San Pedro Sula, Honduras.
Aguas de San Pedro insta a la Municipalidad de San Pedro Sula a desalojar de manera inmediata a las personas que usurpan el terreno donde construirá la planta de tratamiento de aguas negras y, a la vez, le da un plazo de 30 días para resolver la controversia que ha frenado la ejecución del proyecto que tiene 15 años de retraso.
En caso de no dar una respuesta a esas dos peticiones, se enfrentará, en primera instancia, a un arbitraje internacional o tendrá que encarar una demanda millonaria por incumplimiento del Contrato de concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario suscrito en 2001.
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La empresa Aguas de San Pedro ha llegado hasta este extremo luego de que declarara “fracasada” la licitación del proyecto Diseño definitivo y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chotepe, primera etapa, que tiene como objetivo mitigar la contaminación del valle de Sula por las descargas que realizan al río Chamelecón los habitantes de esta ciudad.
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días restantes Aguas de San Pedro le da un plazo a la Municipalidad de 30 días contados desde la fecha que envió la carta (17 de febrero).
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Licitación.
En enero de 2019, esta compañía, siguiendo los compromisos pactados en el contrato, convocó a licitación a empresas nacionales y extranjeras interesadas en construir la planta de tratamiento y logró la participación de las firmas Airtificial Intelligence Structures (Honduras), Consorcio William Molina-Iessus (Honduras-México), Fypasa Construcciones (México), Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG (Alemania) y el Consorcio Agua de Chotepe (España-Brasil).
Siete meses después, invitó al grupo a presentar las ofertas técnico-económicas, y en diciembre recibió las propuestas de Airtificial Intelligence Structures y Fypasa Construcciones. Sin embargo, el proceso feneció en esa etapa.
Esas dos empresas (una ofertó por $49 millones y otra por $51 millones) evitaron el siguiente paso (presentar una garantía de 2.5% del valor de la oferta) por la inseguridad jurídica derivada de la ocupación ilegal del terreno por parte de más de 5,000 personas (unas 2,500 mayores de 18 años).
Los usurpadores comenzaron a asentarse en el predio de Chotepe a mediados de la década pasada y aprovecharon la campaña política (previa a las elecciones de 2017) para obtener el reconocimiento legal de la Secretaría de Gobernación y Justicia y de la Municipalidad.
Documentos en poder de Diario LA PRENSA demuestran que Gobernación y Justicia certificó a los patronatos de las colonias denominadas Impacto del Rey y Juan Orlando Hernández. Mientras la Municipalidad les otorgó constancias que legalizan sus juntas directivas y reconocen la vecindad a sus miembros.
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años de atraso hace una década y media, Aguas de San Pedro debió comenzar la construcción, pero no lo ha logrado por diferentes obstáculos.
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“Es conocido públicamente que el proceso de licitación de la construcción de la planta de tratamiento se vio perjudicado por la situación de usurpación que sufre el terreno destinado para la construcción de dicha obra, y que hoy el mismo se encuentra ocupado con viviendas, que en el inmueble se han construido, calles y en el mismo se prestan servicios públicos como el de energía eléctrica, el de recolección de la basura, escuela y otros”, dice una carta que Maurizio Chiovelli, gerente general de Aguas de San Pedro, le envió el 17 de febrero a la Corporación Municipal.
En esa carta, recibida por los regidores, Chiovelli critica a las autoridades, pues “todo ello (ocurre) a la vista y paciencia de la Municipalidad (...), que ha permitido la construcción de viviendas y la operación de negocios existentes en el inmueble (...)”.
El ultimátum anunciado por Aguas de San Pedro a la alcaldía es el cierre de una comunicación improductiva que intentó entablar con la administración del alcalde Armando Calidonio en los últimos dos años.
En julio de 2018, la concesionaria le giró una carta a Calidonio en la cual le planteó el establecimiento de un “acuerdo formal entre la Municipalidad y Aguas de San Pedro” para ejecutar la primera fase de la inversión prevista en el Plan maestro del alcantarillado sanitario en vista de que “la construcción parcial no está contemplada en el contrato de concesión”.
En marzo de 2019, Aguas de San Pedro envió una segunda carta, en esa ocasión a Edwin Gómez, director de la Unidad de Supervisión de Concesiones, en la cual solicitó la conformación de una comisión para realizar “el reconocimiento, identificación de espacios de servidumbre, delimitación y verificación en campo de los predios descritos en los instrumentos públicos”.
En ninguno de los dos casos, el consejo de administración de la empresa recibió una respuesta de funcionarios municipales.
Terreno.
En 2013, la administración de Juan Carlos Zúniga, en sesión de Corporación Municipal, con el objetivo de propiciar el inicio del diseño del proyecto, entregó los documentos del terreno, pero no efectuó el traspaso físico del bien que, por sugerencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debió cercar y rotular para impedir la invasión.
En una verificación realizada con un dron, Diario LA PRENSA constató que dentro del terreno ahora hay más de 1,000 casas y varias en construcción.
En entrevista con este medio, Chiovelli advirtió que, al legalizar las invasiones, la alcaldía incurrió en graves errores puesto que una parte del terreno (23.79 manzanas) la adquirió la Unidad de Concesiones con dinero aportado como canon por Aguas de San Pedro y la otra (35 manzanas) se la transfirió la Lotificadora Sula (Lususa) a la Municipalidad “exclusivamente para construir las plantas”, según la escritura. “Esto le puede costar una demanda multimillonaria a la Municipalidad”, advierte. “Un poco de sabiduría los puede poner a pensar sobre los intereses de la población. Aquí no estamos haciendo demagogia, no estamos haciendo nada fuera de lo normal. Somos una empresa que quiere respetar el contrato que firmó con la alcaldía y aprobó el Congreso Nacional”, dice.
Chiovelli señala que solo ha visto al alcalde dos veces y que no tiene problemas personales con él, por lo cual desconoce las causas por las cuales la Municipalidad ha obstruido el desarrollo del proyecto. “No quiero pensar que la alcaldía puede ir al arbitraje internacional. Sería un gasto innecesario para los ciudadanos. Es mejor que lo piensen bien. Son años, años y años que hemos estado esperando. En 2004 presentamos el primer proyecto del plan maestro de alcantarillado. Todo eso es del conocimiento de todos, también de la Fiscalía del Ambiente. Nosotros hemos recorrido toda la ruta para poder cumplir”, dice.
Diario LA PRENSA contactó al departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad para conocer la opinión del alcalde Armando Calidonio o de otro funcionario, pero no se obtuvo respuesta.
