Reviste carácter prioritario el renovar y ampliar el sistema electoral vigente a fin de perfeccionarlo, con ello consolidando el sistema democrático, que ha sido cuestionado por determinados partidos políticos por no ser suficientemente incluyente, al igual que la insatisfacción ciudadana respecto a su percepción de la confiabilidad, eficacia, credibilidad y legitimidad de los organismos a cargo del proceso eleccionario, poniendo en riesgo la gobernabilidad y estabilidad de nuestro país.
La despolitización de los órganos electorales y su integración, la cobertura equitativa de los candidatos en los medios de comunicación, la depuración permanente del censo electoral, la implementación de sistemas informáticos totalmente confiables para el acopio, transmisión y recepción de resultados en cargos de elección popular en sus tres niveles: presidencial, legislativo, municipal, son condiciones a tomar en cuenta en el proceso. También, la fiscalización al financiamiento de las campañas, el control de credenciales a los representantes para integrar las mesas electorales receptoras y su ciudadanización, la transcripción y verificación de las imágenes de las actas digitalizadas de cierre, la elección de diputados por distritos electorales, la compra de votos, la incitación a la violencia y la confrontación ante los resultados electorales.
Es imperativo garantizar la transparencia del Consejo Nacional Electoral en la toma de decisiones y en el manejo de su presupuesto, cumplimiento de los plazos de entrega, física y digital, en la divulgación de resultados y del Censo Nacional de Electores, previa a su depuración, auditar el pago de la deuda política a los distintos partidos, respaldar la ampliación de los observadores nacionales e internacionales antes, durante y después de las elecciones.
Otros aspectos a tener en cuenta son la segunda vuelta electoral o balotaje, introduciendo la mayoría absoluta, la deuda política, la pérdida de la personalidad jurídica de los partidos políticos, rendición de cuentas públicas de su gestión, permanencia en los cargos de las autoridades electorales y revocación de mandato por abuso de poder y/o extralimitación de sus funciones, el financiamiento otorgado por el Estado para el funcionamiento de los entes a cargo de la mecánica electoral, el fortalecimiento de la inclusión político-electoral de las mujeres, mayor participación e involucramiento ciudadano en las elecciones para contrarrestar el creciente abstencionismo, revelador de la pérdida de confianza colectiva en la confiabilidad y veracidad de los resultados electorales.
Estos cambios requieren de reformas constitucionales que ponen a prueba la anuencia o resistencia a las mismas por parte de los partidos políticos y sus respectivos legisladores en el Congreso Nacional, con intereses partidarios específicos que colocan por sobre el interés colectivo favorable a una mayor ciudadanización, profesionalización de los procesos electorales, al igual que su despartidización.
