"Esta decisión es devastadora e inexplicable", dicen tras el fin definitivo del TPS
Jhony Silva, beneficiario hondureño, no ocultó su angustia: “No puedo creer que el gobierno quiera arrancarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
- 20 de agosto de 2025 a las 16:11 /
Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California permitió que la administración de Donald Trump avance con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que ampara a miles de inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión revoca una orden previa de un tribunal de distrito que había frenado la medida y coloca a miles de familias en riesgo de perder su estatus legal, su autorización de trabajo y la protección contra la deportación.
El fallo implica que los beneficiarios de Nepal perderán de inmediato sus permisos, mientras que los hondureños y nicaragüenses enfrentarán la terminación del amparo el próximo 8 de septiembre.
En ambos casos se trata de residentes de largo plazo: los nepalíes llevan más de diez años en el país, mientras que hondureños y nicaragüenses han vivido bajo TPS por más de 26 años.
"Esta decisión devastadora e inexplicable y amenaza a familias que han vivido aquí durante décadas, han criado hijos con ciudadanía estadounidense, han creado negocios y se han convertido en parte integral de nuestras comunidades", afirmó la National TPS Alliance minutos después de trascender la resolución por la que se mantuvieron en vigilia en varias ciudades de EE UU.
Voces de la comunidad y sus defensores
La resolución judicial generó un rechazo inmediato entre beneficiarios y defensores.
“Me parte el corazón la decisión de la corte. He vivido en EE UU por años, y mis hijos son ciudadanos estadounidenses que nunca han estado en Nepal. Este fallo nos deja a nosotros y a miles de otras familias con miedo e incertidumbre”, expresó a través de la National TPS Alliance, Sandhya Lama, demandante y beneficiaria de TPS de Nepal.
Jhony Silva, beneficiario hondureño, no ocultó su angustia: “No puedo creer que el gobierno quiera arrancarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
Por su parte, la también hondureña María García externaba su temor. "Difícil situación la que estamos viviendo regresar a Honduras es terrible nuestro país está difícil".
Mientras que Audeli Requeno iba más allá y apelaba a las buenas relaciones que hay entre Donald Trump y su par salvadoreño, Nayib Bukele.
"Hay que pedirle al presidente salvadoreño que nos ayude, él tiene buenas relaciones con el presidente Trump nosotros somos muchos aquí luchando solos; al gobierno de Honduras no le interesa nuestro bienestar todos sabemos la situación de nuestro país y corremos peligro al regresar con la inseguridad que se vive allá".
Desde la National TPS Alliance, que encabeza la batalla legal, recalcaron que los inmigrantes amparados “no somos una emergencia, somos familias, trabajadores y vecinos que hemos construido nuestras vidas aquí. A pesar de este revés, seguiremos luchando por justicia. Esta decisión no nos silenciará. Nuestras voces serán escuchadas”.
Teófilo Martínez, beneficiario hondureño y líder de la Alianza, advirtió: “No dejaremos de organizarnos y luchar por el derecho de permanecer en el único hogar que muchos de nosotros hemos conocido. Seguiremos luchando por protecciones permanentes y para detener la cruel separación de nuestras familias”.
Por su parte, organizaciones y abogados cuestionaron con dureza la resolución. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, sostuvo que la corte actuó por debajo de los estándares del debido proceso.
“La decisión simplemente autoriza el abuso de poder del gobierno, exponiendo a decenas de miles de personas a detención y deportación ilegales. Ellos merecen mucho más que lo que esta corte ha hecho hoy”.
En tanto, Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señaló que la medida causará “un sufrimiento tremendo e innecesario para decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 niñas y niños ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS”.
Emi MacLean, de la ACLU Foundation del Norte de California, calificó la decisión como “un revés devastador, pero no el final de esta lucha. La protección humanitaria –el TPS– significa algo y no puede ser destruida tan fácilmente”.
Trump suma una nueva victoria en su ofensiva antiinmigrante
La administración Trump defendió su decisión, argumentando que el TPS ha sido mal utilizado. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que la cancelación del programa busca “restaurar la integridad del sistema migratorio” y devolver al TPS su propósito original.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, puntualizó.
El TPS fue creado como un alivio humanitario para personas provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. Sin embargo, con el paso de los años, decenas de miles de familias han construido sus vidas en Estados Unidos bajo este estatus, con hijos nacidos en suelo estadounidense, negocios y empleos que sostienen economías locales.
Con esta decisión, Trump suma una nueva victoria en su ofensiva contra este beneficio migratorio, tras haber impulsado también la cancelación del amparo para haitianos, venezolanos y otros colectivos.
Los demandantes en el caso están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA y la Haitian Bridge Alliance.
