¿Cuánto tiempo esperaron los pacientes referidos a clínicas privadas para su cirugía?

Cuatro, cinco, seis meses. Hasta un año o casi tres de espera para una cirugía. La estrategia de reducción de la mora quirúrgica, mediante la cual se derivan pacientes del sector público a clínicas privadas, ha develado las grietas del sistema sanitario de Honduras.

Según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), un paciente entra en mora quirúrgica cuando supera los tres meses sin ser operado.

Bajo ese criterio, el 54% de los pacientes trasladados al sector privado acumulaba hasta 149 días de espera, es decir, alrededor de cinco meses, según un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos facilitados mediante la solicitud de información pública SOL-SDS-6029-2026.

Los reportes de la Secretaría de Salud también evidenciaron casos críticos: 11 personas esperaron más de un año por una cirugía en centros públicos y al menos cuatro pacientes permanecieron en lista de espera durante más de mil días, lo que equivale a casi tres años sin una intervención quirúrgica.

Frente a este rezago, el Gobierno reforzó las medidas excepcionales para atender la crisis en la red hospitalaria. Mediante una reforma al Reglamento de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención en Materia de Salud de la Población (Decreto No. 5-2026), publicada el 3 de junio en La Gaceta, se estableció un presupuesto de 400 millones de lempiras destinado a reducir la mora quirúrgica y mejorar la atención hospitalaria.

En paralelo, establece otra partida para el abastecimiento y dispensación de medicamentos esenciales, la adquisición de insumos y equipo médico, la reactivación de quirófanos inhabilitados, la contratación temporal de personal sanitario, la atención de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la logística y la cadena de suministro del sistema de salud.

De acuerdo con registros públicos que conoció LA PRENSA Premium, desde el 25 de marzo hasta el 8 de mayo de este año se realizaron 183 cirugías en cinco establecimientos privados del país, bajo un esquema de derivación desde el sistema público.

Del número anterior, LA PRENSA Premium logró consignar el costo de 154 operaciones, cuyo desembolso ascendió a 10 millones de lempiras.

Las intervenciones más frecuentes han sido las colecistectomías (extirpación de vesícula biliar), con 93 pacientes operados, lo que representa el 51% del total.

En segundo lugar se encuentran las hernioplastías, con 61 casos, equivalentes al 33%.

Estas dos especialidades concentran más del 80% de los procedimientos realizados.

También se reportaron 17 cirugías ginecológicas, que incluyen la extirpación de órganos del sistema reproductor femenino, como útero, ovarios y cuello uterino, entre otros procedimientos.

A ello se sumaron intervenciones como circuncisiones, retiro de quistes, exéresis de masas (bultos de grasa, tumores benignos o cuerpos extraños) y al menos una cirugía oncológica no especificada dentro de la data.

Del total de pacientes intervenidos, el 62% correspondió a mujeres (114 casos), frente a 37% casos de hombres. Hubo una cirugía de un paciente sin sexo especificado.

En cuanto a las edades, 112 pacientes atendidos (61%) tenían entre 30 y 59 años al momento de ser asistidos en las clínicas, se trata de una alta concentración en población económicamente activa. Además, se registró un paciente octogenario y tres menores de entre 10 y 19 años.

Los 183 pacientes atendidos provinieron de ocho departamentos del país, aunque el 74% se concentró en Francisco Morazán y Atlántida.

A nivel municipal, los casos se distribuyeron en al menos 30 municipios del país, siendo el Distrito Central y Tela las principales ciudades de procedencia de los casos, con 57 y 45 casos, respectivamente.

A pesar de una reducción gradual de la mora durante los últimos meses, el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el segundo centro más importante de Honduras, continúa enfrentando una significativa mora quirúrgica, con 1,127 pacientes pendientes de una intervención, según informó Gabriela Rivera, jefa del Área del Circuito Quirúrgico del centro asistencial.

La médico explicó que el hospital mantiene actualmente una mora quirúrgica equivalente al 60% de los casos programados, una cifra que, aunque sigue siendo alta, presenta una leve mejoría en comparación con meses anteriores.

"Se han implementado algunas medidas institucionales y brigadas quirúrgicas, principalmente en los servicios con mayores retrasos", detalló.

El Mario Catarino Rivas es uno de los hospitales de referencia del país y atiende pacientes provenientes de toda la zona noroccidental de Honduras, lo que incrementa la presión sobre sus servicios especializados.

La especialidad de urología es la que registra la mayor cantidad de pacientes en espera de cirugía debido a que los hospitales regionales no cuentan con este servicio y terminan remitiendo a los pacientes hacia San Pedro Sula. Otros servicios con una importante acumulación de pacientes pendientes son cirugías pediátrica y general.

"Es una situación dinámica porque todos los días siguen ingresando pacientes. La meta es reducir la mora lo más que se pueda, pero siempre existe una demanda constante de nuevos procedimientos", señaló.

Rivera confirmó que en el Catarino Rivas están a la espera de instrucciones de la Secretaría de Salud para determinar si parte de sus pacientes serán intervenidos en centros hospitalarios privados como parte de la estrategia nacional para reducir la mora quirúrgica. Hasta ahora, indicó, únicamente casos aislados han sido remitidos fuera del sistema público.

La mayoría de las personas que esperan una cirugía en el Catarino Rivas proceden de los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida, aunque también llegan referencias de otras zonas del país; la población afectada está compuesta principalmente por pacientes adultos.

"Sabemos que este no es un problema reciente, es una situación que se ha venido acumulando durante muchos años y estamos trabajando para que los tiempos de espera sean cada vez menores", concluyó.

Para Esdras López, experto en políticas públicas, la terciarización de cirugías hacia el sector privado puede interpretarse como una respuesta táctica frente a una situación de emergencia, pero considera que representa una estrategia deficiente desde la perspectiva de la política pública.

Según explicó, este mecanismo traslada recursos públicos al mercado privado sin fortalecer la capacidad operativa del Estado y se implementa sin cumplir tres elementos que la evidencia internacional identifica como indispensables para su funcionamiento: una reforma estructural paralela, mecanismos verificables de control de costos y sistemas de rendición de cuentas sustentados en datos consolidados.

El analista señaló que ninguno de estos tres componentes parece estar presente actualmente en Honduras. A su juicio, el problema central no radica únicamente en las listas de espera, sino en las limitaciones estructurales del sistema sanitario.

En esta línea, aseguró que la contratación de cirugías en centros privados no contribuye a rehabilitar quirófanos, formar especialistas ni corregir los problemas de ejecución presupuestaria.

Bajo esas condiciones, creyó que resulta imposible determinar si los recursos ejecutados han generado un beneficio proporcional a la inversión realizada. Tampoco puede descartarse la existencia de sobreprecios en los convenios suscritos con clínicas privadas, un riesgo que, afirmó, ha sido documentado en experiencias similares desarrolladas en otros países.

A su criterio, la estrategia resulta insuficiente en su diseño y presenta deficiencias en materia de transparencia, pues un sistema de salud que recurre a la terciarización sin emprender reformas internas está únicamente ganando tiempo, pero no resolviendo los problemas de fondo.

A pesar de la tendencia alcista en la asignación de recursos públicos orientados a sectores clave como la salud, la incapacidad de gestión e inversión sigue siendo el principal talón de aquiles de la administración estatal. Según datos oficiales emanados de los reportes de ejecución del gasto de la Secretaría de Finanzas, entre 2022 y 2025 un total de 7,296 millones de lempiras dejaron de ejecutarse.

El análisis del comportamiento presupuestario durante el período mencionado mostró que, mientras el Congreso Nacional aprueba montos cada vez más elevados, los techos de ejecución real se estancan por debajo de las metas óptimas.

Según la radiografía anunal, durante el año 2022 se contó con un presupuesto aprobado 22,251 millones de lempiras y se logró una ejecución del 92% (20,551 millones de lempiras), dejando congelados 1,700 millones de lempiras.

Para 2025, se mantuvo el patrón, aunque con mayor margen de ejecución: para el cierre proyectado, de un histórico presupuesto aprobado de 29,271 millones de lempiras, se estimó una ejecución del 94% (27,423 millones de lempiras), lo que significa que 1,848 millones de lempiras volvieron a quedarse en las arcas sin traducirse en obras o servicios.

En este contexto, la decisión del Gobierno de destinar recursos a la contratación de cirugías en hospitales privados continúa despertando cuestionamientos sobre la gestión de la inversión pública en salud.

El sociólogo Jorge Alberto Larios consideró que esta estrategia forma parte de un proceso que genera un alto nivel de confrontación con el gremio médico, ya que, en lugar de fortalecer la capacidad instalada de los hospitales públicos mediante una mejor ejecución presupuestaria, se está optando por externalizar servicios esenciales.

A su parecer, este conflicto ha provocado la oposición de médicos y sectores técnicos a la política de derivación, al considerar que los recursos destinados a financiar procedimientos en clínicas privadas deberían orientarse al fortalecimiento del sistema público, mediante la compra de equipo médico, la habilitación de quirófanos inactivos y la contratación de personal especializado.

Desde su perspectiva, esta modalidad abre un riesgo de uso discrecional de los recursos públicos, ya que podría prestarse a dinámicas de favoritismo en la asignación de cirugías, beneficiando a personas cercanas a estructuras políticas o redes de influencia.

Para Larios, la situación actual es un espejo de la limitación estructural del Estado hondureño para garantizar el derecho a la salud, señalando que la estrategia de terciarización quirúrgica lo único que hace es mostrar la incapacidad institucional para resolver la mora acumulada en el sistema público.

“Es el primer gobierno que hace esto, nunca había pasado, va terciarizando el sistema de salud pública para favorecer a algunos grupos en nuestro país, pero no es un beneficio directo para la población en general”, aseguró.

El sistema hospitalario público ha sido incapaz de acompañar el crecimiento poblacional del país. Los principales hospitales nacionales fueron creados en contextos demográficos muy distintos al actual, cuando Honduras contaba con una población significativamente menor.

En la gestión de Enrique Aguilar Cerrato (1972-1978) como ministro de Salud, se creó el Hospital Escuela; luego el hospital Mario Rivas como el más grande en tiempos de los militares.

Los últimos grandes centros hospitalarios construidos en Honduras datan de décadas atrás y, en la actualidad, la limitada expansión de la infraestructura sanitaria no responde frente al crecimiento poblacional, lo que genera una presión estructural que hoy supera su capacidad operativa.

Tanto el sistema público como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrentan limitaciones similares, lo que reduce las expectativas de una solución inmediata. Ambos sistemas de atención médica no tienen la capacidad suficiente para abastecer a la población actual, ya que los hospitales existentes fueron creados cuando el país tenía entre tres y cuatro millones de habitantes.

De su lado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) describió la contratación de cirugías en hospitales privados como una alternativa válida para reducir la mora quirúrgica acumulada en el sistema público de salud; sin embargo, la medida no es sostenible si no se fortalece paralelamente la capacidad hospitalaria del Estado.

"Tenemos más de 5,000 hondureños abandonados por el sistema y son víctimas del sistema, sacar esa mora quirúrgica no es fácil ni posible con las limitaciones actuales de los hospitales. Esa lista seguirá creciendo si no se aborda adecuadamente, y las personas incluso pueden morir esperando una cirugía", lamentó Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ.

En la sociedad civil concuerdan que la solución de fondo pasa por rehabilitar quirófanos inactivos, garantizar medicamentos, contratar personal especializado y mejorar las condiciones generales de funcionamiento de los hospitales públicos.

La directora de Salud de la ASJ indicó que el fideicomiso anunciado para financiar la reducción de la mora quirúrgica todavía no ha comenzado a operar debido a que se encuentra en una etapa de análisis de mercado.

Según explicó, el proceso debe agilizarse para que los pacientes puedan beneficiarse de una estrategia que permita ampliar la oferta de servicios quirúrgicos bajo condiciones transparentes y económicamente favorables para el Estado.

La ASJ mantiene un monitoreo permanente de los procesos de compra relacionados con la estrategia gubernamental y se encuentra a la expectativa de la puesta en marcha del fideicomiso.

Munguía alertó que una parte importante de los pacientes que ingresan a las listas de espera lo hacen por problemas operativos que obligan a cancelar procedimientos ya programados.

"Muchas veces la cirugía se cancela porque el quirófano está malo, no hay medicamentos, no hay sala disponible o porque los exámenes preoperatorios vencen mientras el paciente sigue esperando una nueva fecha", explicó.

La experta cuestionó que los pacientes en mora quirúrgica queden relegadas dentro del sistema sanitario y que, en muchos casos, solo vuelvan a ser atendidas cuando su condición se agrava y requieren una intervención de emergencia.

"El afectado por mora quirúrgica está en el fondo de un saco donde el sistema jamás volverá a recordarlo, excepto que llegue por una emergencia debido al deterioro de su estado de salud", lamentó.

Como veedores indican que una alianza con hospitales y clínicas privadas puede representar una estrategia beneficiosa para ambas partes y para los pacientes, siempre que se realice bajo criterios de transparencia, competencia y precios justos para el Estado.

Este y gobiernos anteroriores han recurrido a planes de emergencia para reducir listas de espera, pero los resultados han sido parciales. En la mayoría de los casos, la mora quirúrgica disminuye temporalmente y luego vuelve a crecer por la falta de infraestructura, personal especializado y financiamiento sostenido.

El patrón histórico ha dejado al descubierto que las estrategias aplicadas han funcionado más como “descongestiones” que como soluciones definitivas. Aunque la mora quirúrgica se reduce momentáneamente con brigadas o contratación externa, reaparece debido a la baja capacidad resolutiva del sistema hospitalario.