Así calificó el abogado independiente German Leitzelar Hernández los distintos intentos provenientes del titular del Poder Legislativo y del Ministerio Público, Luis Redondo y Johel Zelaya, respectivamente.
En efecto, la convocatoria formulada por la espuria comisión permanente del Congreso Nacional a efecto de desconocer la declaratoria de resultados electorales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), único organismo facultado por la Constitución Política para el conteo de votos y divulgación de los resultados, en sus tres niveles, carece de legalidad.
La sesión convocada con tal propósito no contó con representación de los parlamentarios del bipartidismo, ni siquiera por la totalidad de la bancada de Libre, varios de sus integrantes no están de acuerdo con tal maniobra, que refleja la determinación de impedir ilícitamente la toma de posesión del candidato presidencial triunfante, Nasry Asfura Zablah.
Edmundo Orellana, ex fiscal general, es del criterio de que Redondo se ha extralimitado en sus funciones, asumiendo las que no le corresponden, con ello vulnerando el principio de legalidad.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado públicamente su preocupación por el actual tóxico panorama electoral hondureño, además de condenar la agresión física recibida por Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional, que puso en peligro su integridad.
Las maniobras -por demás desesperadas- para la ruptura del orden constitucional incluyen que el fiscal general actúe en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, por no haber realizado el conteo completo, voto por voto, en los tres niveles de elección: presidencial, diputados, municipal.
Todas estas iniciativas van en contra de lo expresado por la gran mayoría de electores el pasado 27 de noviembre, cuando concurrió a las urnas para, de manera democrática, manifestar su voluntad, favoreciendo a uno de los dos candidatos opositores y rechazando a la escogida por el oficialismo.
En vez de reconocer la voluntad ciudadana mayoritaria, acatando su decisión, se pretende desconocerla y anularla, lo que es propio de un sistema autoritario que se coloca de espaldas y en contra de sus propios compatriotas.
En la antesala del relevo de las actuales autoridades electas el pasado 2021 se revive la incertidumbre y el antagonismo presente desde las elecciones primarias y que se ha ido caldeando ante la intransigencia y postura ilícitas del presente régimen.
Se debe estar en estado de máxima alerta para impedir que se busque sabotear el orden constitucional, con ello dando vía libre al continuismo. Las Fuerzas Armadas, como garantes, deben igualmente frustrar cualquier intento de ruptura jurídica.
