Las mujeres y hombres que llegan al otoño e invierno de sus vidas, por lo general, deben hacer frente a condiciones no favorables al desarrollo humano pleno, por cuanto la pobreza y la extrema pobreza militan en contra de una existencia digna. De hecho, experimentan tasas superiores a las del resto de la población respecto a los ingresos percibidos para enfrentar el creciente costo de vida.
Adicionalmente, no todas y todos conocen el contenido de la Ley de Protección al Adulto Mayor y Jubilados y la reforma por adición al artículo 31 de la normativa incluida en el Decreto 199-2006, que les concede rebajas en alimentos, medicamentos, servicios, pago de facturas por suministro de energía eléctrica y agua potable brindados por empresas públicas, privadas o de capital mixto, del 35% hasta el 40% a quienes son mayores de 80 años, al momento de realizar pagos, independientemente del monto mensual facturado.
Similar descuento es aplicable en el impuesto de salida por servicios aeroportuarios, pago del impuesto sobre bienes inmuebles y servicios de comunicación (telefonía fija, móvil e internet) prestados por empresas públicas, privadas o mixtas.
Sobre todo en la población adulta mayor residente en áreas rurales, se experimenta un mayor grado de vulnerabilidad y exclusión en razón de la migración interna y externa de sus hijos (as), incrementando sus responsabilidades en el cuidado de menores de edad.
De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en más de un millón de hogares hondureños residen personas mayores de 60 años, que requieren de atención especializada en razón de su edad e ingresos percibidos.
Aquellos (as) que laboran en el sector informal de la economía carecen de un nivel organizativo necesario para la defensa de sus demandas específicas, lo que los coloca en situación de marginalidad respecto a las políticas sociales.
Es necesario contar con una estrategia de promoción y divulgación de los derechos humanos de la población adulta mayor, urbana y rural, al igual que contar con acceso a la seguridad social en condiciones de igualdad, equidad y eficiencia, lo que sería facilitado con la prestación gratuita de servicios legales para aquellas personas de la tercera y cuarta edad en condición de vulnerabilidad.
La creación de la carrera de Gerontología por parte de las universidades estatales y privadas permitiría contar con el recurso humano debidamente preparado y calificado para atender las necesidades y requerimientos de quienes lograron remontar la segunda edad para acceder a la tercera y cuarta edades, en el crepúsculo de su existir.
Las experiencias vividas por quienes tienen la fortuna de alcanzar la tercera y cuarta edad han acumulado suficiente sabiduría y lecciones de vida que, de ser escuchadas por quienes les anteceden cronológicamente, constituyen un aprendizaje de conocimientos y vivencias acumuladas a lo largo de las décadas, que deben servir, con los aciertos y errores practicados, para asimilar los primeros y descartar los segundos.
Ellas y ellos son nuestras madres, padres, abuelas y abuelos, merecedores de cariño, ternura y solidaridad.
