“La población no tiene radares para estar vigilando qué avión llega o sobrevuela”
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que existe un puente aéreo mediante el cual el régimen venezolano paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras libremente y sin ser detectado. Expertos dicen que señalamientos van directo a los gobernantes
- 14 de agosto de 2025 a las 23:10 /
Washington/Tegucigalpa
La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi expuso a Honduras ante los ojos del mundo como un país permeado por el narcotráfico.
En declaraciones que dio la noche del miércoles a la cadena Fox aseguró que “hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países”.
La fiscal estadounidense se refirió sobre presuntos pagos del gobierno de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia EEUU, defendiendo su lucha contra el narcotráfico y los mayores decomisos históricos realizados en colaboración internacional.
Sus palabras de inmediato provocaron reacciones y revivieron viejas preocupaciones. La primera institución en salir al paso de lo dicho fue la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la Fiscal Pam Bondi. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en redes sociales .
Además que “desde La Florida, la base de Cayo Hueso emite alertas sobre aeronaves sospechosas, y en Honduras CCOI, en operación conjunta con EEUU, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y los organismos especializados, despliegan las operaciones permanentes que localizan, interceptan y decomisan droga cuya ruta y destino final, en su gran mayoría, es Estados Unidos”.
También expresó que “en los decomisos marítimos las alertas provienen de la Armada de Colombia, quien coordina con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad Marítima Especial (UME) de nuestra Fuerza Naval, apoyada por la CIA, la DEA y el FBI”.
“Honduras ahora es un bastión en la lucha global contra el crimen del narcotráfico y no aceptamos que se distorsione la verdad lesionando la dignidad de nuestro pueblo”, subraya el mensaje.
El pasado día 9, Castro expresó el respaldo del Estado hondureño a Nicolás Maduro, acusado por EE UU de ser un líder narcotraficante, y su solidaridad frente a lo que calificó como “ataques infundados”.
Castro se solidarizó con Maduro después de que el 27 de julio el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al mandatario venezolano de ser “el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles” y “responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.
Luego de eso, la fiscal general de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.
Preocupan las consecuencias y los graves señalamientos
Para el abogado penalista Félix Ávila, lo preocupante no es solo que se reconozca el uso del país como ruta del narcotráfico, hecho que dijo “es de público conocimiento” sino que se hable de supuestos pagos desde Venezuela o por parte de cárteles, lo cual implicaría una conexión directa con autoridades hondureñas.
“El territorio está vigilado —no es una zona libre ni controlado por personas particulares por el gobierno de Honduras y cuando se habla de que se le paga, debe entenderse que es a las autoridades hondureñas, aunque no digan nombre”, señala.
El abogado señala que como el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre está bajo vigilancia del Estado, lo dicho por Bondi podría tratarse de pagos personas que actualmente ostentan el poder en Honduras.
Sobre el abierto apoyo de la presidenta Xiomara Castro, y luego, el presidente del Congreso Nacional., Luis Redondo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Ávila señaló que no es lo más indicado, dado de que Honduras, históricamente es uno de los principales socios de los Estados Unidos en todos los ámbitos.
"La cercanía geográfica con Estados Unidos y la manera en cómo Estados Unidos ha, quiérase o no, apoyado, Honduras lógicamente hace que no sea la mejor posición que desde Honduras se estén solidarizando", afirmó.
Si bien EE UU no ha declarado a Venezuela ni a Maduro como un enemigo de la talla de Corea o Irán, sí lo consideran un criminal. Por esta razón, apoyar a Nicolás de manera pública, no es conveniente, apuntó.
Los temores van más allá del debate interno. En Estados Unidos también hay inquietud sobre el rumbo político de Honduras, especialmente por su cercanía con regímenes como el de Nicolás Maduro, en un momento donde el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños sigue dependiendo de decisiones judiciales.
“Cuando hay conflictos políticos entre gobiernos, los hondureños en el extranjero quedan en medio”, alertó el analista, refiriéndose al impacto diplomático de estas tensiones.
En este contexto, la sociedad exige respuestas claras y garantías de que las elecciones generales se realizarán sin interferencias. El temor a un deterioro del orden constitucional ha comenzado a resonar, mientras las instituciones enfrentan uno de los momentos más tensos del actual periodo democrático.
Experto advierte sobre gravedad de señalamientos de fiscal de EE UU
Las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos deben tomarse con seriedad por tratarse de una posible amenaza a la seguridad nacional, advirtió el experto en derecho internacional Graco Pérez.
“El hecho de que la fiscal general de los Estados Unidos haga cuestionamientos y señalamientos es porque tiene información y pruebas. No lo hace a la ligera”, afirmó Pérez al ser consultado sobre el reciente pronunciamiento de las autoridades estadounidenses.
En el informe divulgado esta semana, la funcionaria estadounidense habría hecho alusión directa al uso del espacio aéreo hondureño para el paso de cargamentos ilícitos. Frente a eso, Pérez señaló que la responsabilidad recae directamente en el Estado hondureño:
“Corresponde a las autoridades encargadas que eso no suceda, que el paso por el espacio aéreo de Honduras no esté siendo utilizado para sobrevolar con droga”.
Además, insistió en que debe esclarecerse si dentro de las instituciones estatales existen funcionarios que estarían colaborando con el crimen organizado.
“La población no tiene radares para estar vigilando qué avión llega o sobrevuela. Es la institucionalidad la responsable y debe responder a eso”, recalcó.
Pérez también cuestionó que, mientras la fiscal general de EE. UU. hacía señalamientos de alto nivel, en Honduras el Ministerio Público centrara la atención en un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya.
“El fiscal general de Honduras hoy dio declaraciones sobre un supuesto atentado, pero no se refirió al tema de las declaraciones de la fiscal estadounidense, que son de seguridad nacional”, subrayó.
El experto hizo hincapié en que ignorar estos temas puede tener consecuencias graves:
“No es solo una declaración muy seria, es una situación de seguridad nacional, de Estados Unidos y de Honduras. Y las consecuencias pueden ser graves para nosotros”.
Finalmente, Pérez mencionó que el contexto se vuelve más tenso con la reciente solidaridad expresada por las autoridades hondureñas hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien también enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
“Hemos visto a la presidenta solidarizarse con el señor Maduro, y al presidente del Congreso también. Eso pone a Honduras en una situación más difícil, porque es precisamente el señor Maduro quien estaría al frente de esos sobornos y de toda esa estructura criminal”, dijo.
Consecuencias inmediatas que advierte Graco Pérez
Pérez, estas acusaciones no deben tomarse a la ligera y podrían tener consecuencias directas para Honduras si no se investiga a fondo el supuesto complot con participación de actores locales.
“Si la fiscal general de los Estados Unidos hace señalamientos, es porque tiene información y pruebas. No lo hace a la ligera. Se refiere ampliamente a Honduras, y eso debe ser aclarado cuanto antes”, señaló Pérez en una entrevista.
El experto alertó sobre la posibilidad de que dentro de las instituciones hondureñas existan personas vinculadas al crimen organizado, facilitando operaciones ilegales en el espacio aéreo nacional.
“El sobrevuelo con droga sobre el territorio nacional debe ser investigado. Y si hay actores dentro de la institucionalidad implicados, eso pone en riesgo al Estado como tal”.
Para Pérez, resulta llamativo que, ante una acusación tan seria, el fiscal general de Honduras se haya enfocado en un tema distinto.
“El señor fiscal se dedicó a otro tema. Debería, al menos, consultar con su contraparte en Estados Unidos e iniciar investigaciones sobre lo que está sucediendo”.
En su análisis, Honduras ha quedado atrapada en una disputa mayor entre Washington y Caracas, al tomar una postura pública de respaldo hacia el gobierno de Nicolás Maduro, pese a los señalamientos por narcotráfico que pesan sobre él.
“Prácticamente Honduras se está quedando en medio de esta guerra entre Estados Unidos y Maduro. Y no es que vamos entrando... es que ya entramos”, afirmó.“Honduras reconoció elecciones fraudulentas en Venezuela y fue el primer país en aceptar a Maduro como presidente. Eso nos alinea directamente con su régimen”.
Según Pérez, este tipo de posicionamientos pone a Honduras en una situación vulnerable, especialmente por su dependencia de Estados Unidos en temas migratorios, económicos y de cooperación internacional.
“Venezuela puede resistir sanciones, pero Honduras no. Dependemos de Estados Unidos en todos los ámbitos. Y al final, vamos a salir más perjudicados por meternos en situaciones que no nos corresponden”, advirtió.
Entre las consecuencias a corto plazo, Pérez mencionó el riesgo de que Estados Unidos adopte medidas similares a las que aplicó contra ciudadanos venezolanos, bajo leyes de enemigos extranjeros, lo que afectaría directamente a los migrantes hondureños.
“Si nos ven como un país enemigo, podrían aplicar esa ley. Nos quedaríamos sin protección migratoria, sin relaciones consulares, y sin representación diplomática, como ya está ocurriendo”.
En el plano económico, alertó que podrían aumentar los aranceles a productos hondureños, reducir la cooperación bilateral y frenar la inversión extranjera.
“Nadie va a invertir en un país que es percibido como aliado del terrorismo y el narcotráfico”, aseguró.
Finalmente, Pérez envió un mensaje directo a la presidenta Xiomara Castro:
“No es que no tenga consejeros, el problema es que los tiene... pero desde Venezuela o Cuba. Lo que necesita es escuchar a consejeros hondureños que realmente quieran a Honduras”.
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