Cinco fiascos que han marcado el manejo de la pandemia en Honduras

En el primer año de la pandemia en el país han salido a la palestra pública múltiples escándalos de corrupción en el uso de dinero para atender la crisis de salud.

La carpa instalada en su momento en Villanueva para pacientes covid-19, fue de los primeros fracasos de Copeco.
La carpa instalada en su momento en Villanueva para pacientes covid-19, fue de los primeros fracasos de Copeco.

San Pedro Sula, Honduras.

La pandemia del covid-19 durante su primer año en Honduras ha dejado en evidencia las deficiencias propias del sistema hospitalario del país, que en reiteradas ocasiones ha tenido que acudir a donaciones de países aliados porque al interior de estos no hay suficiente material básico sanitario y médico para enfrentar la crisis.

Las medidas tomadas y obligadas por el Gobierno hondureño a raíz de las múltiples carencias han sido imprescindibles, aunque en algunos casos los mecanismos para llevarlas a cabo son cuestionadas.

Está claro que ningún país en el mundo se había preparado para este suceso imprevisto de alto impacto, pero queda una lección: los países que han invertido recursos suficientes en sistemas sanitarios capaces de proporcionar a sus ciudadanos servicios accesibles y de bajo costo, están hoy mejor dotados para afrontar esta pandemia, que no es el caso de Honduras.

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Doctor Marco Tulio Medina

A criterio del científico hondureño Marco Tulio Medina, este año para Honduras ha sido de completo sufrimiento debido al impacto en la salud de la población, sobre todo en el personal sanitario, quedando además con múltiples secuelas neumológicas, cardiológicas y neurológicas.

"También debo mencionar el tema de los ventiladores y hospitales móviles, los cuales no han venido ayudar a la situación de salud que enfrenta Honduras. Por otro lado tenemos el impacto económico por todos los empleos perdidos, así como el aumento de manifestaciones depresivas, de estrés y postrautmáticas", puntualizó Medina.

A su vez, recordó la angustia que la población ha pasado producto de las tormentas Eta y Iota, que sacudieron al país a finales de 2020 y en medio de la emergencia sanitaria. "Desde luego, estamos esperando con ansias la llegada de más vacunas a Honduras para que nos permita empezar a tener un respiro en medio de todo lo que está ocurriendo", dijo.

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Doctora Suyapa Figueroa

Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), calificó la administración gubernamental del primer año de la pandemia como "un saqueo deliberado", pues aduce que "esto ha sido un andamiaje propio para el saqueo, esta se ha convertido en una brillante oportunidad para muchos funcionarios porque casi nada de lo comprado ha sido lo adecuado o se ha hecho de manera transparente".

"Se han tomado malas decisiones como las pruebas que se perdieron y la compra de ventiladores, es lamentable que no se haya involucrado a técnicos expertos ni al mismo Colegio Médico, solo han buscado personas que validen sus acciones. A un año de la pandemia lo que proponemos es que se ponga una mesa técnica y se retire a los funcionarios que han etsado manejando la emergencia, porque mientras eso no se haga tendremos los mismos resultados", cuestionó la neumóloga.

Hospitales móviles

El mayor fiasco, según coinciden críticos del sistema de salud hondureño, es la compra de los siete hospitales móviles por casi 48 millones de dólares (1,174 millones de lempiras) que se adquirieron a través de una compra "de buena fe" que hizo Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) al guatemalteco-estadounidense Axel López a mediados de 2020.

Los primeros hospitales móviles en llegar al país fueron los de San Pedro y Tegucigalpa, arribando el 9 de julio de 2020 después de casi cuatro meses de haber iniciando la pandemia del covid-19. En ese mismo mes se denunció que vaporizadores usados y en mal estado fueron encontrados en el interior de uno de los primeros hospitales móviles que vinieron al país, por lo que de inmediato comenzaron las investigaciones por parte del Ministerio Público.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dio a conocer un informe elaborado sobre las millonarias compras de insumos de bioseguridad, hospitales móviles y respiradores mecánicos adquiridos por Invest-H desde marzo al mes de julio para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Los hospitales móviles se compraron a un sobreprecio de 12.3 millones de dólares, pero además hubo una falta de planificación de las compras de equipos e insumos médicos, millonarios pagos anticipados a proveedores sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías, según reveló una auditoría de los procesos de compras realizadas por Invest-H durante la pandemia del covid-19.

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El hospital móvil de San Pedro Sula es el único que funciona de los siete que llegaron al país para mitigar la pandemia.

En septiembre de 2020, equipos médicos esenciales para tratar a pacientes con covid-19, como un tomógrafo, ventiladores mecánicos y flujos de oxígenos, hasta ese momento no formaban parte de los implementos del hospital móvil de San Pedro Sula. Estas y otras observaciones fueron destacadas por un grupo de directores de hospitales de San Pedro Sula que junto con representantes de la empresa privada y sociedad civil realizaron un recorrido por los módulos.

Siempre en la línea de arribo de los hospitales, los de Choluteca y Santa Rosa de Copán llegaron a Honduras el 11 de octubre de 2020. Fue el 19 de diciembre de 2020 que arribó a la bahía de Puerto Cortés la embarcación "Gala" procedente de Turquía con un manifiesto que informaba el traslado de unidades que corresponden a los hospitales modulares para atención de pacientes covid-19 de Juticalpa, La Ceiba y Danlí.

En diciembre de 2020, una rastra que transportaba una unidad modular que corresponde al hospital móvil de la ciudad Juticalpa, departamento de Olancho, sufrió un accidente en el sector de La Talanquera, siempre en el oriente del país.

El automotor trasladaba un módulo de una de las unidades de cuidados intensivos que resultó totalmente dañada tras enredarse el contenedor en las ramas de un árbol, lo que provocó el desprendimiento de la unidad e impactara contra un camión que transitaba por el sector, pero sin resultados fatales para la humanidad del motorista del vehículo afectado.

La Comisión Interventora de Invest-H informó mediante un breve comunicado que las cláusulas contractuales de la compra de los hospitales modulares establecían que estos están asegurados, "por lo que el proveedor deberá realizar la gestión para el reemplazo de la unidad afectada".

En un informe publicado a inicios de febrero de 2021, el Consejo Nacional Anticorropción (CNA) presentó el informe "Seguimiento a la compra del hospital móvil en Tegucigalpa, adquirido por Invest-H", en el cual detalló múltiples fallas que fueron detectadas durante diligencias investigativas, tales como en: infraestructura, agua potable, climatización, distribución física y energía eléctrica.

El informe del CNA concluyó que el hospital de aislamiento modular de Tegucigalpa no era apto para la atención de pacientes covid-19, ya que con las fallas detectadas el centro no reunía las condiciones mínimas para un buen uso y tratamiento a pacientes contagiados por coronavirus.

250,000 pruebas perdidas

En agosto de 2020, la Junta Interventora de Invest-H confirmó que 250,000 pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que estaban embodegadas, se dañaron.

Invest-H informó en un comunicado que el 21 de abril de ese año entregó las primeras 100,000 pruebas a los técnicos de la Secretaría de Salud, pero no fueron utilizadas porque comprobaron que la temperatura ambiente a la que deberían venir dichas pruebas no eran las adecuadas.

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Miles de pruebas se perdieron mientras Honduras sucumbía ante la crisis sanitaria.

LA PRENSA reveló en exclusiva el 29 de junio de 2020 que los 250,000 reactivos adquiridos a la empresa Bionner Corporation de Corea del Sur estaban apiladas en la bodegas de la Secretaría de Salud por no disponer de los kits de extracción o de aplicación, conocido como hisopo nasofaríngeo e hisopo orofaríngeo.

Según el documento de compra, cada prueba costó 7.50 dólares por unidad para hacer un total de 1,875,000 dólares, alrededor de 46.8 millones de lempiras. Sobre esos kits de pruebas, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción tiene una línea de investigación.

Equipo en mal estado

310 respiradores, ventiladores y succionadores mecánicos adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) a mediados de marzo de 2020 por un valor $2.3 millones, equivalentes a 57 millones de lempiras, es otra de las compras fallidas por las que deberán rendir cuentas las autoridades hondureñas en esta pandemia.

Según la información, el 18 de marzo de ese año, el entonces titular de Copeco, Gabriel Rubí, adquirió mediante la modalidad de compra directa 180 succionadores de secreciones tipo Cough Assist CA, T70 a un precio unitario de 97,500 lempiras, para un total de 17.5 millones de lempiras y también 180 baterías desmontables a 7,475 lempiras la unidad, para un global de L1.3 millones. A este equipo se sumaron 40 respiradores mecánicos más del modelo Breas Vivo 65 Ventilator a un valor unitario de L387,500, para un total de L15.5 millones, y 90 ventiladores tipo Respironics Trilogy Evo Portable Life Support, cuyo valor unitario ascendió a 251,275 para un total de L22.6 millones.

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Copeco pagó millonaria cifra de dinero por equipo en desuso.


La compra del equipo realizada en Estados Unidos ascendió a un poco más de 57 millones de lempiras, unos 2.3 millones de dólares, según constó en el informe de ejecución presupuestaria de Copeco del 7 de agosto pasado.

En aquel momento el Gobierno aseguró que el equipo estaba destinado a atender a los pacientes de covid-19; sin embargo, el Colegio Médico de Honduras (CMH) advirtió que los ventiladores Vivo y Evo no eran aptos para el tratamiento de esta patología porque no garantizaban la respiración asistida por largos períodos de tiempo, además, tienden a presentar fallas que ponen en peligro a los enfermos.

Carpa móvil en Villanueva

La compra del hospital móvil de Villanueva, Cortés, y su unidad de aislamiento, adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) a una empresa de Estados Unidos por un valor de 5.5 millones de lempiras (223,353.16 dólares), estuvo plagada de una serie de inconsistencias e irregularidades.

La adquisición de las carpas fue autorizada por el extitular de Copeco Gabriel Rubí Paredes, a principios de marzo dd 2020, justo un mes antes de ser separado del cargo tras salir a luz pública una serie de anomalías en la compra de materiales y equipo de bioseguridad para enfrentar la pandemia del covid-19.

LA PRENSA conoció en su momento que no hubo un informe técnico ni médico sobre la conveniencia o no de la compra de este tipo de tiendas médicas, la inexistencia de un contrato de la compra de la clínica y de su unidad de aislamiento, no había garantías de calidad del producto, falta de cotizaciones a otras empresas afines e inexistencia de respaldo legal que avalara la compra directa de las tiendas.

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No hubo verdadera preparación para instalar esta carpa móvil en el municipio de Villanueva.

Copeco fundamentó la adquisición en la emergencia sanitaria; sin embargo, al momento de la adquisición el Poder Ejecutivo no había decretado el estado de emergencia nacional en vista que aún no se habían reportado los primeros casos de coronavirus en el país, ni el Congreso Nacional había emitido el decreto 33-2020 que facultaba al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) a efectuar compras directas.

La adquisición se formalizó el 2 de marzo de 2020 mediante la emisión de dos órdenes de compra números 2529 y 2530 a la empresa DLX Enterprises LLL, cuya planta de producción se encuentra en la ciudad de Eugene, Oregon, EUA.

Pocas pruebas procesadas

Epidemiólogos hondureños y representantes de la sociedad civil le han demandado al Estado realizar mayor cantidad de pruebas, mínimo 3,000 diarias, para controlar de manera rápida la transmisión comunitaria del virus, ya que Honduras desde el inicio de la emergencia sanitaria es de los países de la región con menos test realizados.

En muchos casos, ante la falta de insumos en los triajes para hacer las pruebas PCR y detectar el covid-19, a hondureños les tocó acudir a laboratorios privados para conocer si estaban o no contagiados con el virus.

Ante los constantes reclamos, el Gobierno activó las brigadas médicas, que en los últimos meses han tenido un papel fundamental en la detección temprana del covid-19.

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Honduras en un año no pudo matener el ritmo diario de más de 3,000 pruebas de detección de covid-19.
La Prensa