Ministerio Público abre investigación por 250,000 pruebas dañadas

Equipo de la Fetccop y la Atic inspeccionó el lote de 150,000 kits almacenados en aduana de Toncontín Investigación determinará si hubo responsabilidad en la pérdida de los insumos.

Así hallaron los agentes de la Atic y la Fetccop el lote de kits en una bodega de Toncontín.
Así hallaron los agentes de la Atic y la Fetccop el lote de kits en una bodega de Toncontín.

TEGUCIGALPA.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) abrió una nueva línea de investigación en torno a las más de 250,000 pruebas AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR adquiridas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a la empresa coreana Bionner por $1.9 millones y que terminaron dañadas por no haberse almacenado a temperaturas de -20 °c.

Tras conocerse la pérdida de los 250,000 kits para detectar el covid-19, la Fetccop inició inmediatamente las diligencias investigativas y ayer mismo un equipo de esa Fiscalía y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), encabezado por sus titulares, realizaron una inspección del lote de 150,000 pruebas que se encuentran en una bodega de la aduana de Toncontín en la capital.

Lo mismo se hará con los más de 100,000 kits que la Secretaría de Salud mantiene en depósito en un cuarto frío de la empresa Cadeca de la capital y que también se supone que se dañaron por no cumplir con la cadena de frío para su conservación.

16 líneas de investigación
El Ministerio Público ha abierto al menos 16 líneas de investigación solo por las compras realizadas durante la emergencia sanitaria.

Las 250,000 pruebas PCR fueron adquiridas el 4 de abril de este año por Marco Bográn, exdirector de Invest-H, a la empresa corena Bionner Corporation por un valor de 1.9 millones, alrededor de L47 millones, pero las mismas nunca fueron utilizadas durante la emergencia sanitaria.

Las pruebas llegaron al país en tres entregas de 100,000, 100,000 y 50,000 entre el 17 de abril y el 13 de mayo, pero el último lote no fue desaduanado porque Invest-H adujo que no cumplieron con la cadena de frío para su preservación.

Cabe indicar que las pruebas han permanecido almacenadas por los últimos tres meses y 12 días y nunca fueron utilizadas porque tampoco venían con los kits de extracción y los equipos especiales para su procesamiento.

3 líneas de investigación
HOSPITALES MÓVILES. En una compra totalmente viciada, el director de Invest-H pagó de contado a Elmed Medical System $47 millones por siete hospitales móviles.
COMPRA DE MASCARILLAS. Invest-H adquirió también varios lotes de mascarillas sobrevaloradas, entre ellas, al Grupo GyT, propiedad de Juan José Lagos, esposo de la diputada Waleska Zelaya.
ADQUISICIÓN DE RESPIRADORES. Otra de las compras que están bajo investigación son los respiradores mecánicos adquiridos por Invest-H a varias compañías locales, cuyas entregas están por concretarse.

Una importante fuente del Ministerio Público que habló con LA PRENSA bajo confidencialidad confirmó que debido a las múltiples anomalías que han rodeado esta compra se han emprendido las diligencias investigativas para determinar si hubo responsabilidad de los funcionarios de Invest-H y la Secretaría de Salud en la pérdida de estas pruebas PCR.

La fuente indicó que la indagación determinará si los kits de diagnóstico se echaron a perder estando en el país, debido a que no se cumplió con su conservación a una temperatura de -20 grados centígrados, tal como recomendó el proveedor en la ficha de datos de seguridad del producto (MSDS).

Otro elemento que se investiga es si hubo negligencia por parte de los responsables de recibir los insumos médicos al no haberlos retirado a tiempo de las aduanas La Mesa y Toncontín e inmediatamente puesto bajo la refrigeración adecuada. LA PRENSA confirmó que el primer lote fue retirado de aduanas cuatro días después de su arribo al país y el desaduanaje del segundo se tramitó hasta 12 días después.

Comparece funcionaria de Salud

TEGUCIGALPA. El Ministerio Público (MP) continuó ayer la toma de declaraciones a funcionarios de la Secretaría de Salud (Sesal) con respecto a la millonaria compra de mascarillas por la emergencia nacional ocasionada por el covid-19.

El turnó le tocó ayer a Xiomara Roxana Rivera, asignada a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Salud.

Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la funcionaria fue quien presuntamente intermedió y recomendó para que la empresa GyT pudiera cotizar y de esa forma efectuar la venta de mascarillas al Estado a través de Invest-H.

Al salir de la declaración, Rivera dijo que “no tengo nada que ver, las compras se hacen a través de fideicomisos y desconozco cuál es el proceso que utilizaron en Invest-H para realizar esa compra. No conozco a ninguna de las personas que han involucrado”.

Hasta la fecha por esta línea de investigación han declarado en calidad de investigados el empresario Juan José Lagos, vinculado a GyT, además de Waleska Zelaya, su esposa y congresista del Partido Nacional.

En calidad de testigos se les ha tomado declaración al propietario de la empresa intermediaria Germar Ferretería, German Palacios y su hija María Elena Palacios. Asimismo, a Olivia Renee Morales, del Departamento de Licitaciones, y por el Grupo GyT, Héctor Holderlin Banegas Velásquez.

La Prensa