Exfuncionario de la Enee: PNRP operó entre opacidad e irregularidades

En noviembre de 2022, el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro lanzó el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) como una de sus apuestas para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Tres años después y tras la conclusión de la administración Castro, el programa arrastra más dudas que resultados. A los hallazgos de LA PRENSA Premium sobre compras de celulares y combustible sin rastro documental claro, ahora se suma el testimonio de un exfuncionario de la administración anterior que integró la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Enee y que habló bajo anonimato por temor a represalias.

“Fue un programa lleno de irregularidades y opacidad (...) la fachada del programa era reducir pérdidas, pero eso solo fue fachada; en realidad fue un programa político”, dijo el exfuncionario a esta unidad de investigación.

Esas anomalías no fueron hechos aislados. El PNRP comenzó con más de 2 mil empleados y un presupuesto superior a 2 mil millones de lempiras, una dimensión que dentro de la estatal encendió alertas. “Cuando vimos el presupuesto que se le estaba asignando y la cantidad de empleados que iba a tener, entendimos que Transparencia tenía que entrar, sobre todo por la ejecución de los fondos”, recordó.

Por ese volumen de recursos y por la duplicidad de funciones con otras áreas de la Enee, Transparencia buscó incorporarse como veedora de compras, contrataciones y publicación de documentos, pero encontró resistencia.

“No les gustó la idea de que Transparencia estuviera pidiendo información, revisando compras y participando como veedora en los procesos. Al principio no nos dieron entrada”, afirmó.

La negativa obligó a escalar el problema al entonces gerente general, Erick Tejada. Se le advirtió que impedir la veeduría podía exponer a la institución a reparos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o a investigaciones del Ministerio Público (MP). Solo después de eso se abrió espacio a la fiscalización y se nombró un enlace de Transparencia dentro del programa.

Pero el acceso no resolvió el fondo del problema. Una vez dentro, el enlace comenzó a detectar incidencias en compras y manejo de fondos, mientras los choques se profundizaban por la falta de colaboración de los excoordinadores.

“No daban copias de ninguna compra. Pasaba con alquiler de vehículos, alquiler de edificios, compra de equipos y otras adquisiciones. Cuando empezamos a solicitar eso, el problema se intensificó porque prácticamente llegaron al nivel de negar la información”, dijo.

Ese señalamiento encuentra eco en los hallazgos documentales ya publicados. Al rastrear procesos del PNRP en el Portal Único de Transparencia y en HonduCompras de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae), esta unidad detectó que varios contratos y expedientes expuestos no fueron publicados.

“Nos decían: la sanción (por no publicar) no nos cae a nosotros. Por más que tratamos de hacer conciencia, no se podía”, recordó.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 27 que no publicar información obligatoria, como los gastos institucionales, constituye una infracción. El artículo 28 fija las sanciones para esos incumplimientos.

Esa opacidad, agregó, también derivó en la renuncia de la entonces coordinadora técnica, Delmy Padilla, a quien identificó como una de las pocas funcionarias que advirtió que se estaba firmando contratos al margen de la ley y que además no se estaban haciendo públicos.

Con el tiempo, el ambiente también se volvió hostil para el propio personal de Transparencia. El enlace asignado al PNRP fue retirado a finales de 2023 después de sufrir persecución y amenazas.

Leído junto con los hallazgos de esta serie, el testimonio deja una conclusión más grave: aunque el PNRP sí rendía informes, estos no eran claros y no permiten reconstruir con certeza qué se hacía con buena parte del dinero que manejó ni cómo ese gasto se tradujo en una reducción real de pérdidas, un problema que sigue siendo de los más críticos dentro de la Enee.

Al final, la advertencia de ese exfuncionario no era exagerada. Hoy el PNRP está intervenido, los contratos expuestos por LA PRENSA Premium y otros que ni siquiera fueron publicados en los canales de transparencia ya entraron en revisión, y esta unidad de investigación conoció que el TSC también realiza una auditoría.

Todo eso termina de confirmar que detrás del programa no solo quedaron dudas en el papel, sino un manejo del dinero público tan opaco que ahora obliga a las autoridades a reconstruir qué se hizo, cómo se hizo y por qué nunca quedó claro, para luego deducir las responsabilidades legales que correspondan.