Pese a que el sector educación recibe prioridad en las partidas presupuestarias del Estado, los resultados obtenidos se quedan cortos respecto a la calidad de los egresados del sistema público, en sus distintos niveles y, consiguientemente, en el recurso humano que tendrá a su cargo el desarrollo sostenible y crecimiento económico de la nación. Múltiples investigaciones y diagnósticos han sido elaborados tanto por la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma y, en su momento, también por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos. Coinciden en detectar debilidades que no han podido ser superadas y persisten de generación en generación, con limitantes en el mercado laboral, cada vez más exigente y competitivo respecto a habilidades y destrezas adquiridas. Quienes no reúnen requisitos mínimos exigidos por la empresa privada ingresan a las filas del subempleo o el desempleo abierto.
Deficiencias en el desempeño educativo, notorias brechas de desigualdad entre los sectores urbanos y rurales, métodos de enseñanza-aprendizaje desfasados que priorizan la memorización de contenidos -muchos ya obsoletos- antes que el desarrollo del espíritu analítico, crítico y propositivo entre el estudiantado, bajo desempeño en las asignaturas de Español y Matemáticas, escuelas unidocentes y bidocentes, particularmente en zonas despobladas del campo, lo que significa rendimientos escolares por debajo de los centros educativos citadinos, contenidos curriculares que no se adecuan a las necesidades específicas de las comunidades en donde se ubican escuelas, colegios, centros regionales de universidades.
La capacitación permanente de docentes, en sus distintos niveles, sobre todo en las nuevas tecnologías informáticas, ciencias exactas y ambientales, reviste carácter prioritario si se aspira a romper el círculo vicioso de las debilidades detectadas en el sistema educativo, los índices de pobreza, la marginalidad y la exclusión social. El nombramiento de dirigentes magisteriales como titulares en la Secretaría de Educación no ha dado ni las expectativas ni los resultados esperados en cuanto a la mejora cualitativa de este sector vital. De hecho, ha originado politización, favoritismos en la adjudicación de plazas, traslados, ascensos, nepotismo y sesgos ideológicos en la impartición de asignaturas humanísticas.
Los centros privados de enseñanza llevan ventajas sobre los públicos, sean o no bilingües, ya que no se ven afectados por paros y huelgas de maestros, frecuentes en escuelas y colegios públicos, aun cuando sus escalas salariales no superan a las devengadas por los mentores que laboran para el Estado. Se requiere de pedagogos sin vínculos con intereses particulares, sean estos de partidos políticos, credos religiosos, grupos de interés; es decir, profesionales en el exacto contenido del término, dedicados exclusivamente y a tiempo completo a la forja de una educación de calidad capaz de hacer frente a los retos que presenta el mundo y la vida en constante evolución.
Caso contrario, el estancamiento educativo dará paso al colapso del sistema, con el consiguiente impacto en las generaciones emergentes, que pronto reemplazarán a la actual en la conducción de nuestro país.
