediante pequeños comercios y servicios que surgen alrededor de las nuevas comunidades.

Además, señaló que permiten a las familias de bajos ingresos acceder a servicios básicos y crear patrimonio.

“No solamente se trata de crear la vivienda, sino de generar arraigo y certidumbre para las familias”, dijo, al señalar que tener casa propia representa estabilidad y herencia para los hijos.

Sin embargo, el dirigente indicó que el impulso a la vivienda social se debilitó en los últimos años por problemas en la asignación de recursos a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y la falta de seguimiento gubernamental.

Recordó que el plan de gobierno anterior contemplaba la construcción de 80,000 viviendas y que inicialmente se lograron alrededor de 30,000 unidades, pero el ritmo se frenó por retrasos en el financiamiento y "malas deciones".

En relación a la vivienda social, Larios subrayó que estos programas dependen de créditos con tasas bajas de entre 4% y 7% y plazos de hasta 30 años, que hacen posible la inclusión de familias de bajos ingresos.

“Los recursos tienen que ser constantes durante los cuatro años; no deben estarse retrasando, sino que alimentar los programas, en conjunto con la banca nacional para hacer accesible a la gente, este tipo de recursos”, señaló.

Entre los principales obstáculos mencionó la excesiva tramitología, que puede retrasar más de cuatro años y medio la aprobación de proyectos grandes, así como la lentitud en licencias ambientales y permisos municipales.

A esto se suman problemas de acceso a tierra legalizada, disponibilidad de agua y energía eléctrica, requisitos indispensables para obtener permisos de construcción.

“La tramitología es bastante lenta y engorrosa, lo que hace poco atractiva la inversión en vivienda social”, sostuvo, al indicar que esta situación explica la escasa construcción de este tipo de proyectos en el Distrito Central.

Larios también planteó la necesidad de impulsar nuevas modalidades como proyectos de apartamentos para familias de bajos ingresos, modelo que ya funciona en otros países de la región.

Asimismo, urgió a reglamentar la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, aprobada hace varios años, pero aún sin reglamento, la cual contempla la creación de una Secretaría de Vivienda.

Consideró además que deben fortalecerse la coordinación institucional, la digitalización de trámites y mecanismos como alianzas público-privadas y financiamiento de institutos de previsión. “Estamos en mesa permanente de trabajo para impulsar estos proyectos que tanto beneficio le traen a la población”, concluyó.

Para Liliam Mejía, agente inmobiliaria y directora de Icon Honduras, San Pedro Sula continúa siendo la ciudad preferida para invertir en bienes raíces, aunque el alto costo de la tierra ha transformado el modelo tradicional de desarrollo hacia construcciones verticales mixtas.

Según explicó, la escasez de terrenos no ha frenado el mercado, sino que ha impulsado una nueva forma de desarrollo que combina vivienda, comercio y oficinas.

“Primero hablamos de un boom en construcciones verticales; hoy evolucionamos hacia desarrollos verticales mixtos: torres residenciales que integran oficinas y locales comerciales, ofreciendo al cliente la posibilidad de vivir, trabajar y consumir en un mismo espacio. Vemos edificios corporativos con locales comerciales, complejos de bodegas colindantes con zonas residenciales que incorporan plazas comerciales”, afirmó.

Mejía indicó que el crecimiento de proyectos verticales mixtos se observa especialmente en sectores como la Trejo, Río de Piedras, Mackay y zonas cercanas al segundo anillo, así como en nuevas plazas comerciales en el bulevar del Este.

En cuanto a la demanda, la especialista destacó que existe un mercado sólido en propiedades de rango medio y medio-alto, particularmente en residenciales cerradas con seguridad privada, factor que se ha vuelto determinante en la decisión de compra.

Sin embargo, acotó, también se observa un cambio importante en el tipo de producto que se está desarrollando. Las propiedades amplias, con numerosas habitaciones y patios grandes, cada vez son menos frecuentes.

"Hoy el desarrollador apuesta por espacios más compactos y funcionales, buscando optimizar el uso del terreno y lograr precios que sean financieramente viables tanto para el comprador final como para el inversionista”, explicó.

Expone que este ajuste no responde únicamente a una tendencia de estilo de vida, sino a una necesidad económica: el costo del suelo y de la construcción obliga a diseñar viviendas más eficientes en metros cuadrados, pero mejor planificadas.

Sobre la vivienda social, Mejía consideró que dentro de San Pedro Sula ya no resulta viable para muchos ciudadanos, quienes deben buscar opciones en municipios cercanos como Villanueva, Choloma o San Manuel.

Señaló que el problema no es falta de interés de los desarrolladores, sino la suma de factores como el precio de la tierra, urbanización, servicios básicos, materiales y mano de obra, que elevan el valor final de las viviendas por encima de lo que el segmento social puede pagar.

“La necesidad de vivienda social existe y es alta; lo que no existe en San Pedro Sula es una estructura que la haga rentable para el desarrollador privado”, sostuvo.

La directora de Icon Honduras identificó tres tendencias actuales en el mercado: el crecimiento de proyectos verticales mixtos, el aumento de inversionistas que compran unidades pequeñas para alquiler y compradores que priorizan ubicación sobre tamaño. Aseguró que el mercado sigue activo, aunque más selectivo.

“Hoy el comprador analiza más, compara más y negocia más”, indicó, al recomendar invertir en zonas con crecimiento proyectado mediante un análisis financiero responsable.

Según concluyó, “San Pedro Sula vive una transformación; el mercado está activo, pero más competitivo y estratégico”.

Y recomendó, en este caso a los compradores, "que este sigue siendo un buen momento para invertir en zonas con crecimiento proyectado, siempre realizando un análisis financiero claro y responsable".

El gobierno anunció en su primer Consejo de Ministros una reorganización profunda del sector vivienda que busca concentrar en una sola institución la planificación y ejecución de los proyectos habitacionales.

La Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos absorberá la Comisión Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda, con lo que pasará a operar con una estructura de unos 60 empleados.

La ministra de Vivienda, Francis Argeñal, destacó que el principal enfoque del gobierno y el espíritu de la ley que le ha dado vida a la Secretaría de Vivienda es la vivienda social.

"Ese será el centro de la política institucionalizada en el país. El déficit habitacional en este país es alarmante. Estamos hablando de 1,600,000 unidades habitacionales. Entre déficit cuantitativo y cualitativo, alrededor de 600,000 unidades son las que engrosan la neesidad de vivienda en este momento, y que vamos empezar a enfrentar", afirmó Argeñal.

La administración también adelantó que el rubro será prioritario y que se destinarán alrededor de 15,000 millones de lempiras anuales para la construcción de viviendas. La meta este año es construir al menos 20,000 viviendas sociales.

Hasta ahora, la política habitacional en Honduras se manejaba a través de múltiples instituciones y programas separados, entre ellos la Comisión Nacional de Vivienda como ente rector, el Fondo Social de la Vivienda como instrumento financiero y diversos programas públicos encargados de ejecutar proyectos.

Este esquema implicaba una estructura dispersa en la que la planificación, el financiamiento y la ejecución estaban distribuidos entre diferentes dependencias.

Con la reorganización anunciada, el gobierno apuesta por un modelo centralizado, en el que una sola secretaría concentrará la toma de decisiones, la administración de los fondos y la ejecución de proyectos.

La medida forma parte de la estrategia de reducción administrativa del Estado y busca convertir a la Secretaría de Vivienda en una institución operativa con capacidad directa para desarrollar programas habitacionales.

El cambio marca un giro en la gestión del sector, que pasaría de un sistema institucional fragmentado a uno más concentrado, en un contexto en el que Honduras mantiene un alto déficit habitacional.

Las autoridades sostienen que la nueva estructura permitirá agilizar proyectos y ejecutar con mayor eficiencia la inversión pública prevista para vivienda en los próximos años.

NOTA
Un reportaje periodístico de LA PRENSA en el marco de la campaña Hogares dignos, vidas plenas, con el apoyo de Hábitat para la Humanidad y el patrocinio de WM Constructores.