Con “tranquilidad y democráticamente” concluyó, según el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, el largo proceso de integración de la nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros tienen ante sí retos descomunales como disminuir significativamente la mora judicial, eliminar los colores en la aplicación de justicia y aligerar la actividad en todas las instancias con la cooperación eficiente de los demás operadores de justicia. Las presiones políticas de estas últimas semanas se prolongarán, solapadamente, en las labores de los próximos siete años.
Las confrontaciones, algunas personales, no afectarán el normal desenvolvimiento de la actividad legislativa, pues como señalamos en el editorial de ayer, “tras la tempestad llega la calma”, y como anteriormente dijimos “comen en el mismo plato”.
Las fricciones más fuertes han echado chispas en los dos partidos de oposición, cuyos dirigentes, en consenso o sin consenso, intentaron imponer el dogma del no a la planilla de los dos partidos tradicionales. También ellos habrán de aprender de la experiencia para que la intransigencia, la intolerancia, no sean los baluartes en los que se refugien, apelando a su condición de víctimas.
El mayor desgaste por la polémica directa que rebasó lo interno de la institución lo presenta el Partido Anticorrupción, cuyos miembros habrán de reflexionar con serenidad sobre el proceso, con cuya experiencia puede y debe marcar una ruta propia acorde con la naturaleza de las instituciones políticas, expresada en acercamiento, negociaciones y diálogo para una buena “técnica en el Gobierno de la polis”. La ambición de poder ciega cuando se alza una bandera como la única insignia de la decencia, de la honestidad, de lo bueno y del exclusivo interés valedero y puro por los hondureños.
En ocasiones anteriores, en un abrir y cerrar de ojos, en el día y casi a la hora señalada se elegían los magistrados, se juramentaban y se nombraba el presidente. El nuevo escenario con más fuerzas políticas ha obligado a un proceso inédito, nada extraordinario, sino ajustado a la legalidad y a la libertad en el sistema democrático. No al gusto de algunos, normal en toda decisión, pero será mucho más importante que el celo mostrado en el proceso se traslade para observar con detalle, desde el mismo Congreso y de la sociedad civil, el desempeño diario de la Corte.
Como señala la expresión bíblica, hay “sed de justicia”, la que habrá de ser apagada con actuaciones diligentes y resoluciones apegadas a la ley.
