La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha advertido con un sentido de urgencia que “Honduras enfrenta un serio retroceso en la cobertura educativa”, al pasar de 70% de estudiantes dentro del sistema, en 2014, a 63% en 2025, lo que implica que aproximadamente 1.1 millones de escolares y colegiales permanecen fuera del sistema, lo que “podría agravarse de no implementarse medidas urgentes para reincorporarlos”. Por su parte, el presidente Nasry Asfura declaró que cerca de un millón de jóvenes ni estudian ni trabajan.
El colega diario El Heraldo reporta que más de 261,000 compatriotas menores de edad se encuentran desempeñando actividades laborales, cuando deberían estar asistiendo a las aulas para su formación educativa integral. Si en 2023, el Instituto Nacional de Estadística estimaba que 225,000 menores trabajaban, para 2024 la cifra se incrementó a 249,000 y en 2025 a 261,000.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en el documento intitulado “Propuesta de lineamientos de corto plazo para el desarrollo integral de Honduras (2024)”, concluía que la calidad de la educación se había deteriorado “puesto que una cantidad considerable de niños y jóvenes no logran desarrollar las habilidades básicas ni adquirir los conocimientos correspondientes que aseguren su aprendizaje futuro”.
Ivette Argueta, ministra de Educación, ha revelado la existencia de personal supernumerario al interior del sistema educativo público, mismo que está siendo removido al no justificar su nombramiento por el gobierno anterior.
En tanto, la ASJ detalla otros casos de corrupción promovidos desde la Secretaria de Educación durante la gestión anterior: pagos a personas ya fallecidas o con duplicidad de plazas, docentes que no se encuentran trabajando en escuelas o colegios a ellos (as) asignados (as), por lo que exige el irrestricto acceso a la información pertinente, más la publicación de las planillas de todo el personal que recibe salario del Estado en el sector educativo, implementando mecanismos de monitoreo ciudadano y auditorías técnicas independientes a efecto de detectar y corregir irregularidades.
Recientemente, las y los maestros que trabajan en escuelas y colegios públicos recibieron incremento salarial, el mismo que debe estar acompañado de evaluaciones periódicas respecto a su desempeño, para determinar el grado de eficiencia en la utilización de metodologías pedagógicas actualizadas que, descartando la tradicional repetición y memorización de contenidos, hagan posible el desarrollo integral del educando.
Además, se plantea la necesidad de que existan programas de estudio poseedores de contenidos relevantes y pertinentes, vinculados con las necesidades laborales de las respectivas comunidades en donde se localizan dichos centros.
Las millonarias sumas anualmente asignadas al sistema educativo nacional deben procurar el aumento y aprovechamiento de los recursos públicos destinados a tal sector, con el objetivo de recuperar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.
Asimismo, se busca impulsar la mejora en la calidad de la docencia y el fortalecimiento de los sistemas de educación no formal que permitan a los jóvenes desarrollar habilidades y competencias necesarias para su realización profesional y, consecuentemente, el desarrollo del país.
