Violación a la secretividad de las investigaciones, al secreto bancario y a la independencia de los jueces y entes contralores y fiscalizadores del Estado, desobediencia a la entrega de información formulada por un poder del Estado, parcialidad en las investigaciones de casos de corrupción emblemáticos e intervención de agentes extranjeros en actividades exclusivas de autoridades hondureñas, son entre otros, los principales argumentos que esgrimió la comisión especial del Congreso Nacional para solicitar la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que vence el 19 de enero de 2020.
El polémico informe de censura aprobado la noche del pasado martes con 71 votos a favor y 57 en contra no tiene carácter vinculante, pero influirá significativamente en la decisión final que adopte el Gobierno hondureño en los próximos días para solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la continuidad de la Misión y su labor en Honduras, después de cuatro años de investigaciones y accidentadas relaciones con los tres poderes del Estado.
A este documento se sumará otro informe que están por finalizar los equipos técnicos de la OEA y el Gobierno de Honduras en el que también se hará una evaluación de los logros y tropiezos que obtuvo la Misión en estos 48 meses en el país.
Así quedó la votación la noche del martes en el Congreso Nacional
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No obstante lo anterior, la comisión evaluadora consideró que el trabajo de la Maccih es insuficiente en función de los millonarios recursos que se han destinado para su operatividad.
“A cuatro años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, de los Derechos Humanos de los acusados y del estado de inocencia de las personas”, señala.
Los diputados acusan a los miembros de la Maccih de “infidentes” .
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Hallazgos
El documento se fundamenta en la información remitida por varias instituciones, entre ellas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la mayoría de las cuales expusieron que el apoyo de la Maccih fue irrelevante y se redujo a algunas asistencias y capacitaciones.Entre otras cosas, el informe refiere que a través de la Secretaría de Seguridad se ha brindado un esquema de seguridad personal a los miembros que conforman la Maccih, para lo cual se asignaron 129 miembros de la Policía, 11 vehículos y dos casas de seguridad, cuyo presupuesto asciende a L.61,266,865.68.
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“En la documentación remitida por la CNBS, esta comisión pudo identificar una copia de fotografía que fue divulgada por el noticiero Univisión, se puede identificar que esa imagen es de un reporte que la UIF envió a la Ufecic, pues consta que en su superior se observa que aparece un sello de folio de la Ufecic, folio 3519, lo cual indica que esa foto la tomaron del expediente que forma y custodia la Ufecic. Siendo evidente que ellos revelan esa información a medios de comunicación para que circulen por todos lados”.
El Congreso Nacional creó una comisión para que evalúe lo que la Maccih hizo y lo que no. Tres diputados desertaron.
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La comisión también identificó que “si bien es cierto la Maccih ha realizado acciones con relación al combate a la corrupción, estas han sido reactivas y de forma aislada, sin existir una visión estructural que permita atacar y evitar el rebrote de la corrupción”.
Asimismo, los diputados cuestionaron que no se pudo conocer el presupuesto ejecutado por la Maccih durante los cuatro años, porque sus autoridades se negaron entregar esta información.
También aducen la existencia de un sesgo político en las investigaciones de corrupción y ponen como ejemplo que no existe ninguna acción judicial en los casos: Caso IV Urna o Carretillazo; el narcojet abandonado en Toncontín; sobornos Hondutel que involucran a funcionarios “a” y “b”; corrupción en Injupemp; todos los cuales corresponden al periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados. También cuestionan que diputados de Libre señalados en el caso del Fondo Departamental no aparecen en las acusaciones.