A un año de la pandemia en Honduras, apenas funcionan dos de los siete hospitales móviles que el Gobierno adquirió a través de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) por 47.4 millones de dólares (unos 1,174 millones de lempiras) para atender la emergencia sanitaria que a la fecha contabiliza 175,442 contagios y 4,301 muertos.
Hasta ahora solo operan los hospitales móviles de San Pedro Sula y Tegucigalpa, mientras que en Danlí, Choluteca, La Ceiba, Juticalpa y Santa Rosa de Copán continúan en la lista de espera.
El Congreso Nacional autorizó a Invest-H a realizar procesos de obras, bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19. De acuerdo con lo publicado en el portal de la Secretaría de Finanzas, Invest-H desembolsó hasta el 29 de diciembre de 2020 más 2,000 millones de lempiras (exactamenmte 2,117,086,483.04 lempiras) para atender la pandemia del covid-en Honduras.
De la cifra anterior, se constató que entre viajes locales e internacionales se gastaron casi 13 millones de lempiras entre los meses de abril y octubre de 2020 (cerca de 12,715,073. 88).
Los detalles según lo mostrado en Finanzas fueron: pagos de viáticos para giras en las distintas ciudades destinadas a colocar los hospitales móviles, para mostrar a medios de comunicación los avances de instalación, viaje a Ankara, Turquía, para seguimiento de la llegada de los hospitales, transportes, adquisición de insumos biomédicos, pagos por trámites aduaneros, entre otros propósitos.
En el caso del hospital móvil de San Pedro Sula, el pasado 17 de febrero fue inspeccionado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y fiscales del Ministerio Público para verificar su funcionamiento. De acuerdo con informaciones del Ministerio Público, se han realizado denuncias por negligencia debido a la muerte de pacientes de covid-19 en ese hospital.
En tanto, el hospital móvil de Tegucigalpa, que inició operaciones el pasado 29 de enero, funciona solo con pacientes leves. Cabe señalar que el Hospital Escuela es la institución encargada de la administración de este hospital móvil.
El 12 de febrero de 2021, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) efectuaron una inspección en el hospital móvil instalado en la capital.
Claves
1. Marco Bográn
Quedó fuera de su cargo como director de Invest-H en junio de 2020 a raíz de múltiples señalamientos en la compra de los hospitales móviles
2. Comisión Interventora
En julio de 2020, el Gobierno juramentó a la Junta Interventora transitoria que asumiría por 180 días el control de Invest-H: José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo
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Otra de las anomalías encontradas tras la inspección del MP, es que las áreas de cuidados intermedios e intensivos estaban en desuso, por lo que los pacientes que llegaban con sospechas de covid-19 eran enviados al Hospital Escuela para recibir atención médica del caso.
Todas estas inconsistencias se presentaron pese a que las autoridades de Invest-H adquirieron 'llave en mano' los hospitales móviles y debían ser funcionales una vez instalados.
6,084
millones
de lempiras destinó el Gobierno a la pandemia hasta el 29 de diciembre de 2020
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Hasta el 2 de marzo de este año, Chavarría informó de 12 pacientes internados en el hospital móvil de Tegucigalpa, 19 altas médicas y ningún fallecido.
Los diversos sectores de la sociedad civil siguen pidiéndole a Invest-H y a la Secretaría de Salud que pongan en marcha estos hospitales móviles que se obtuvieron por una cifra de dinero bastante elevada y en medio de una ola de presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
José Benítez, interventor de Invest-H
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'Lo que sucede con el de Choluteca, por ejemplo, es que tiene problemas técnicos para que funcionen los equipos, pero eso es directamente con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el de Copán se supone que se entregará en pocos días, el de Danlí se movilizó recientemente y en el caso del de Juticalpa tuvimos un problema con la UCI a raíz del accidente, pero ya se resolvió', aseguró Benítez.
El funcionario agregó que 'el compromiso es que todos se entreguen entre la segunda y tercera semana de marzo, nuestra intención es salir lo más pronto posible porque eso en lo particular, me quita entre el 20% a 25% del tiempo con relación al resto de actividades'.
'Es importante aclarar que el tema de la compra y entrega para ponerlos en marcha era de Marco Bográn y la Secretaría de Salud, pero en nuestro caso, hasta que no haya una revisión del inventario y se verifique por completo que todo esté funcionando, no los entregaremos. No estamos tapando nada, todo lo que no está correcto se está documentando para hacer los reclamos posteriores, pues nuestro objetivo es salir lo más pronto posible de esto', aseveró.
'Me pregunta por qué tanto atraso, bueno, hay que recordar que se están montando casi al mismo tiempo, tampoco no tenemos el acompañamiento de la Secretaría de Salud como quisiéramos, aparte de eso ocurrió lo de las tormentas tropicales Eta y Iota a finales del año pasado', argumentó sobre las causas del no funcionamiento de los hospitales móviles.
'Nosotros tampoco tenemos paciencia ya, hay demasiada presión de los medios de comunicación y de la población, pero no pueden funcionar mientras no estemos satisfechos de cómo están instalados y la operatividad del equipo, además, se está colaborando con todo lo que necesitan el Ministerio Público y las organizacciones veedoras en este caso', puntualizó Benítez.
El interventor recordó que se contará con una firma auditora con sede en Nueva York, 'ya que si no lo hacemos van a decir que tapamos algo y si lo hacemos es que cuesta mucho, es por eso que es necesaria para determinar si hay o no inconsistencias', sostuvo.
'Costará 99,000 dólares, pesábamos que iba a ser más en vista de lo delicado del trabajo, pero la propuesta es así. Esperamos que esta firma forense esté en el país en unas dos semanas y el tiempo que tardará la investigación será de al menos dos meses, luego esa información pasará a manos del Ministerio Público y veedores', subrayó.
'Ese es precisamente uno de los temas que vamos a mirar con la empresa auditora, si ellos dicen, de acuerdo con los análisis que hagan, que no se debe pagar, entonces no estaremos en la disposición de pagarle ningún centavo al señor Axel López, al contrario, si se comprueban equipos malos, él tiene que reembolsarlo'; advirtió.
![]() César Espinal, del CNA |
'Honduras ha aprobado erogaciones de dinero para hacer frente supuestamente a la pandemia, pero lo que resultó no fue el fortalecimiento ni el combate efectivo contra el virus, sino los negocios que se pudieron acordar entre funcionarios públicos y empresas benefiadas con grandes pagos, tal es el caso de los ventiladores y hospitales móviles', aseguró.
Espinal calificó los hospitales móviles como 'centros de aislamiento', 'eso es lo que son en realidad, no están abastecidos con los insumos necesarios y el personal no está totalmente protegido para salvaguardar su salud, esto ha provocado una tremenda crisis, pues las compras están rodeadas de corruppción'.
También recordó que en abril de 2020 presentaron el primer informe sobre irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud, luego un segundo informe en la adquisición de mascarillas por parte de Invest-H, entre otros. Fueron en total 14 informes presentados el año pasado, siendo el más amplio el de los hospitales móviles.
'A través de los informes dimos a conocer lo que estaba pasando y trasladamos esa información al Ministerio Público para que actuara. Como CNA estamos a la espera de que se terminen de instalar esos centros de aislamiento para verificar con acompañamiento de expertos su equipamiento y funcionamiento, el objetivo es comprobar si realmente satisfacen la necesidad pública', añadió.
Con relación a la compra de las vacunas que Honduras realiza para mitigar los contagios, el CNA adivirtió que de cierta manera, pese a que se negaron participar directamente, serán veedores eficaces con el objetivo de corroborar que se sigan los procesos de manera correcta y denunciar en caso de que funcionarios incurran en delitos.
En uno de los últimos informes, el CNA señaló que la compra de estos hospitales asistenciales no ha representado ningún beneficio para la población hondureña debido a que hasta la fecha solamente están en funcionamiento los de San Pedro Sula y Tegucigalpa, los cuales, según subraya el CNA, no están cumpliendo con la finalidad por la cual se adquirireron, situación que hace inferir que existe una alta probabilidad de que el resto de hospitales presenten las mismas inconsistencias y requieran de modificación en su distribución, reduciendo los cupos para los ciudadanos que busquen atención médica.
![]() Omar Rivera, del Fonac
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Rivera Pacheco ha sostenido que estos hospitales móviles fueron pagados desde marzo de 2020, al contado, y que después de varios meses de esa transacción “ya deberían estar funcionando”.
El reclamo del miembro del Fonac ha sido dirigido específicamente a la Comisión Interventora de Invest-H y a la Secretaría de Salud, para que lo antes posible garanticen que los recursos invertidos en esta pandemia tengan un impacto positivo en la gente, 'eso solamente se traduce en poner en funcionamiento estos hospitales móviles y prestar servicios de óptima calidad a la gente”.
Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras fuentes, en la compra de los siete hospitales móviles hubo corrupción. Además, en los primeros dos nosocomios, que permanecieron varias semanas en la Empresa Nacional Portuaria, de Puerto Cortés, se comprobó que algunos aparatos y equipos venían usados o vencidos, por lo que el Ministerio Público inició una investigación que está en curso.
De los otros cinco hospitales móviles, dos llegaron en octubre y los últimos tres en noviembre de 2020, pero ninguno está funcionando, y en lo que respecta al de Tegucigalpa, está operando a medias. Diversas fuentes coinciden en señalar que la irregular compra de los nosocomios móviles es un ejemplo más de la corrupción que sigue campeando en Honduras.
Al respecto, el Gobierno hondureño ha reiterado que la transparencia debe ser la función pública número uno de todos los funcionarios, y que si hubo o no sobrevaloración en la compra, los organismos contralores del Estado, el Ministerio Público y otros entes que se dedican a la investigación, deben rendir un informe una vez que terminen sus investigaciones para deducir las respectivas responsabilidades.
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