Gobierno ha pagado L10 millones por 154 cirugías en clínicas privadas

La estrategia del Estado de Honduras para reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos mediante la contratación de servicios en clínicas privadas ha contribuido a aliviar la carga de pacientes en lista de espera, pero los esfuerzos por descongestionar el sistema han representado el desembolso de al menos 10 millones de lempiras en las primeras ocho semanas de funcionamiento.

Así lo indica un análisis elaborado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos obtenidos mediante la solicitud de información pública SOL-SDS-6029-2026, donde se desglosan los detalles de 183 procedimientos médicos financiados por el Estado en centros privados desde finales de marzo hasta principios de mayo de 2026.

De estas operaciones, 154 cuentan con información detallada sobre costos, incluyendo 142 cirugías, 11 evaluaciones preoperatorias y un caso de cálculos en la vesícula que finalmente no requirió intervención quirúrgica. De los 29 restantes casos no hay datos de pago.

La medida de canalizar intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada fue adoptada bajo el amparo de la emergencia sanitaria nacional y busca reducir una mora quirúrgica que superaba los 13,700 pacientes, aunque algunas estimaciones elevaron la cifra hasta cerca de 20,000 personas en espera de una operación.

Las cifras arrojaron que la estrategia se ha acelerado, de acuerdo a la ejecución presupuestaria: el gasto pasó de 996,000 lempiras en marzo a casi 8 millones durante abril.

La iniciativa comenzó el 25 de marzo de este año. En el tramo final de ese mes se invirtieron 996,000 lempiras en 15 cirugías; en abril, la ejecución se incrementó considerablemente, alcanzando los 7.9 millones de lempiras para la realización de 122 procedimientos quirúrgicos.

Entre el 1 y 8 de mayo se habían desembolsado otros 375,000 lempiras en siete intervenciones, mientras que 10 cirugías adicionales, cuya fecha no fue especificada, representaron un gasto de 673,000 lempiras.

Las operaciones más frecuentes dentro del programa han sido las colecistectomías, procedimiento mediante el cual se extirpa la vesícula biliar. En total se realizaron 76 cirugías de este tipo, cuyos costos oscilaron entre los 60,686 y 115,900 lempiras, incluyendo consultas y evaluaciones médicas; el costo promedio fue de 78,669 lempiras por paciente.

Las hernioplastías, utilizadas para corregir hernias, ocuparon el segundo lugar con 44 procedimientos realizados. Estas intervenciones tuvieron precios que variaron entre 44,761 y 99,047 lempiras, con un promedio de 53,537 lempiras.

Asimismo, se efectuaron 14 histerectomías, procedimientos ginecológicos cuyos costos fluctuaron entre 55,031 y 79,000 lempiras, con un promedio de 68,016 lempiras.

Entre las operaciones de menor costo figuraron las exéresis, empleadas para extirpar tumores benignos, lipomas y otros cuerpos extraños, con valores que rondaron entre 16,800 y 18,798 lempiras, pero una de estas intervenciones alcanzó los 63,005 lempiras debido a gastos adicionales relacionados con biopsias y colocación de sondas.

La cirugía más costosa registrada dentro del programa correspondió al área de oncología, aunque las autoridades no detallaron el procedimiento realizado. Esta intervención representó un gasto de 320,000 lempiras.

Las 183 cirugías se repartieron entre seis establecimientos médicos privados, según los datos analizados por LA PRENSA Premium.

El Centro Médico Lancetilla, en Atlántida, ha canalizado la mayoría de intervenciones quirúrgicas, con 65 casos, para los cuales se liberaron 4.09 millones de lempiras.

El segundo es el Hospital San Jorge, de la capital, a donde remitieron 53 pacientes para cirugía hospitalaria, lo que representó 3.27 millones de lempiras.

Siguen Hospital y Clínicas Viera, donde realizaron 15 procedimientos a un costo de 1.22 millones de lempiras, y Clínicas Por Salud, con 20 casos que representaron un pago de 1.11 millones de lempiras. Con un caso apenas, a un costo de 320,000 lempiras, está el Centro Oncológico Hondureño.

En Cemesa se practicaron 29 operaciones, aunque en el reporte no se indicó el respectivo costo.

El diputado y miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, el doctor Carlos Umaña, cuestionó los costos que el Estado está pagando por la realización de estas cirugías en centros médicos privados, en el marco de las medidas para reducir la mora quirúrgica en hospitales públicos.

Umaña, en conversación con LA PRENSA Premium, coincidió que las intervenciones más frecuentes en este programa, que corresponden a cirugías de vesícula, hernias y operaciones de matriz, son patologías de alta demanda en el sistema público, por lo cual han permanecido en lista de espera durante largos períodos.

Según el congresista, el criterio de selección de pacientes establece que deben ser personas que hayan estado programadas por más de un año sin ser intervenidas en el sistema estatal, condición que, a su juicio, justifica su inclusión en el programa de derivación a clínicas privadas; sin embargo, advirtió que el principal problema radica en los montos pagados por el Estado, los cuales considera superiores a lo razonable.

“Los números están sobrevalorados para el Estado, se está pagando como si fueran honorarios profesionales completos o tarifas de red de aseguradoras privadas, eso es muy alto”, señaló Umaña, al conocer los montos pagados.

A su criterio, debió haberse negociado bajo un esquema de volumen que permitiera reducir significativamente los costos.

Umaña agregó que el decreto de emergencia no contemplaba costos equivalentes a los del sector privado en condiciones normales, sino valores ajustados a la realidad del financiamiento público. En ese sentido, estimó que un precio adecuado debería ser entre un 40% y 50% menor a lo actualmente pagado.

Además del procedimiento quirúrgico, el Estado también ha cubierto mediante las clínicas privadas consultas preoperatorias, evaluaciones médicas, estudios diagnósticos y seguimientos posteriores a las operaciones.

Las consultas preoperatorias registraron un costo promedio de 1,013 lempiras, mientras que las consultas de seguimiento alcanzaron los 1,145 lempiras y las postoperatorias los 1,200 lempiras. Por su parte, los estudios médicos previos a las cirugías tuvieron un valor promedio de 2,569 lempiras.

Umaña, anestesiólogo y con amplio conocimiento por más de tres décadas de experiencia en el sistema de salud, calculó que, en el caso de las colecistectomías (cirugía de vesícula), el costo promedio debería rondar los 30,000 lempiras por paciente; sin embargo, en los datos oficiales se reportó pagos de entre 55,912 y 83,309 lempiras por cirugía, sin consultas, estudios ni otros procedimientos.

En el caso de las histerectomías, estimó que el valor razonable debería situarse alrededor de los 40,000 lempiras, mientras que los registros estatales reflejaron un costo de 55,031 y 66,994 lempiras.

Asimismo, especificó que las hernioplastías deberían costar entre 25,000 y 29,000 lempiras, pero según las cifras oficiales, el Estado ha estado pagando entre 39,875 y 55,569 lempiras por cada procedimiento.

En algunos casos se reportaron gastos adicionales catalogados como "otros", correspondientes a medicamentos, insumos médicos y exámenes complementarios necesarios para garantizar la atención de los paciente.

En teóría, las consultas no estaban contempladas ni se indicó que debiera incluirse dentro de la atención en clínicas privadas; es decir, el sistema nacional de salud debía hacerse cargo de estos casos y se debía dar seguimiento en consulta con especialistas del Estado.

“Fuimos claros con el Partido Nacional en que ellos debían negociar los precios, les están cobrando lo mismo que en el sistema privado y eso lo vamos a denunciar cuando llegue al Congreso”, afirmó Umaña.

Se estima que el primer informe relacionado con la emergencia sanitaria llegue a la Comisión de Salud en julio y que, a partir de ese análisis, se podrían presentar las denuncias correspondientes ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que se investigue el manejo de los fondos, en caso de sospecharse de irregularidades.

Los viceministros de la Secretaría de Salud fueron designados para negociar los precios, ya que se creó una estructura específicamente para ese fin.

Según el congresista, el objetivo del decreto aprobado era lograr una reducción de costos en beneficio del Estado, "pero le están haciendo el negocio a grupos económicos”, sostuvo.

LA PRENSA Premium intentó entrevistar a Carlos Flores, designado presidencial y uno de los funcionarios que está al frente de la estrategia para la reducción de la mora quirúrgica, al respecto de los costos y avances del programa; sin embargo, hasta la hora de publicación no hubo respuesta de él. También se buscó a diputados oficialistas con dominio del área médica, pero tampoco se obtuvo una respuesta.

El objetivo de fondo es legítimo: salvar vidas y reducir listas de espera es la prioridad, pero esta situación se desprende un deterioro acumulado durante años en la gestión del sistema sanitario, que ha contribuido a su actual nivel de saturación, coinciden expertos.

Una parte importante de la mora quirúrgica no necesariamente deriva de la falta de médicos, sino de problemas estructurales, que van desde quirófanos inhabilitados, escasez de insumos, equipos dañados, falta de mantenimiento, hasta procesos administrativos lentos.

Bajo esta perspectiva, sectores y expertos consideran que una inversión similar podría haberse orientado a rehabilitar quirófanos, adquirir equipos médicos o fortalecer la capacidad operativa de hospitales como el Hospital Escuela de Tegucigalpa o el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

En opinión del economista y catedrático universitario Rafael Delgado, las soluciones de emergencia implementadas en el sistema de salud, como la contratación de cirugías en clínicas privadas para reducir la mora quirúrgica, tienden a ser más costosas que la atención realizada dentro de la infraestructura pública, aunque reconoció que pueden ser necesarias en contextos de saturación.

“No tengo datos de costos de una operación en específico, pero lo que sí se sabe es que estas soluciones de emergencia resultan muy caras, en todo caso más caras de lo que usualmente costaría realizarlas en la infraestructura pública”, apuntó.

Delgado expuso que este tipo de medidas pueden justificarse como respuesta inmediata ante el colapso de los servicios hospitalarios, pero arguyó que no deben convertirse en una práctica recurrente.

“Como respuesta de emergencia, ni modo, es necesario hacerlo, pero no se puede volver una costumbre sabiendo que existe infraestructura instalada en los hospitales públicos. El Gobierno debería ser capaz de poner en orden el sistema para que las cirugías se realicen dentro de la red pública”, agregó.

El economista consideró que los 10 millones de lempiras destinados a este tipo de intervenciones pueden parecer una cifra pequeña en comparación con el presupuesto general, pero enfatizó que el problema no es el monto, sino la calidad del gasto público y su supervisión.

“No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta y bajo qué controles se ejecuta cada parte del presupuesto”, remarcó.

Delgado también recordó que los costos de este tipo de mecanismos los termina asumiendo la población. “Es un costo que estamos pagando los hondureños por la mala infraestructura del sistema de salud. Estas salidas de emergencia, que incluyen el envío de pacientes a clínicas privadas, se dan en un contexto de debilidad institucional”, aseveró.

Asimismo, recordó que las instituciones públicas cuentan con mecanismos de control interno y con la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia y la auditoría en estos procesos.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud sostiene que el programa forma parte de las acciones implementadas bajo la emergencia sanitaria y que será ampliado a diferentes ciudades.

El Gobierno atribuye esta situación a la limitada capacidad de los hospitales públicos, la escasez de insumos, el déficit de personal especializado y la inoperatividad de varios quirófanos debido al deterioro de la infraestructura hospitalaria desde años anteriores.

La contratación temporal de servicios privados busca aliviar la presión sobre centros asistenciales mientras avanzan los trabajos de remodelación y rehabilitación de quirófanos en la red pública.

De los 147 quirófanos distribuidos en los hospitales públicos a nivel nacional, solo 106 estaban habilitados hasta finales de 2025, el resto permanecía cerrado, según un análisis que desarrolló LA PRENSA Premium.

La estrategia, han indicado desde el Gobierno, está respaldada por la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, aprobada este año por el Congreso Nacional, que declaró estado de emergencia en el sistema sanitario hondureño.

La normativa autoriza a la Secretaría de Salud a suscribir convenios con instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y cooperantes nacionales e internacionales para la realización de procedimientos quirúrgicos y otras acciones destinadas a fortalecer la atención médica.

El decreto establece que la contratación de hospitales privados debe ser una medida temporal. Por ello, ordena a las autoridades sanitarias desarrollar un plan que permita trasladar nuevamente la totalidad de los servicios médicos hacia los hospitales públicos en el menor tiempo posible.

Asimismo, la ley contempla mecanismos de control y transparencia, todos los contratos suscritos bajo la emergencia deberán ser remitidos al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional para procesos de auditoría, mientras las instituciones ejecutoras estarán obligadas a presentar informes periódicos sobre el uso de los recursos públicos.

Además de reducir la mora quirúrgica, la legislación incluye acciones para mejorar el abastecimiento de medicamentos, fortalecer el equipamiento hospitalario y rehabilitar la infraestructura sanitaria en todo el territorio nacional.