Finanzas confirma que no hay presupuesto para pagar a socios de Koriun
El decreto que se envíe al Congreso Nacional debe identificar la fuente y autorizar los fondos para cumplir la promesa que el gobierno hizo a los miles de estafados
- 22 de mayo de 2025 a las 23:20 /
El Gobierno aún no tiene identificado el presupuesto para pagar a afectados de Koriun Inversiones.
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, expresó que es indudable que un gobierno tiene el deber de salir a atender sobre todo a los más desprotegidos, no proteger a los corruptos, ni a los estafadores, sino a los más necesitados.
No obstante, dejó claro que ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda, es decir, no existe presupuesto destinado para resarcir el daño a los estafados por Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones.
En entrevista con radio HRN y Televicentro, Duarte expresó que en todo caso, como ha dicho el comisionado Marcio Sierra, si se remite un decreto al Congreso Nacional va a ser discutido, pero es en ese mismo decreto, como lo establece también la Ley Orgánica de Presupuestos, es donde se debe identificar la fuente de financiamiento.
“La única alternativa sería que el Congreso Nacional ordene buscar los recursos con el presupuesto actual. Ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda, es decir, no existe presupuesto destinado a eso. Yo eso lo puedo confirmar”, afirmó.
La Ley Orgánica de Presupuestos establece que cada nueva erogación debe identificar de forma explícita en el decreto el origen de los recursos públicos.
La partida 449 de los servicios financieros de la administración central suman 12,171 millones de lempiras recursos ya destinados para este año, entre ellos los 2,500 millones de lempiras para la realización de las elecciones generales, concluyó Duarte.
Para el ex comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, no se puede comparar el subsidio de una vivienda y la tasa de interés con la situación de Koriun, en la que personas invirtieron en una empresa con riesgos altos.
Dijo que el gobierno debería replantearse una estrategia porque ha creado una expectativa demasiado alta a nivel de la población, pues se ve gente de Choluteca y de otras zonas que están dispuestas a llegar a Tegucigalpa a exigir ese tipo de pagos.
“No es obligación del gobierno ni de ningún hondureño que de los impuestos vamos a pagar una acción ilegal y que no fue atendidas por las autoridades pertinentes ya sea por la CNBS o el Ministerio Público”, apuntó.
Reformas
El colapso de Koriun Inversiones que arrastró a miles de hondureños en una estafa tipo Ponzi, destapó la debilidad del Estado para detectar fraudes financieros.
Para evitar que se repita una historia similar, LA PRENSA Premium consultó a expertos que advierten sobre la urgencia de reformar el marco penal y reforzar los sistemas de supervisión antes de que surja otro caso como este.
Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló hace unos días a LAPRENSA que la primera medida debe ser la restitución de la tipificación penal de los delitos financieros, eliminados por el Código Penal de 2017.
Los delitos financieros antes de 2017 tenían una pena significativa. Por ejemplo, el artículo 394-B —Realización de intermediación financiera sin autorización y captación irregular de recursos del público— contemplaba sanciones claras para quienes ofrecieran servicios financieros sin estar debidamente autorizados, lo que permitía al Estado actuar con mayor contundencia ante esquemas como el de Koriun Inversiones.
“Quien, sin la previa autorización de la autoridad competente, realice operaciones de intermediación financiera, captando recursos del público para prestarlos o darlos a otros bajo cualquier concepto jurídico o modalidad será penado con reclusión de 3 a seis años, cuando no cause daños a terceros; y de seis a 12 años cuando lo cause”.
Sin embargo, con el nuevo Código Penal (2017), estos delitos desaparecen y existen otros como la quiebra fraudulenta, alzamiento de bienes e insolvencia fraudulenta, que rondan entre 1 y 3 años de prisión.
El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), consideró que este caso debe llevar a un replanteamiento urgente sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de prevenir estafas y delitos financieros.
“El caso Koriun nos deja esa sensación de que algo malo está pasando y que falta algo de control al respecto”.
