A un conglomerado humano enfermo y desnutrido, excluido de la cobertura sanitaria estatal, no se le puede exigir resultados óptimos en su rendimiento laboral, tampoco en los niveles de productividad.
De igual manera, si carece de conocimientos educacionales y técnicos esenciales, no es racional demandarlos, por cuanto los resultados obtenidos no serán satisfactorios. Es por ello que el Gobierno entrante debe proceder a una reingeniería en ambas áreas, vitales para el desarrollo humano y el crecimiento económico.
En lo sanitario, se debe actualizar el modelo implementado por el médico Enrique Aguilar Cerrato cuando tuvo a su cargo la Secretaría de Salud Pública, que descentralizó el funcionamiento y la administración de centros de salud a lo largo y ancho del territorio nacional en lo que respecta a la atención de pacientes, antes de ser remitidos, cuando el caso lo requería, a hospitales de los principales centros urbanos, lo que fue positivamente evaluado por la Organización Panamericana de la Salud.
En dicho ministerio debe nombrarse a un profesional con habilidades gerenciales y capacidad ejecutiva, que logre desmantelar las redes de corrupción a lo interno —en alianza con cómplices externos— que manipulan las licitaciones para favorecer a determinadas empresas, obteniendo con ello jugosas ganancias, enquistadas desde hace décadas en tal dependencia.
Las relaciones con el personal médico y de enfermería deben ser armoniosas y no confrontativas, como ha sucedido actualmente, provocando ingobernabilidad y acumulación de tensiones.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social se encuentra virtualmente colapsado en su administración e infraestructura, lo mismo que el sistema hospitalario, lo que requiere de su radical reorganización, incluyendo el alza en los techos de cotización tanto de los patronos como de los usuarios.
Aquellos hospitales cuya construcción se encuentra a medias deben ser concluidos por el nuevo régimen que asumirá el poder el 27 de enero.
La Secretaría de Educación, pese al nombramiento de un dirigente magisterial, no ha sido capaz de renovar y actualizar los programas de estudio en sus distintos niveles, con carencias y limitantes de todo tipo: desde centros educativos deteriorados, inseguridad para alumnos y docentes, contenidos curriculares desfasados e irrelevantes para los requerimientos pedagógicos actuales, eminentemente teóricos, con metodologías de enseñanza-aprendizaje arcaicas, retrasos crónicos en el pago de salarios y favoritismos en los concursos para optar a plazas.
Tales condiciones sanitarias y educativas no pueden continuar vigentes si se desea contar con un recurso humano liberado de enfermedades prevenibles y de las tinieblas de la ignorancia y el analfabetismo funcional.
