Consejo de nuevos cabecillas de la 18 gobierna en módulos de El Pozo
Han hecho de la cárcel una anarquía, rentando y comprando propiedades cercanas a través de testaferros, familia y miembros
- 11 de agosto de 2025 a las 23:59 /
San Pedro Sula, Honduras.
A unos 75 kilómetros de San Pedro Sula, en las montañas de Ilama, Santa Bárbara, está uno de los centros penitenciarios de seguridad máxima de Honduras, El Pozo , construido durante el año 2014 e inaugurado tiempo después, recibiendo a sus primeros reos a través de la Operación Arpía.
Aunque fue diseñado para romper el poder de las pandillas y las maras en las cárceles, con el tiempo estas estructuras criminales reconstruyeron su control interno.
Resguardado por militares armados, rodeado de muros y puntos de control, este penal parece una fortaleza del Estado, pero adentro la realidad un tanto diferente, hay otros que controlan el orden y el desorden, dentro de los módulos el poder lo tiene la Pandilla 18.
Según investigaciones recientes de este medio de comunicación y testimonios de personas que, mes a mes, cruzan las aduanas de seguridad de El Pozo, el verdadero mando no solo lo ostenta el director del penal o los militares apostados en las garitas, dentro de los módulos , el poder también descansa sobre manos de un gobierno paralelo, estructuras internas que se autogestionan, ajenas a cualquier marco legal.
Cada módulo, una pequeña república bajo llave, está dirigido por un reducido consejo de aproximadamente tres hombres denominados como “coordinadores”, una figura que no existe en la ley.
Se trata de hombres que no portan uniforme militar ni policial, pero mantienen una autoridad interna que les permite, hasta cierto punto, tomar decisiones que van más allá de la disciplina penitenciaria formal.
Entre sus atribuciones informales se incluye, bajo un sistema clandestino, exigir el ingreso de compañeros de su grupo desde adentro, determinar la fecha y condiciones de salida al cumplirse una condena, imponer sanciones y, en casos extremos, extorsionar, traficar droga, ordenar secuestros y asesinatos.
Estos “gobiernos internos” reproducen una réplica carcelaria de los sistemas de poder en la calle, jerarquizados, disciplinados y violentos.
Los "coordinadores" actúan como jueces, mediadores y verdugos, imponen reglas y conductas, protegen a los suyos como una familia y negocian al interior potenciales conflictos. Aunque oficialmente el director del penal es la máxima autoridad, su control dentro de los módulos, aparentemente, es más simbólico que real.
En la cárcel de Ilama, los internos se distribuyen en distintos módulos: máxima seguridad, nuevo módulo y mínima seguridad. Aunque estos espacios han contado con cámaras de vigilancia, la mayoría están inoperativas, ya que los propios reclusos las han destruido, dejando zonas sin monitoreo visual.
Generacionales
En los módulos de El Pozo cumplen condena o están en prisión llevando procesos judiciales varios integrantes de alto perfil de la Pandilla 18. Entre ellos figura José Ángel Interiano Mercado, conocido como "Conejo", identificado como uno de los fuertes líderes de la estructura y con influencia en la actualidad.
Otro de los reclusos es Maycol Rivera, alias "Batman"; junto con Saybe Cruz, alias "Muñeco"; y Darvin Valladares, alias "Flaco".
También se encuentran Danny Ramos, alias "Cíclope"; así como Javier Evelyn Hernández, alias "Flash", considerado un miembro veterano con amplia trayectoria criminal y reconocimiento entre los pandilleros de mayor antigüedad.
A ellos se suman José Leomar Vásquez Aguilar, alias "Trosty"; y Elvin Moreno Garmendia, alias "El Travieso", señalados de casos de alto impacto.
Además, guardan prisión en estos módulos, Sergio Misael Murillo Jiménez, alias "Little Boy"; y Sergio Geovany Bautista Baldivieso, alias "Scooby".
La lista incluye a Cándido López Mora, conocido como "El Mexican" o "El Abuelo"; y Norman Anil Ramos, alias "Luchador", este último con más de una década de permanencia en la pandilla y considerado uno de los cabecillas de mayor rango que aún operan desde el interior de El Pozo.
Para entender con amplitud estos perfiles, se retrotrae el expediente de Norman Anil Ramos o "Luchador Santana", es un cabecilla con más de 12 años de permanencia en la organización. Su trayectoria ha estado marcada por el dominio en el negocio de la extorsión en colonias como Quitur y Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, donde su influencia ha sido determinante.
Un episodio que ilustra el nivel de violencia y control que ejercía Ramos, es el asesinato de Rosita, una joven entre 17 y 18 años que, pese a las advertencias de Ramos desde prisión, continuó involucrada y obsesionada en el tráfico de drogas, hasta que fue ejecutada y quemada viva por órdenes directas de él.
Por su parte, Javier Evelyn Hernández, alias "Flash", es un ejemplo de la vieja escuela dentro de la pandilla. Con formación de Licenciatura en Administración de Empresas en la universidad y experiencia como tesón militar, Hernández representa una figura con un perfil distinto al de muchos pandilleros jóvenes.
Su formación y antigüedad le han garantizado beneficios internos y un estatus especial por parte de sus subalternos, mostrando la compleja amalgama de líderes que conviven y se disputan el poder dentro de El Pozo. De no haber optado por el rumbo equivocado, a esta altura sería teniente coronel dentro del Ejército.
Desde la muerte de Sergio Jair Canales Vindel, alias Conejo (viejo), líder principal de la Pandilla 18, ocurrida en julio del año 2013 producto de la explosión de una granada dentro de su pastel de cumpleaños en el desaparecido centro penal de San Pedro Sula, la organización criminal ha enfrentado una crisis interna de liderazgo.
Desde entonces no se ha logrado consolidar una cabeza principal que dirija la estructura, lo que ha generado desorganización y varios líderes jóvenes emergentes, con edades entre 20 y 30 años, que han comenzado a disputar el control desde el interior de las prisiones y fuera de ellas.
Esta fragmentación ha provocado una pérdida significativa del control sobre actos violentos, en particular los asesinatos tanto dentro como fuera de las cárceles. Miembros o "homies" de menor rango, considerados “inmaduros” por sus propios compañeros, están ejecutando homicidios y asesinatos sin coordinación ni orden, incrementando la violencia indiscriminada en las zonas bajo influencia de la pandilla.
Un caso que retrata esta situación es el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en San Pedro Sula a finales de julio pasado. Las víctimas, que no tenían vínculos con las maras ni siquiera simpatizaban con ellas, fueron ultimadas en la colonia Reparto Lempira, por miembros de la Pandilla 18 que operan sin lineamientos claros.
Un líder de la sociedad civil que trabaja con la reinserción de pandilleros en zonas conflictivas de San Pedro Sula, y que pidió ocultar su nombre, comentó a este medio de comunicación que, a pesar de la violencia descontrolada, las figuras más antiguas de la pandilla, como "Flash", reconocen la inmadurez de los nuevos integrantes y advierten sobre la necesidad de controlar la situación, aunque admiten la dificultad para hacerlo.
“De todas maneras le aconsejo *** que tenga cuidado, porque sabemos que afuera hay ´homies´ inmaduros, si algo le pasa a usted vamos a matar a ese hasta con el perro de la casa, pero de qué sirve...”, afirmó el interlocutor, recordando una conversación que tuvo con este cabecilla años atrás.
Tras la muerte violenta de "Conejo" (viejo), otro líder importante de la Pandilla 18 que emergió fue José Virgilio Sánchez Montoya, conocido como El Pechocho, pero su permanencia como figura de poder fue abruptamente interrumpida en febrero de 2024 cuando fue asfixiado dentro de una celda por sus propios compañeros en la cárcel de Támara, Francisco Morazán.
Este hecho marcó un punto de inflexión en la estructura interna de la pandilla, generando cambios significativos en la dinámica de liderazgo. Actualmente, aunque los miembros están alojados en un mismo circuito penitenciario y en proximidad física, existe una separación con un grupo reducido compuesto por aproximadamente 30 veteranos de la organización.
Este conjunto de reclusos, conformado por hombres mayores de 40 y 50 años, con más de o tres décadas de antigüedad dentro de la pandilla, se autodenomina como líderes retirados y cristianos. Entre ellos destacan figuras como "El Mexican" y "El Flash", este último con una edad aproximada de entre 60 y 70 años.
Estos líderes retirados mantienen respeto, tienen palabra y autoridad "moral" dentro de la prisión, representando una generación que, pese a haber dejado atrás la actividad criminal directa, continúa influyendo en la organización desde una posición más contemplativa y religiosa.
Este grupo de líderes pertenece a la misma generación que Alexander Mendoza, alias El Porkys, quien es conocido como jefe nacional de la Mara Salvatrucha y continúa prófugo de la justicia. Este conjunto de reos con largas condenas y un amplio historial criminal está siendo objeto de un proceso de intervención espiritual y social liderado por el pastor Carlos Cerrato, del Ministerio Pasión por las Almas.
La intervención busca brindar un acompañamiento religioso y psicológico con la intención de modificar comportamientos y reducir la violencia dentro del penal, aunque el impacto real de este tipo de programas sobre la estructura criminal y su poder en las prisiones continúa siendo un tema de análisis y debate entre especialistas en seguridad y rehabilitación penitenciaria.
Paliativos
Durante los primeros meses de este año, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) inició una estrategia para mejorar la seguridad en las cárceles. Se trazó un plan para concentrar a cada organización criminal en un solo centro penitenciario, reducir la violencia, el ingreso de armas o sobornos y facilitar los procesos de clasificación y reclusión.
En esta reorganización se movilizó a unos 6,000 reos a distintos centros penitenciarios según criterios técnicos (nivel de peligrosidad, condición jurídica, salud, etc.), y para el 30 de mayo de 2025 el proceso ya estaba finalizando.
Documentos del INP a los que este medio tuvo acceso, mostraron que durante el mes de enero fueron trasladados a la cárcel de El Pozo 33 miembros procesados de la Pandilla 18 y uno ya sentenciado. En febrero, el ingreso fue de 28 procesados y un sentenciado; en marzo, 23 procesados; y en abril, 55 procesados y un sentenciado.
El proceso de traslado masivo de reos ha logrado mitigar los conflictos y las reyertas internas dentro de El Pozo, pero esta estrategia también facilitó la consolidación del control de la Pandilla 18 en el penal.
La organización ha establecido un dominio casi absoluto dentro de los módulos, según indicaron fuentes entrevistadas, reforzando la percepción entre sus miembros de que El Pozo es un territorio exclusivo para ellos. Este monopolio de la pandilla genera un ambiente de exclusión y amenazas hacia reclusos que no pertenecen a la 18.
En el marco de la reorganización penitenciaria, un número considerable de reos fue trasladado desde la cárcel de El Progreso, Yoro, ubicada en la colonia Palermo, un territorio controlado por la Mara Salvatrucha. Estas personas, clasificadas oficialmente como población común, han sido blanco de hostigamientos verbales por parte de miembros de la Pandilla 18 que dominan El Pozo.
Los reclusos trasladados escuchan con frecuencia gritos y advertencias por parte de pandilleros ubicados a metros, quienes les exigen abandonar el penal bajo amenaza de muerte. La razón principal radica en la percepción de que estos individuos forman parte o simpatizan con la MS-13, rival histórica de la 18.
Indagaciones revelan que, más allá del control ejercido dentro de los muros de El Pozo, los jefes de la Pandilla 18 han extendido su influencia al entorno inmediato del centro penal. Se ha infomado de la compra de múltiples propiedades en los alrededores de El Pozo, muchas de ellas compradas y rentadas mediante familiares, testaferros y otros miembros de la estructura que no son originarios de Ilama, consolidando así una red de apoyo y logística fuera del penal.
Este fenómeno refleja una dinámica de anarquía y control paralelo que persiste a pesar de la presencia militar y la administración oficial del Instituto Nacional Penitenciario.
Con libertad
El control penitenciario no detiene las comunicaciones entre los jefes y cabecillas recluidos en El Pozo y sus encargados de plaza en distintos sectores. Esto se da casi a diario y se intensifica durante las noches.
Entre los puntos estratégicos donde operan estas conexiones se encuentran la Rivera Hernández, colonia Sandoval (La Pradera), la zona de la Terminal de Buses, colonia Luisiana, Chamelecón, en San Pedro Sula; así como El Kilómetro, en Choloma. Estos y otros puntos son de alto amplio territorial del Barrio 18.
Estos vínculos se mantienen mediante visitas o la intermediación de “mulas” (mensajeros), principalmente mujeres, quienes transportan información vital sobre el control territorial, movimientos de activos, inventario de armas y manejo de recursos económicos. A través de estos canales, los líderes reciben reportes detallados que permiten ajustar sus estrategias y mantener el dominio externo desde la prisión.
El sistema interno de control del grupo es severo y violento, cualquier miembro que incurra en faltas graves en el exterior es obligado a entregarse con facilidad a las autoridades. Una vez recluido, es sometido a castigos físicos por parte de sus compañeros, quienes lo golpean en círculo como forma de sanción.
Se ha observado un cambio en la dinámica de ascensos dentro de la pandilla, donde los nuevos “brincos” o promociones se otorgan bajo la supervisión directa de los “padres espirituales” o cabecillas de mayor rango que ejercen su autoridad desde adentro del penal, consolidando una jerarquía carcelaria que replica y fortalece la estructura criminal afuera.
Aunque el control formal y la mayor gobernabilidad general del centro penal El Pozo están bajo la responsabilidad de los militares, quienes han implementado medidas para mantener la seguridad global y restringir los privilegios que antes gozaban los reos, parte de ese control sigue estando, en cierta medida, en manos de cabecillas de la pandilla.
A pesar del mando institucional, los cabecillas de la Pandilla 18 continúan operando activamente desde el interior de la prisión. Uno de los factores que facilita esta continuidad es la complicidad de algunos custodios, quienes se encargan de introducir dispositivos electrónicos, armas de fuego y otros objetos prohibidos.
Estas acciones ilícitas, en su mayoría motivadas por sobornos significativos, son el espejo de una red de corrupción que socava los esfuerzos oficiales para controlar el crimen organizado dentro de El Pozo.
Una fuente del Poder Judicial, que habló bajo condición de anonimato con LA PRENSA Premium, describió con ironía la facilidad con la que se introducen objetos prohibidos dentro de El Pozo.
"Si usted mira el perímetro es fácil lanzar cualquier teléfono u otra cosa, viene el custodio, lo recoge y lo lleva sin necesidad de pasar por los puntos de control. Más que por amenazas, ellos actúan por conveniencia, dependiendo del 'sapo', así es la pedrada", afirmó, usando un adagio popular para ilustrar la corrupción que impera en el sistema penitenciario.
Las requisas realizadas durante años anteriores confirman esta problemática, pues se han encontrado armas de diverso tipo, así como teléfonos satelitales y dispositivos de alta gama dentro de la prisión.
Estos medios tecnológicos permiten a cabecillas de la Pandilla 18, como "El Conejo" y otros líderes contemporáneos, coordinar desde el interior actividades delictivas que incluyen secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.
De acuerdo con investigaciones de inteligencia realizadas por la Dirección Policial Contra el Crimen Organizado (Dipampco), detrás del centro penal de El Pozo opera una red donde supuestamente funciona una “chanchera”, la cual sirve como un nodo estratégico para que los jefes de la Pandilla 18 también mantengan comunicación y coordinación con sus estructuras fuera de la prisión.
A pesar de los esfuerzos militares, el ingreso de drogas a El Pozo no ha podido ser detenido. Durante los últimos años se han reportado múltiples hallazgos de sustancias ilícitas ocultas en partes íntimas de mujeres que intentaron introducir droga al penal, evidenciando las fallas en los controles de seguridad.
Los protocolos de seguridad que implementa la prisión se caracterizan por ser más reactivos que preventivos, con un alto grado de improvisación. Aunque se ha creado una nueva fuerza encargada de realizar requisas, esta carece de la capacitación suficiente para detectar y controlar efectivamente el trasiego de drogas y otros ilícitos dentro del centro penitenciario.
Para entrar a la prisión se debe atravesar al menos tres controles o “aduanas”, habiendo en el tercero un escáner diseñado para inspeccionar a profundidad a visitantes y objetos, pero supervisores que verifican periódicamente la condición de los reos denunciaron que este equipo está fuera de servicio desde aproximadamente el año 2022, y que su reparación no ha sido gestionada debido al elevado costo, estimado en más de un millón de lempiras.
La ausencia del escáner ha obligado a que las inspecciones sean únicamente palpables y visuales, complementadas por un perro entrenado para olfatear, aunque estas medidas resultan insuficientes para detener el flujo constante de drogas, dinero, dispositivos electrónicos y armas que fluyen a través de El Pozo.
Aunque la cárcel no ofrece los privilegios de comodidad que se daban en otras prisiones del país en años anteriores ni tampoco los que actualmente existen en algunos centros penitenciarios, la llegada al mando, en su momento, del general Ramiro Muñoz implicó una reducción notable de beneficios para los reclusos.
Pesquisas indican que se han mantenido ciertos privilegios, como el ingreso de mujeres solicitadas por cabecillas de la pandilla para encuentros breves de placer. Este acceso se ha facilitado mediante peticiones dirigidas a los encargados de seguridad, quienes, a cambio, reciben cuantiosas provisiones de alimentos provenientes de supermercados.
Además, se han documentado graves violaciones a la integridad física y los derechos humanos de los reclusos, que incluye casos de personas que han salido desmayadas de los “hoyos” o espacios de segregación ubicados detrás de los módulos.
Según la legislación vigente, cuando un reo comete una infracción debe someterse a una investigación y aplicarse sanciones correspondientes, entre las cuales el aislamiento es permitido siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos; sin embargo, se ha reportado que en El Pozo algunos reclusos sancionados son mantenidos en espacios oscuros y sin ventilación, sin acceso a comida ni agua por períodos indefinidos.
Además, son sometidos a torturas psicológicas, como la exposición a música a alto volumen por parte de los guardias, y se les obliga a realizar sus necesidades en el mismo lugar, durmiendo sobre desbordamientos de heces.
De acuerdo con lo que ha documentado el Ministerio Público, desde sus inicios hasta la actualidad, en El Pozo se ha suscitado una denuncia por abuso de autoridad por parte del director del centro penal, y 40 reportes contra militares por delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y lesiones.
Durante los primeros años de operación de El Pozo también se registraron prácticas irregulares como la suplantación de identidad y la compra de traslados, en un “negociaciazo” mediante el cual algunos reos lograban ser trasladados a cárceles de menor seguridad a cambio de sobornos; no obstante, estas prácticas fueron erradicadas con el paso del tiempo.
El cambio en la gestión penitenciaria, con la llegada del general Ramiro Muñoz al cargo, introdujo reformas clave para mejorar el control interno. Una de las principales medidas fue la rotación frecuente de custodios, que pasó a realizarse semanalmente en lugar de cada seis meses o más, como se hacía anteriormente.
Esta medida buscaba evitar la generación de vínculos de simpatía o colusión entre el personal de seguridad y los reos, fortaleciendo así la gobernabilidad dentro del penal, pero en julio del año pasado, Muñoz fue separado del cargo en medio de tensiones y fue promovido el general de brigada José Miguel Mejía Medina.
Actualmente, alrededor de 400 militares están asignados a la vigilancia de El Pozo, aunque una parte de este contingente permanece fuera del centro penitenciario, acompañando a privados de libertad en audiencias judiciales o atendiendo a internos en hospitales. Esto influye directamente en la capacidad operativa del personal destinado dentro del penal con relación a la población carcelaria.
Hasta mayo de este año, según regitros del INP, había un total de 1,803 presos dentro de la cárcel de El Pozo, de los cuales, 1,781 eran integrantes de la Pandilla 18.
Impacto social
Analistas advierten que el masivo traslado de miembros de la Pandilla 18 a El Pozo ha reconfigurado la dinámica criminal en la zona.
Aunque la medida buscaba aislar a los líderes y reducir su capacidad operativa, la presencia de estos internos podría, en la práctica, favorecer la expansión del crimen organizado en las áreas aledañas.
En lugar de debilitar el control de las pandillas, su influencia podría trasladarse a estos entornos rurales, donde las estructuras comunitarias y de seguridad son más vulnerables.
Aunque el miedo y la incertidumbre se han convertido en parte del día a día, pese a la convivencia forzada con redes criminales en expansión, los pobladores parecen haberse adaptado a esta no tan nueva realidad.
Desde la instalación de la cárcel y la llegada de reclusos de alta peligrosidad, el sector empresarial ha temido que Santa Bárbara quede marcada como una zona de alto riesgo. Esta percepción, aún latente, amenaza con frenar la inversión, desalentar el turismo y limitar las oportunidades de desarrollo social y económico.
Según cifras procesadas entre 2015 y mayo de 2025, período en el que ha operado la cárcel de máxima seguridad El Pozo, se registraron 8,802 incidencias en todo el departamento de Santa Bárbara, en su mayoría relacionadas con portación ilegal de armas y tráfico de drogas.
La concentración de estos eventos se reportó en municipios como la cabecera departamental (Santa Bárbara), Quimistán, Las Vegas, Macuelizo, Trinidad, Atima, San Pedro Zacapa, San Nicolás e Ilama.
Este último alberga la prisión, mientras que la cabecera se ubica a unos 30–40 kilómetros de distancia. El resto de municipios son colindantes o cercanos a Ilama, con distancias que oscilan entre 10 y 40 kilómetros.
Hugo Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), expuso que "hemos recibido comunicaciones no solo de los privados de libertad durante nuestras visitas, sino también de sus familiares, quienes expresan sus preocupaciones con mucho sentimiento. Es importante recordar que los privados de libertad están bajo la tutela del Estado a través del INP y que las circunstancias reflejan la capacidad actual del sistema penitenciario hondureño".
Sobre quién gobierna realmente en El Pozo, Maldonado comentó: “He recorrido la mayoría de los centros penales del país, después de que la Policía Militar tomara control, puedo decir que uno de los lugares con mayores dificultades para la gobernabilidad estatal es Siria, La Tolva y El Pozo, en estas prisiones, y especialmente en El Pozo, la gobernabilidad estatal ha enfrentado serios retos”
El analista ejemplificó que "en Ilama, los internos están organizados en módulos separados según su grupo, ya sea hombres o mujeres, pero todos pertenecientes al mismo grupo. En el interior de cada grupo predominan sus códigos de conducta y, aunque existen normas internas, no hay rencillas entre ellos”.
Maldonado aseguró que “los lugares donde se cobraban por espacios o se alquilaban dormitorios ya fueron desmantelados antes de que el general Ramiro Muñoz dejara el cargo. Los coordinadores de los módulos pertenecen al mismo grupo, por lo que se cuidan mutuamente”.
Otros datos oficiales y procesados por esta unidad de investigación mostraron una concentración de integrantes de estructuras criminales en centros penitenciarios específicos, una política activa de segregación implementada durante los últimos años.
Durante el período comprendido entre el año 2015 y mayo de 2025 se observó una fuerte cantidad de privados de libertad pertenecientes a estructuras criminales en centros penitenciarios específicos.
La cárcel de El Pozo en Ilama, en Santa Bárbara, albergó el 80% de la población penitenciaria vinculada a la Pandilla 18 (1,781 de 2,216), mientras que La Tolva en Morocelí, en El Paraíso, concentró el 82% de los internos identificados como miembros de la MS-13 (602 de 730).
Del total de 19,409 personas privadas de libertad reportadas entre 2015 y mayo de 2025, al menos el 84% (16,357) no fueron identificadas como miembros de la MS-13, Pandilla 18 ni de otros grupos organizados. El sistema penitenciario hondureño sigue siendo utilizado mayoritariamente para el encarcelamiento de personas por delitos comunes, más allá de los casos de criminalidad organizada.
Durante este período, varios centros penitenciarios no registraron presencia de internos afiliados a pandillas, como los de Danlí (El Paraíso), Juticalpa (Olancho), Comayagua (Comayagua), Gracias (Lempira), Yoro (Yoro), Santa Rosa de Copán (Copán), entre otros.
Esto obedece a una estrategia deliberada del Instituto Nacional Penitenciario para evitar riesgos de violencia o a la utilización de estos establecimientos para albergar reclusos de perfil penal bajo, en condición preventiva o sin historial de vínculos con estructuras criminales.
El Centro Penal Nacional de Támara, uno de los más grandes del país, registró una convivencia de internos de la MS-13 (99), Pandilla 18 (135) y otras estructuras (10), en un contexto de 4,542 privados de libertad.
Aunque esta población pandillera representó menos del 6% del total del centro, su coexistencia en un solo establecimiento durante la última década puso en evidencia los retos que aún persisten en materia de gobernabilidad, seguridad interna y control territorial por parte del Estado.
El Pozo, en apenas dos años (2016-2017) experimentó una incorporación masiva de internos, en 2017 se contabilizaban ya 401 miembros de la MS-13 y 556 de la Pandilla 18, como una forma de transformación en un centro de máxima seguridad con fines de contención de estructuras criminales de alto riesgo.
El incremento sostenido de miembros de la Pandilla 18 consolidó a este centro como su principal núcleo penitenciario para 2024 y mayo de 2025.
Entre 2016 y 2023, El Pozo albergó sistemáticamente a miembros de la MS-13, alcanzando su punto máximo en 2023 con 1,082 integrantes, pero para 2024 la cifra descendió bruscamente a cero, situación que se mantuvo en mayo de 2025.
Este cambio abrupto se derivó de la reubicación masiva y la estrategia estatal deliberada de desmantelamiento del bloque MS-13 en este penal. Estos internos fueron trasladados a otros centros como Morocelí, que figura como el centro de concentración de esta estructura en los datos nacionales.
A partir de 2020, la población de la Pandilla 18 superó sistemáticamente a la de la MS-13 en El Pozo, con un crecimiento sostenido que culminó en 1,740 reclusos en 2024 y 1,780 en mayo de 2025.
Esta cifra representó prácticamente la totalidad de la población clasificada del centro, reconfigurando a El Pozo como centro exclusivo para la Pandilla 18 en el tramo final del período.
Esta reestructuración también coincidió con una política penitenciaria más agresiva en el tratamiento de esta estructura tras los cambios de gobierno y medidas de seguridad post-2022.
En 2023 se presentó un comportamiento excepcional, con 1,082 reclusos de la MS-13 frente a solo tres de la Pandilla 18, una inversión radical respecto a los años anteriores.
Este dato permite concluir que, al menos temporalmente, El Pozo funcionó como principal centro de concentración de la MS-13. El hecho de que un año después se registraran cero internos de esta estructura, coincidió con el proceso masivo de traslados.
LA PRENSA Premium intentó contactarse con las autoridades militares que administran los centros penales para conocer su versión, pero, a traves de su departamento de Comunicaciones indicaron que por ahora no se pronunciarán al respecto.
