San Pedro Sula, Honduras.
El abogado constitucionalista
Juan Carlos Barrientos concluyó que esta pandemia en su primer año ha sido 'mal manejada debido a los actos de corrupción, sobre todo el tema de los hospitales móviles, superando incluso al saqueo del Seguro Social'.
El economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH)
Hugo Noé Pino lamentó también el 'mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno, no hay motivos que justifiquen dejar fuera de las compras a sectores que sí saben de esto, tal es el caso de los hospitales móviles y las adquisiciones de Copeco'.
En agosto de 2019
Gabriel Rubí asumía la titularidad de de la Comisión Permanente de Contingencias (
Copeco), institución que meses después alcanzó protagonismo por su nivel de importancia para atender la crisis sanitaria en el país.
Marco Antonio Bográn, abogado de profesión y quien fue director durante nueve años de Inversión Estratégica Honduras (
Invest-H), pasa por un proceso judicial ante la justicia hondureña. El exfuncionario fue señalado por supuestas irregularidades en la compra de siete hospitales móviles adquiridos en Turquía por casi 48 millones de dólares para mitigar la emergencia del covid-19 en Honduras.
El 5 de octubre de 2020, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturaron en Tegucigalpa al
exadministrador del mismo ente,
Alex Alberto Moraes Girón, sospecho del delito de malversación de caudales públicos.
El 10 de septiembre de 2020, el canciller hondureño y nombrado comisionado especial para la atención de la pandemia de covid-19,
Lisandro Rosales, brindó
declaraciones ante fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
Alba Consuelo Flores, en su condición de ministra de la
Secretaría de Salud, recibió en julio de 2020 al personal del Ministerio Público (MP) para rendir declaraciones acerca de la compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia que afecta el país.
En julio de 2020, el Gobierno nombró una Comisión Interventora para dirigir Invest-H, particularmente el caso de los hospitales móviles, integrada por
José Ernesto Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM),
José Gustavo Boquín Suárez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y también
José Alberto Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (Firsa).
El
Maíz, que consiste en suministrar a los pacientes con el virus que están aislados en casa, usando fármacos como microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, se aplica en la etapa primaria de la enfermedad para reducir la carga viral en los pacientes positivos por la enfermedad.
El médico internista y dermatólogo del hospital Mario Catarino Rivas,
Cándido Mejía, quien murió en 2021 por covid-19, propuso en su momento un
tratamiento domiciliario con varios medicamentos para tratar a pacientes afectados con el virus en la primera y segunda fase de la enfermedad.
El enorme flujo de información sobre el coronavirus provocó mucha ansiedad entre los hondureños durante el 2020. En vista de ello, el Colegio de Psicólogos de Honduras (
CPH) e incluso psicólogos privados y psiquiatras se pusieron a disposición para brindar
atención psicológica gratis a los hondureños.
Doctores, enfermeras, enfermeros, policías, personal de aseo, guardias de seguridad, medios de comunicación, paramédicos, microbiólogos, entre otros,
han formando un papel protagónico en esta pandemia pese al elevado nivel de exposición y las carencias que han tenido. A la fecha, más de 70 médicos, más de 30 enfermeras y enfermeros, así como otros sectores de la primera línea desde distintos espacios, han ofrendado su vida en la lucha contra la pandemia del covid-.19.
'Pueblo hondureño, el Gobierno de Honduras informa a la población que el covid-19 ha afectado a más de 100 países, como lo habíamos anticipado y pese a las medidas, esperábamos que llegara en cualquier momento', anunciaba mediante una comparecencia de prensa la ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, el 11 de marzo de 2020.
Hoy se cumple exactamente un año desde que se reportaron los primeros dos casos de covid-19 en Honduras, dejando a la fecha 4,301 muertos.
El número uno fue de una hondureña de 42 años en estado de gestación, quien ingresó asintomática al país el 4 de marzo de 2020 vía aérea por el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, en un vuelo procedente de España. El caso número dos es de una hondureña de 37 años, quien entró al país en fecha 5 de marzo de 2020 vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza.
La pandemia ha traído consigo una combinación de luto, impotencia y dolor por personal sanitario y civiles que perdieron la vida a causa del covid-19. Un selector grupo de funcionarios cuya misión era trabajar con transparencia y eficiencia durante la emergencia sanitaria, conforme fueron pasando los meses se convirtieron en los villanos de la pandemia en debido a que sus nombres salieron a la luz pública por presuntos actos de corrupción y mal manejo de la crisis.
 Abogado Juan Carlos Barrientos
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Lamentó que el Ministerio Público no actúe con rapidez en esta emergencia sanitaria contra los señalados, 'van dejando pasar el tiempo y los delitos por los cuales acusan a Marco Bográn y a los demás son insignificantes, por eso no se sabe cuándo va a terminar todo esto', dijo. Barrientos cree que las vacunas van a llegar al país a finales de este año, pues considera que no hay eficiencia por parte de las autoridades de Gobierno, ejemplificando así a El Salvador, Costa Rica y Nicargua, países que ya están en las jornadas de vacunación contra el covid-19.
Tras el primero año de la pandemia en Honduras, Barrientos propuso desaparecer a Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) y que retorne con dichas funciones la Secretaría de Salud, donde además, según él, no debe seguir en el cargo la actual ministra Alba Consuelo Flores, sino más bien un especilsita en salud píublica.
También recomendó desaparecer el nombrado Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), pues asegura que allí sólo hay 'burocracia', al tiempo que pidió fortalecer un departamento de especialistas para la toma de decisiones.
 Economista Hugo Noé Pino
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Pino aseguró que pareciera que existe una carrera por usar los fondos públicos sin transparencia, lo que califica como 'dañino' en el marco de una crisis económica y social como la que enfrenta Honduras.
'No se puede jugar con los intereses de un país cuya salud requiere de la vacuna para evitar masivos contagios y cuya economía necesita que la población se movilice sin temor para recuperarse', exteriorizó.
Villanos de la pandemia:
 Gabriel Rubí, extitular de la Copeco.
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Poco a poco se fueron dilusidando informaciones de presuntas irregularidades de Copeco, a la cabeza Gabriel Rubí, sobre las adquisiciones. El primer aviso del presunto mal manejo de fondos se dio a mediados de abril de 2020 cuando se hizo pública la compra de televisores, mesas de comedor, percoladoras, dispensadores de agua, camas, sillas y mesas plegables a precios más altos de los comercializados en el mercado. La compra desató un amplio debate tras publicarse las facturas originales en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas con valores diferentes a los contrastados por la población y organizaciones de la sociedad civil.
El entonces titular de Copeco justificó que la adquisición del mobiliario estaba destinado para las unidades de aislamiento adonde se daría tratamiento a los pacientes infectados con covid-19. Ante los reiterados cuestionamientos, Casa Presidencial ordenó el 14 de abril la suspensión del director financiero de Copeco, Cristian Elías Santelli, y el restante personal que estuvieron involucrados en el envío de la información a la Secretaría de Finanzas.
Ocho días después, el 21 de abril, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) presentó un informe de auditoría que reveló inconsistencias en la emisión de al menos 17 cheques por un valor de 16 millones de lempiras en compras realizadas por Copeco. Horas después de presentado este informe, el Poder Ejecutivo publicó un comunicado en el que anunciaba la salida de Rubí como titular de Sinager y Copeco y en su lugar designó al general Carlos Cordero, quien posteriormente fue movido del cargo para colocar finalmente a Max González, un exreguetonero hondureño.
El MP abrió una investigación por este caso, también por la compra del hospital móvil y una unidad de aislamiento en el municipio de Villanueva que costó 5.5 millones de lempiras. Una investigación de LA PRENSA reveló que esta compra estuvo plagada de irregularidades: no hubo un estudio técnico ni científico previo, existió fraccionamiento de la compra, no hubo registro de cotizaciones con otras empresas e incumplimiento de normas legales que avalaran la adquisición.
 Marco Bográn, exdirector de Invest-H.
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Este caso empezó a tomar forma entre los meses de marzo y abril de 2020, cuando Marco Bográn firmó órdenes de compra de las propuestas que le presentó el guatemalateco-estadounidense Axel López, representante de la empresa Elmed Medical Sistem, con sede en Orlando, Florida. Marco Bográn tomó la decisión de que la entidad pagara por adelantado el 100% de los hospitales móviles bajo la modalidad “llave en mano”.
La documentación emitida por Axel López no señalaba tiempo exacto de entrega de los primeros dos hospitales, muchos menos de los otros cinco, pero sí indicaba una estimación, es decir, entre 45 y 55 días, sin embargo, terminaron llegando al país 112 días después, incurriendo en un atraso que significó cientos de personas contagiadas necesitando asistencia médica y mucho dolor por la escalada paulatina de muertes ante la enfermedad.
El 23 de junio de ese año, Marco Bográn fue citado a rendir informe ante un grupo de diputados del Congreso Nacional para que explicara de manera minuciosa cómo se invirtieron los fondos aprobados para la emergencia en el país. En ese mismo mes, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) madrugó en un operativo para ir a la vivienda de Marco Bográn y ordenarle declarara por la polémica compra de los hospitales. La presión fue aumentando al extremo que el funcionario quedó fuera de la institución el 27 de junio.
No todo terminó allí, después de eso las autoridades comenzaron a llegar en fechas distintas y de manera sorpresiva a las oficinas de la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Invest-H y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) para buscar documentación que le sirviese de respaldo en las investigaciones. Invest-H también pagó 72 millones de lempiras en la construcción y supervisión de los siete planteles de los hospitales y L20.6 millones en transporte, viáticos y consultorías. Los cinco planteles son en San Pedro Sula; Tegucigalpa; en Juticalpa, Olancho; La Ceiba, Atlántida; Santa Rosa, Copán; Choluteca, Choluteca; Danlí, El Paraíso.
El 5 de octubre, el Ministerio Público (MP) emitió un requerimiento contra Marco Bográn, con solicitud de orden de captura por presunta malversación de caudales públicos. La Fiscalía estableció que en marzo de ese año, cinco funcionarios de Invest-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades adonde estarían instalados los hospitales móviles comprados a Turquía. Según el informe, al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que serían alojados por 15 días, con todos los gastos pagados en un hotel de Tegucigalpa, como parte de los protocolos de bioseguridad que se establecieron por la pandemia. Los fondos que se utilizaron para el pago del hotel eran parte del presupuesto de la Unidad de Infraestructura Vial, que desembolsó la cantidad de 101,199 lempiras.
El 6 de octubre la Fiscalía y la Atic presentaron el segundo requerimiento fiscal contra Marco Bográn Corrales por el supuesto delito de violación a los deberes de los funcionarios, por haber otorgado un contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn. De acuerdo con las investigaciones, Bográn sin haber sometido a aprobación otorgó a la empresa CINSA (en donde su tío es socio propietario), la supervisión de una obra donde se construiría el plantel en Santa Rosa de Copan, donde funcionaría el hospital móvil. El monto del contrato es de 1,200,000 lempiras, dinero que fue pagado incluso a pesar de que la construcción no había concluido.
El 8 de octubre se informó que un juez dictó un auto de formal procesamiento durante la audiencia inicial contra el Marco Bográn, quien hasta la fecha está bajo la vigilancia de sus apoderados legales y tiene prohibido salir del país, acercarse a las instalaciones de Invest-H y comunicarse con su empleados.
 Alex Moraes, exadministrador de Invest-H.
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El Ministerio Público detalló en un comunicado que en marzo de 2020 cinco funcionarios de Invest-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados a Turquía. Al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que por 15 días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de lujo, argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de covid-19, gastándose del presupuesto de Infraestructura Vial la cantidad de 101,199.40 lempiras.
Fue así que las investigaciones determinaron que tanto Bográn como Moraes Girón 'efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia sino para hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de Invest-H en un hotel de lujo.
El 8 de octubre, al igual que Marco Bográn, a Alex Moraes le permitieron defenderse en libertad y con las mismas medidas: no salir del país y no tener contacto con Invest-H ni sus empleados.
 Canciller hondureño Lisandro Rosales.
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Los investigadores llegaron a las instalaciones de la Cancillería, donde Rosales los esperaba en compañía de su apoderada legal Doris Imelda Madrid para dar información sobre la compra de 129 ventiladores mecánicos, 140 respiradores mecánicos y 90 succionadores que el Estado adquirió en marzo para la emergencia por el covid-19 y por los que el Estado pagó 47.5 millones de lempiras. El funcionario afirmó que eran las instituciones encargadas las que debían presentar una justificación del por qué se hizo una adquisición en la emergencia, porque los procesos tienen que cumplir con los requerimientos de ley necesarios. “Yo no autorizo compras, autorizo procesos”, dijo el comisionado Rosales.
 Ministra Alba Consuelo Flores.
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El interrogatorio por parte del Ministerio Público se relacionó con las supuestas irregularidades en la adquisición de equipo médico y de los siete hospitales móviles, de los cuales solo habían llegado dos hasta ese momento: el de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Alba Consuelo Flores explicó que la institución solamente preparó las solicitudes para mitigar la emergencia, ya que desde el mes de enero llevaron a cabo una proyección de la enfermedad. A raíz de eso determinaron contratar equipo de recurso humano para trabajar en las oficinas sanitarias.
La Secretaría de Salud, cuya dependencia está al mando de Alba Consuelo Flores, ha recibido múltiples cuesitonamientos por los diferentes sectores: dotación insuficientes de insumos para que los pacientes contagiados de covid-19 reciban una adecuada asistencia médica, poco material de bioseguridad para el personal sanitario en primera línea contra la pandemia, quienes en reiteradas ocasiones han realizado plantones en las afueras de los hospitales demandando mayor atención a su servicio.
De igual manera, los estudiantes de Medicina que realizan su internado y servicio social en los diferentes hospitales y centros de salud, han denunciado que Salud no les provee el equipo necesario, lo que los expone ante el virus, incluso, aseguraron que los han hecho firmar para evitar responsabilidades en caso de contagiarse. Por otro lado, el personal sanitario que atiende la pandemia ha denunciando a la ministra de Salud de no avanzar con el tema de la permanencia de aquellos que aún estaban trabajando por contrato, asimismo, lementaron que hayan atrasos de meses en concepto del pago de salarios pese al sacrificio y esfuerzo que están haciendo en la lucha contra la enfermedad.
ATambién ha quedado evidenciado el mal manejo de la crisis sanitaria en el aspecto de las vacunas anticovid a través del mecanismo Covax, ya que la Secretaría de Salud postergó constantemente las fechas aproximadas de llegada al país, mientras críticos del sistema hacen hincapié que este es el resultado de solo atenerse a donaciones y no gestionar compras directas desde un inicio.
 Integrantes de la Comisión Interventora de Invest-H.
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En la planilla se consigna que cada interventor tiene asignado un estipendio bruto de 207,944.85 lempiras mensuales, para hacer un total de 623,834.55 lempiras al mes entre los tres. Con las deducciones respectivas, a cada uno les queda un sueldo neto de 167,892.39 lempiras.
La misión que tenía la nombrada interventora era buscar la continuidad y cumplimiento de los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de infraestructura vial. La esperanza de la población con relación a este nombramiento para la pronta intalación de los hospitales móviles se fue disolviendo, ya que hasta la fecha poco o nada se ha hecho para que estos puedan operar.
Héroes de la pandemia:
 Doctores Fernando Valerio, Miguel Sierra y Óscar Díaz.
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Mientras que Catracho, el cual establece antivirales, antiinflamatorios, anticoagulantes, terapia de sistema con alto flujo de oxígeno y que el paciente se acueste boca abajo entre 12 y 16 horas diarias para mejorar la oxigenación de la parte posterior de los pulmones, es aplicado a pacientes que están hospitalizados.
Alrededor de la creación de este tratamiento contra el coronavirus figuran coinvestigadores profesionales de la salud hondureña: Emilio Barrueto, Ronald Cardona, David Cortés, Luis Enamorado (ya fallecido), José Luis García, Diego Paz, Héctor Pineda, Wálter Rodríguez, Marcelino Vásquez y Allan Zel. En septiembre de 2020, en una histórica presentación de la medicina hondureña, el doctor Fernando Valerio expuso en un congreso virtual en Basilea, Suiza, sobre cómo se había logrado bajar la incidencia y mortalidad del covid-19 en el país gracias a su aplicación a un sinnúmero de pacientes afectados por el virus. Este congreso inició el 23 de septiembre y finalizó el 25, presentándose más de 30,000 ensayos clínicos, y fue organizado por la Asociación Mundial de Infectología y Microbiología Clínica, poniendo a Honduras muy en alto en todo el mundo.
 Doctor Cándido Mejía.
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Este protocolo propuesto por el especialista hondureño resultó exitoso para miles de pacientes de Honduras, Estados Unidos, Europa y Asia que se contagiaron. El tratamiento consistía en la mezcla de diversos fármacos para tratar a los pacientes de manera ambulatoria y así evitar que ingresaran al hospital. El galeno expuso en su momento que la propuesta del tratamiento era crear un protocolo temprano, preventivo domiciliar, comunitario para pacientes con covid19 y personal de riesgo.
Se trataba de un protocolo para aplicar en las primeras fases de la enfermedad en casos leves, personas sospechosas, personal de riesgo y pacientes asintomáticos. Este tratamiento era basado en su experiencia clínica como médico con las especialidades de dermatología y medicina interna.
El 3 de febrero de 2021 se informó de la muerte por covid-19 del doctor Cándido Mejía en una unidad de cuidados intensivos, su deceso provocó impacto y consternación en la población hondureña debido a su don de servicio y por ser uno de los mejores médicos del país.
 Imagen ilustrativa de una psicóloga atendiendo desde casa. Foto Google
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Desde mediados de 2020 se ha brindado asistencia a través de Whatsapp, correo y otras vías de comunicación donde los hondureños pueden realizar sus consultas a espertos para controlar su nivel de ansiedad y estrés ante la pandemia y el confinamiento. El trabajo consiste en orientar y darle seguimiento a cada caso sin costo alguno, lo que ha sido verdaderamente beneficioso en pro de la salud mental.
 Imagen de archivo de personal sanitario atendiendo la pandemia.
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Pese a las dificultades existentes, nunca han abandonado sus puestos de trabajo, más sí han creído en su vocación de servirle a los demás aún sabiendo que en cualquier momento eso les puede costar su vida. Mientras muchos duermen, el personal sanitario está vigilante, siente en mismo pánico, la misma ansiedad y el mismo dolor que los pacientes, ellos han cumplido un papel crucial en esta batalla y ser fuertes es la única opción.
A un año de la pandemia, vivimos en una Honduras donde los héroes no llevan capa, pero sí mascarillas y protectores faciales, protegen la vida de quienes dan la vida, escuchan los gritos distantes de ayuda y brindan apoyo a mujeres y niñas necesitadas. Todos ellos son sobrehumanos en su perseverancia y compasión, y en su esperanza de que, juntos, podamos lograr un mundo mejor para todos.
Al describir a héroes se nos vienen a la mente personajes de ficción o nombres épicos y famosos en el mundo, con hazañas y superpoderes que ya sea les permiten volar, esquivar balas o viajar en el tiempo, pero esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que los héroes son hombres y mujeres que viven entre el anonimato, no son inmortales ni tienen superpoderes, pero viven su vocación y cumplen con lo que una vez prometieron durante su juramento hipocrático: 'Hacer de la salud y de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones'.
