Experto alerta sobre crisis migratoria y falta de defensa legal

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, la falta de acceso a representación legal y la desinformación continúan siendo algunos de los principales desafíos para las personas en riesgo de deportación, según Juan Carlos Gómez, profesor clínico de Derecho y director de la Clínica de Derechos Humanos y Migración de la Universidad Internacional de Florida.

Gómez, abogado especializado en inmigración y derechos humanos, diaolgó con medios de comunicación de México, República Dominicana y Honduras, incluida LA PRENSA.

En una amplia entrevista advirtió que más del 68% de las personas en procesos de deportación no cuentan con un abogado, lo que reduce significativamente sus posibilidades de defensa de los migrantes. “Hay pocas organizaciones en Estados Unidos que han sobrevivido para poder representar a quienes no tienen recursos”, señaló.

El especialista alertó sobre la proliferación de prácticas engañosas por parte de algunos abogados o firmas que prometen soluciones inviables. "Estas personas no atienden al individuo y no le dicen: esta es la realidad; muchos no entienden cuál es la situación que están enfrentando".

El abogado recordó que después de la amnistía del 86, "muchos de nosotros esperábamos que quienes lograran resolver su estatus reclamaran luego a sus familiares para avanzar juntos: hermanos, padres, hijos. Sin embargo, muchos no lo hicieron, y eso provocó uno de los grandes desastres de la migración: la separación de familias y, en cierto sentido, la destrucción de comunidades”.

El académico señaló que la separación prolongada puede debilitar los vínculos entre padres e hijos, especialmente en casos de menores no acompañados. “En muchos casos, los niños terminan identificándose más con familiares en sus países de origen, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, que con sus propios padres en Estados Unidos”, explicó.

Gómez cuestionó el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense, al que calificó de complejo y, en algunos aspectos, desactualizado. Afirmó que existen deficiencias estructurales en la legislación y una falta de consenso político que impide reformas básicas.

“Hoy, quienes controlan la política migratoria son las mismas personas que hace décadas se oponían a todo tipo de migración. Si dependiera de ellos, regresaríamos a las leyes de los años 1920, que eran abiertamente racistas. Nadie en esta sala estaría aquí hoy, porque simplemente no seríamos considerados aceptables.”

Para Goméz, "no se les permite un proceso ni una verdadera oportunidad de defenderse. El problema es que los aterrorizan y los engañan”.

El abogado de inmigración relató un caso ocurrido el verano pasado: un viernes logró conseguir fianzas para tres jóvenes mexicanos detenidos en un centro. Sin embargo, al día siguiente se enteró de que ya habían sido enviados a México.

Dos de ellos habían firmado acuerdos de salida voluntaria en contra de su consejo, pues siempre advierte a sus clientes: "No firme nada sin hablar con un abogado y sin presentarse ante un juez". Explicó que el problema es que muchos migrantes son presionados con la promesa de que "si firmas, vas a ir a casa", cuando en realidad esa “casa” significa ser devuelto a su país de origen.

Insistió en que uno de los errores más comunes es firmar documentos sin comprender su contenido, lo que puede derivar en salidas voluntarias o deportaciones sin posibilidad de apelación.

El abogado de inmigración advirtió sobre el rol de la industria de cárceles privadas, que ve en la detención migratoria una oportunidad de negocio millonario. “Se priorizan los números sobre la humanidad de las personas”, sostuvo.

Gómez representa a muchas personas con problemas psiquiátricos, porque considera que en todos los países —incluido Estados Unidos— se violan los derechos de quienes padecen esquizofrenia, bipolaridad u otras condiciones similares. Según él, las cárceles de los condados funcionan como verdaderas instituciones psiquiátricas.

Relató que varios de sus clientes, cubanos y haitianos, habían recibido “retención de expulsión”, una forma de protección que impide su devolución al país de origen. Sin embargo, fueron recogidos discretamente, subidos a autobuses y enviados a México en un fin de semana, sin oportunidad real de defenderse. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde para intervenir.

El experto cuestionó la falta de sistemas de apoyo: “¿Cómo van a funcionar en un lugar donde no tienen redes ni servicios para ayudar?”. Recordó el caso de un cliente que apenas toma la medicación adecuada y vive en un mundo paralelo, pero que ha logrado sobrevivir gracias a su acompañamiento.

Denunció además que, en lugar de llevar a estas personas a hospitales psiquiátricos, la policía las traslada primero a cárceles de condado y luego a centros de detención de inmigración. Solo si alguien logra contactarlo, puede intentar defenderlos.

Pese a haber conseguido protección para su cliente, Homeland Security decidió enviarlo a México, donde no tiene familia ni apoyo. “Aquí apenas tiene a unos pocos que lo respaldan, y siempre choca con la policía local. No va a funcionar. Pero esto es lo que está pasando, lo que estamos dejando que pase”, concluyó.

En cuanto al acceso al asilo, el experto explicó que las políticas recientes han incrementado las barreras para los solicitantes, incluyendo restricciones procesales y mayores requisitos probatorios.

Para calificar, una persona debe demostrar persecución por motivos específicos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular, además de probar que no puede reubicarse de manera segura dentro de su país.

El abogado también alertó sobre la falta de personal capacitado en el sistema migratorio, desde agentes hasta jueces administrativos, lo que puede afectar la calidad de las decisiones, aseguró.

A esto se suma, dijo, el clima de miedo e incertidumbre dentro de las comunidades migrantes, donde muchas personas evitan tomar acciones legales por temor a ser detenidas.

Frente a este panorama, Gómez subrayó la importancia de informarse, buscar asesoría legal confiable y ejercer los derechos disponibles. También destacó el papel de los tribunales federales y los procesos democráticos como vías para generar cambios. “La prioridad es sobrevivir y entender las opciones disponibles”.