Dos damas, compañeras de labores en la cada vez más peligrosa profesión y ejercicio periodístico han recibido acosos e intimidaciones, ambas candidatas a cargos de elección popular por un partido político opositor. Nos referimos a Yuam Pravia, periodista y candidata a vicealcalde residente en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios. Su vivienda, en donde permanecían tres de sus hijas, menores de edad, fue incendiada, poniendo en riesgo la vida de las niñas. Gracias a la oportuna acción de sus vecinos las llamas fueron sofocadas.
Tanto el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como la diputada Erika Urtecho condenaron tan criminal accionar, que pudo haber resultado en consecuencias trágicas.
En la capital, la periodista y candidata a diputada Saraí Espinal ha denunciado el hostigamiento en su contra, acusando de tal accionar al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, como autor intelectual, en represalia por denuncias públicas formuladas por coaccionar a medios de comunicación con el fin de que revelen sus fuentes de información. Ha presentado denuncia ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) solicitando la solidaridad nacional e internacional.
Una de las misiones de la prensa independiente y crítica es la fiscalización del poder público, cuando son vulnerados derechos constitucionales, el desempeño irregular de funcionarios e instituciones, la ausencia en el obligado rendimiento de cuentas.
Ese ineludible compromiso profesional y ético concita la ira del oficialismo, que sataniza y percibe como enemigos a quienes cumplimos a diario con la labor informativa.
La violencia física, presiones, amenazas, intimidación, descalificación negativa de acceso a las fuentes oficiales,
utilización de medios oficiales como instrumentos de propaganda partidaria, uso de presiones económicas en contra de los empresarios de medios, mediante la publicidad estatal y políticas tributarias y aduaneras, cancelación de licencias para la operación de medios electrónicos, promulgación de legislación para controlar e incidir sobre los contenidos de prensa y asesinatos ha impactado directamente a diversos compañeros y compañeras particularmente en las últimas décadas, en una “guerra mediática” que socava los fundamentos mismos de la libertad de prensa, propias de regímenes dictatoriales que Honduras ha conocido en carne propia.
