Hondureños pierden tiempo y dinero por depender de un Estado analógico

Después de covid-19, muchos hondureños se han inscrito en cursos en línea ofrecidos por instituciones educativas internacionales, incluidas universidades de renombre como Harvard, o compran productos a través de plataformas como la china Shein.

Además, contratan servicios de internet satelital de la estadounidense Starlink e incursionan en el mundo criptográfico mediante contratos inteligentes con exchanges de Inglaterra, Singapur o cualquier otra parte del mundo.

Esta interacción digital supera los ámbitos académico y comercial, pues miles de ciudadanos asumen compromisos legales al aceptar, con tan solo un clic, las condiciones establecidas en documentos electrónicos que regulan sus actividades en plataformas digitales de cualquier índole, como las comerciales, financieras, tecnológicas, recreativas.

De esta manera, al igual que personas de otras latitudes, los hondureños aprovechan las oportunidades que brinda la globalización digital para aprender, consumir, trabajar, recrearse y mantenerse conectados con el mundo. Lo hacen de forma ágil; sin perder la paciencia y sin verse obligados a pagar sobornos a intermediarios corruptos que operan dentro del esquema analógico.

En contraste, al interactuar como ciudadanos con instituciones del Estado en el mundo físico, la experiencia se les torna frustrante, decepcionante; Honduras sigue atrapado en una burocracia excesivamente lenta, con matices de corrupción, que sacrifica el desarrollo humano y frena el crecimiento económico, social y tecnológico.

Aunque las diferentes administraciones gubernamentales han instaurado procesos de digitalización en algunas dependencias, como la Administración Aduanera, Registro Nacional de las Personas, Servicio de Administración de Rentas y otras, el país aún figura entre los más rezagados en eficiencia institucional en América Latina.

“En Honduras estamos atrasados. Después de la pandemia, todo cambió y el uso de internet se ha generalizado, yo, por ejemplo, pago Netflix con la tarjeta de débito. Es un buen servicio el que recibo, pero en nuestro país todo está marchando demasiado lento. Las instituciones del Gobierno no se modernizan y esto nos causa más problemas, deben seguir el ejemplo de otros países”, dice Marco Sierra, quien es entrenador de tenis.

Sierra acompañó esta semana a su sobrina, Doris Pérez (de 21 años), a las oficinas del Pode Judicial, ubicadas en la avenida New Orleans de San Pedro Sula, a solicitar una constancia de antecedentes penales para adjuntarla a los documentos que presentará ante una empresa donde espera trabajar en el área de atención al cliente.

“La constancia de antecedentes penales ahora la entregan en menor tiempo; vemos que han mejorado, pero esto debería ser más simple, por medio de internet y con una identidad digital. Pero hoy tuve que transportar a mi sobrina en mi moto, nos tardamos 30 minutos en llegar, y ahora debemos regresar a la casa para no gastar dinero en comprar comida. También ella tiene que sacar la constancia de antecedentes policiales que sí está tardando más horas, hay días que las personas deben hacer largas filas”, dice.

Sierra cree que el Congreso Nacional debe reformar o aprobar leyes que “verdaderamente le ayuden a las personas y el Gobierno también debería ponerse en los zapatos del pueblo e invertir para que la gente no gaste dinero o se vea obligada a pagar tramitadores o personas que dicen tener contactos en el interior de las instituciones para sacarle el dinero a las personas que siempre están limitadas económicamente”.

De acuerdo con el informe Soluciones cercanas El papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe, publicado recientemente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Honduras es el país que más trámites exige a una persona para abrir un negocio y uno de los que más días tarda en otorgar los permisos.

Pese a ciertos avances (como la reducción de pasos para obtener una licencia de construcción), el camino hacia una administración pública eficiente continúa lleno de obstáculos. CAF plantea que, para superar estas limitaciones, los países deben adoptar servicios digitales compartidos, conocidos como servicios de plataforma o servicios horizontales.

Estos incluyen herramientas clave como la firma electrónica, la identidad digital y los sistemas de pago digitalizados que permiten a los gobiernos coordinar y simplificar la experiencia ciudadana que demanda menos tiempo para reducir los gastos.

La identidad digital, por ejemplo, permite a las personas autenticar su identidad de forma segura y remota durante transacciones electrónicas, de acuerdo con el informe de CAF. Honduras cuenta con la Ley sobre firmas electrónicas y ha incorporado algunos elementos tecnológicos, pero su uso generalizado aún no se ha concretado. Esta falta de integración limita la posibilidad de realizar trámites en línea con certeza jurídica, eficiencia y transparencia.

El Registro Nacional de las Personas ha avanzado y ha facilitado algunos trámites, no obstante, cientos de personas siguen haciendo extensas filas para solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), registrar matrimonios, nacimientos o realizar cambios de domicilio, trámites presenciales que demoran desde horas, días o meses.

Alfredo Mejía llegó esta semana a las oficinas del RNP, ubicadas en el bulevar de este de San Pedro Sula, a realizar un cambio de domicilio, el cual logró después de dos horas de esperar en una extensa fila frente a la puerta y en otra fila, sentado en sillas, en el interior.

“Yo perdí dos horas haciendo un cambio de domicilio porque solo había una persona atendiendo. Yo hice el cambio de domicilio porque vivo en San Pedro Sula y la identidad me la dieron en Puerto Cortés. No quiero ir a Puerto Cortés a votar el día de las elecciones. Estas cosas que son sencillas las deberíamos hacer en unos minutos en la casa por medio de internet. Muchos hondureños estamos haciendo uso de plataformas digitales para hacer muchas cosas, en mi caso, pago Netflix y otros servicios. No entendemos por qué las instituciones públicas no se ponen al día con la tecnología”, critica.

Abogados, que realizan gestiones en entidades estatales, consultados por LA PRENSA señalan que dependencias como el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente presentan algunos de los mayores retrasos, incluso oficinas dentro del moderno Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa mantienen prácticas tradicionales que obligan a los ciudadanos a hacer filas para gestionar reuniones o recibir atención.

En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las plataformas digitales permiten agendar citas con precisión horaria y duración definida.

Esto obliga a los funcionarios a administrar el tiempo con responsabilidad y desarrollar una cultura institucional orientada al servicio, en la cual el ciudadano es el centro del proceso y no una persona que suplica por un favor a un funcionario que lo trata con desdén.

En Honduras, esta maraña burocrática ha sido históricamente usada como mecanismo de poder, han llegado a la conclusión muchos ciudadanos que han pertenecido a la estructura gubernamental.

“Enredar los trámites se ha vuelto una estrategia constante en todos los gobiernos de todos los partidos políticos. Así, algunos funcionarios se posicionan como piezas clave dentro de las redes partidarias y, muchos de ellos, actúan como ‘conectes’ que facilitan la corrupción”, afirma un exministro.

David Alvarenga Redondo, un abogado sampedrano que realiza trámites, reconoce que el Gobierno actual “ha avanzado en la digitalización en parte de muchas instituciones, como el Servicio de Administración de Rentas, Instituto de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas y Migración, pero no ha alcanzado un 100% por muchos factores”.

“El Estado somos todos y el Gobierno es una parte del Estado. Para avanzar en la digitalización es necesario la participación del Congreso Nacional, empresa privada, municipalidades y otras entidades, incluidos los ciudadanos que deben adquirir educación digital. Pero tecnificar todo en Honduras generaría un problema a cualquier tipo de gobierno, sea de izquierda o derecha, porque al digitalizar los procesos, el Gobierno tendría menos personas trabajando y tendríamos desempleo”, dice.

Superar estas barreras exige un cambio profundo en la cultura administrativa, que contemple la interoperabilidad entre instituciones, la automatización de servicios y el enfoque centrado en el usuario el cual no permite funcionarios que en el mundo analógico tiene la capacidad y el poder para cambiar las reglas del juego dependiendo de su estado de ánimo, intereses y hasta según sea el ciudadano que tengan enfrente.

El uso de nuevas tecnologías, como Inteligencia Artificial (IA), blockchain y automatización robótica de procesos (RPA), permiten a organizaciones públicas o privadas ofrecer respuestas rápidas, trazables y seguras y, de esta manera, cerrar la brecha entre el dinamismo del entorno digital, la lentitud y las malas prácticas de un aparato estatal administrado en la última década por políticos que nacieron cuando la televisión era blanco y negro y que hoy dirigen a generaciones de nativos digitales.