Sentimientos de impotencia y frustración afectan a las familias que de un día para otro presencian la expropiación de sus hogares, que con múltiples sacrificios erigieron o adquirieron, para que bandas delictivas les concedan plazos perentorios para desalojarlas, caso contrario, las familias afectadas son objeto de diversas represalias violentas.
¿Hacia dónde dirigirse y reubicarse? Tal el dilema existencial al que deben hacer frente los expulsados. El volver a empezar se torna altamente incierto y precario.
Factores tales como el elevado déficit habitacional, los altos costos de los alquileres, la limitada capacidad económica militan en contra de los desamparados.
Es en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán en donde ocurre un mayor número de expulsiones, particularmente en la capital y San Pedro Sula.
Las cifras recién divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, contando con la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos, son por demás dramáticas: más de 423,000 compatriotas sufren desplazamientos forzados, cuando menos una quinta parte de las personas internamente desplazadas no ha retornado a su lugar de origen, aproximadamente una tercera parte de los desplazados son jefes de hogar, el 45% del total se encuentran en condición de pobreza extrema, al 2004 el 4.5% de hondureños fueron obligados a cambiar de vivienda al no sentirse seguros en su barrio o colonia. Pronto podrá haber medio millón de hondureños desplazados de manera forzada en su patria, las autoridades incapaces de ofrecerles adecuada y pronta protección en sus vidas y haberes.
Cifras que son reflejo de la inseguridad imperante que afecta sobre todo a la población históricamente marginada y excluida del desarrollo humano sostenible y del crecimiento económico.
El hecho de haber logrado cuantificar este abuso violatorio de un derecho humano básico representa un avance para comprender más integralmente la magnitud y evolución de tal problemática, de acuerdo con la representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Katryn Lo.
Entre las recomendaciones formuladas se encuentran el consolidar el Sistema Nacional de Respuesta, avanzar en la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado, ampliar la cobertura en protección comunitaria, promoción de espacios seguros y oportunidades para la niñez y juventud, proporcionar atención diferenciada para quienes enfrentan mayores riesgos, proteger los derechos sobre vivienda, tierra y propiedades.
Mientras ello ocurre, persiste y se profundiza la zozobra cotidiana, la incertidumbre ante lo inesperado, el terror paralizante, que desgastan cuerpos, mentes, voluntades. Escapar antes que las amenazas se concreten: así se resume la huida del techo y las paredes que durante años los resguardaron de la intemperie.
¿Podrán eventualmente retornar o deberán adaptarse como mejor puedan a las nuevas e inciertas realidades? ¿Por cuanto tiempo?, ¿indefinidamente?
